El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado en un comunicado una actualización de la norma de calidad de la miel que obligará a que se indique en el etiquetado el origen u orígenes de este producto, una medida que los apicultores llevan más de una década demandando.
En un comunicado, el ministerio ha explicado que la nueva normativa quiere “aportar una mayor transparencia en la información que se ofrece a los ciudadanos sobre el origen de este producto” para atender “a una demanda de consumidores, sector apícola y distintas administraciones públicas que solicitan mayor claridad sobre el origen de la miel”.
Hasta ahora, la normativa europea solo obliga a los fabricantes a indicar si la miel procede o no de la Unión Europea, o sí contiene una mezcla de mieles europeas y no europeas, lo que da pie a etiquetar como “mezcla de mieles” un producto que solo tenga un 1% de miel comunitaria.
El nuevo reglamento, que el Gobierno planea aprobar mediante un real decreto antes de las próximas elecciones generales, obligará no solo a indicar el país de origen de la miel, sino también, en el caso de las mezclas de miel de distinta procedencia, a indicar el tanto por ciento que estos países suponen en la composición final.
Una normativa para perseguir la miel adulterada
El Gobierno quiere recoger con esta normativa el testigo de un informe del Parlamento Europeo, publicado hace justo un año, en el que se alertaba de que el 20 % de la miel que llega fuera de las fronteras comunitarias no cumple con los niveles exigidos.
La miel importada es de media 2,3 veces más barata que la que se produce dentro de la Unión
La miel, asegura el informe, es el tercer alimento más adulterado del mundo. Un fraude que afecta especialmente a España que es, junto a Rumanía y Hungría, el mayor productor de miel de Europa.
Como constaba este informe, la Unión importa aproximadamente el 40 % de la miel que utiliza al año. Y lo hace por puro ahorro. En 2015 la miel importada era de media 2,3 veces más barata que la miel producida dentro de la Unión, que importa aproximadamente 200.000 toneladas de miel al año, principalmente procedente de China.
Ángel Díaz, responsable de apicultura de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha compartido con Directo al Paladar su satisfacción con el borrador del Gobierno que, asegura, por fin recoge sus reivindicaciones.
“Ahora mismo no hay trazabilidad ninguna”, asegura Díaz. “Te llevas un producto a tu casa que solo sabes que es del planeta Tierra. Nosotros no estamos en contra de que se coma una u otra miel, pero queremos que los consumidores sepan si están comprando una miel que lleva un 70 % de miel china, 20 % de Nigeria y solo un 10 % de miel española. Es comestible, pero ¿qué carga social tiene esa miel?”
Los apicultores llevan un lustro promoviendo la compra de miel española, algo que sí indican a motu proprio los fabricantes en sus etiquetas, pero Díaz asegura que su producto ha sido expulsado de las grandes superficies: “Muchas cadenas han dejado de trabajar con nosotros para ganar más dinero. Solo han cambiado la miel nacional por las de otros países, dejando el mismo precio. El consumidor no ha ganado nada con el cambio. Comemos peor, pero pagamos lo mismo”.
La miel china se vende a 1,70 euros el kilo frente a los 2,20 euros de la española, cuyo coste de producción, asegura Díaz, es de 2,70 euros. Los apicultores, en definitiva, no paran de perder dinero. “Estamos en una situación dramática, con caídas de más del 50 % del precio al por mayor”, asegura el portavoz de COAG.
Una medida para evitar el fraude
El nuevo reglamento obligará además a incluir la mención “miel tratada con calor” en aquellas mieles que hayan sido sometidas a “un tratamiento térmico superior a los 45 grados centígrados”. Así mismo dará la oportunidad de emplear en la etiqueta del envase la mención voluntaria “obtenidas en frío” en el caso de aquellas mieles que “no han sido sometidas a un tratamiento térmico en ninguna de las fases de obtención o preparación”, que es el procedimiento que, asegura Díaz, emplean la mayor parte de los apicultores españoles.
A diferencia de lo que ocurre con otros productos, la pasteurización de la miel no es estrictamente necesaria. Como explica a Directo al Paladar la experta en seguridad alimentaria Beatriz Robles, la miel es un producto compuesto en su gran mayoría por azúcares y, por tanto, tiene una actividad de agua muy baja. “Si hay poca actividad de agua los microorganismos no se desarrollan bien, por lo tanto es un producto bastante seguro”, explica Robles.
La pasterización disminuye la riqueza aromática de la miel y permite camuflar su adulteramiento con otros azúcares
En la miel no pueden crecer bacterias, pero la pasteurización evita además la aparición de hongos, mohos o levaduras que, llegado el caso, también podrían formar micotoxinas. Pero, pese a que la pasteurización añade un plus de seguridad (y alarga la vida útil de un producto que ya de por sí aguanta años en buen estado), su principal objetivo en el caso de la miel es destruir las estructuras que favorecen su cristalización, permitiendo que ésta permanezca líquida durante más tiempo, una característica apreciada por los consumidores.
Muchos apicultores españoles denuncian, no obstante, que la pasteurización disminuye la riqueza aromática de la miel y, además, permite su adulteramiento con otros azúcares, como azúcar de caña o de maíz. Esto facilita un fraude que, según denuncian los apicultores y reconoce la Unión Europea, está muy extendido.
Según explica Díaz, en la Unión está prohibido calificar como “miel” a la miel ultrafiltrada, un producto que se obtiene tras calentar esta a altas temperaturas, pasarla por filtros muy finos y, finalmente, adulterarla con agua y otros tipos de azúcar. Este procedimiento elimina los rastros de polen, por lo que es imposible conocer el verdadero origen de la miel aunque, como explica el apicultor, de nada sirve denunciar este tipo de tratamientos si en las etiquetas se sigue sin saber de dónde viene el producto. Por eso, explica, además de indicar la procedencia de la miel, sería necesario aumentar el control en las fronteras, pues es fácil meter en países de la UE mieles de fuera del espacio comunitario y etiquetarlas como si fueran europeas.
¿Se aprobará el real decreto?
El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó la semana pasada en una entrevista a Castilla y León TV que su departamento tiene ya preparado el texto normativo definitivo, que está en manos del Consejo de Estado para su evaluación, y espera poder aprobarlo cuanto antes.
“No sé cuánto tiempo tendremos, pero mi intención, si es posible, es que antes de las elecciones de final de abril pudiéramos tener el decreto en el Consejo de Ministros”, apuntaba Planas, antes de precisar que, “si no es posible”, lo dejará “ultimado para hacerlo en el próximo Gobierno“.
Las Cortes se disolvieron antes de ayer y el Partido Popular ya ha anunciado su intención de recurrir todas las normativas que se aprueben en la Diputación Permanente ante la Junta Electoral Central y, si fuera necesario, ante el Tribunal Constitucional.
“Este documento lleva navegando tres gobiernos”, asegura Díaz. “Viene de una negativa del anterior Gobierno del PP, que lo rechazó de pleno. Este nuevo Gobierno empezó a negociarlo con las distintas organizaciones agrarias y ahora mismo creemos que está casi elaborado, pero no sé si lograrán aprobarlo. Veremos a ver el nuevo ministerio que salga que dicen. Yo hasta que no salga en el BOE publicado no me creo nada”.
De llegar a buen puerto, el nuevo real decreto fijará un periodo transitorio de 18 meses para así “facilitar la transición a este nuevo modelo de etiquetado” y dar salida a las existencias de miel que ya ha sido envasada, comercializada y etiquetada sin esta información más detallada.
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