Las consecuencias económicas que el conflicto bélico en Oriente Medio pueden acarrear para España van mucho más allá de las malas relaciones comerciales con Estados Unidos o encarecimiento de la gasolina. El ataque a Irán está poniendo contra las cuerdas al que es el negocio más exótico del campo español, tan lucrativo como desconocido: la venta de alfalfa para caballos a los países de la Península Arábiga.

La alfalfa es un cultivo forrajero que, aunque en los últimos años se ha revalorizado como alimento nutritivo para el consumo humano, sigue destinándose en su mayoría a la alimentación del ganado. Y la alfalfa española es una de las de mejor calidad del mundo, de reconocido prestigio por sus alto contenido proteico y alta digestibilidad. Sus propiedades hacen que sea una de las más demandadas por veterinarios y criadores de cuadras de caballos pura sangre y de camellos de carreras, lo que genera importantes beneficios al sector de las forrajeras en nuestro país.

Sin embargo, como advierten desde COAG, la inestabilidad que ha generado en el comercio mundial el conflicto bélico desataco por el ataque a Irán de Israel y Estados Unidos pinta un panorama muy poco halagüeño, justo en un momento clave de la campaña, cuando las plantas están empezando a rebrotar.

“Llevamos años trabajando desde el sector en los mayores estándares de calidad de estas alfalfas”, explica Javier Fatás, productor de alfalfa en Aragón y responsable de forrajes de la Ejecutiva de COAG. "Los mercados que hemos abierto son también los que exigen mayor calidad, como Emiratos Árabes y Arabia Saudí”. España es el primer productor y exportador europeo de alfalfa deshidratada, exportando cada año un valor superior a 400 millones de euros. Los países de la Península Arábiga invierten grandes sumas de dinero en la alimentación de los animales de sus cuadras de élite, caballos y camellos de carreras valorados en millones de dólares.

Ha costado años al sector español posicionarse como un referente productor de este alimento, y, advierten desde COAG, esa posición puede perderse rápidamente si los problemas logísticos derivados de la guerra persisten, por lo que consideran que nos encontramos “ante una emergencia comercial de primer orden”.

“Son países en los que hoy en día la logística, el transporte, está complicado de hacer llegar estas alfalfas. El Estrecho de Ormuz se ha cerrado prácticamente en su totalidad y al hacerla llegar por otras vías se ha encarecido muchísimo”, señala Fatás en declaraciones difundidas por la organización.

Por ello, desde el sector de las forrajeras y COAG exigen al Gobierno de España y las Comunidades Autónomas una actuación inmediata, pidiendo medidas económicas inmediatas para todo el sector, así como medidas diplomáticas con los países importadores y la apertura de una mesa de crisis sectorial para coordinar una respuesta común.

“No podemos permitir que una guerra ajena destruya en semanas lo que hemos construido en décadas”, ha subrayado Fatás.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado este miércoles de que el conflicto bélico que enfrenta actualmente a Israel e Irán supone una nueva amenaza para el campo español por el efecto que está teniendo en el precio de los fertilizantes.

La organización agraria asegura que, de hecho, la escalada del conflicto "ya está afectando" al mercado de estos abonos, cruciales para abastecer las necesidades nutricionales de los cultivos, y avisa de que un nuevo aumento de los costes añade más presión sobre el sector agrario, trayendo "más incertidumbre en el campo".

"Irán ha tenido que cerrar siete de sus plantas de amoniaco y urea", señala COAG en el comunicado publicado en Linkedin, mientras que "Egipto ha parado su producción por el corte de gas israelí". Según sus cálculos, estos hechos implican una pérdida del 40 % de la urea comercial a nivel internacional. La urea, puntualizan, es uno de los fertilizantes nitrogenados que más se usan en España, por lo que su encarecimiento arrastra "a todo el bloque" de este tipo de productos.

Es un panorama que, en opinión de la organización, solo empeora las perspectivas de futuro a corto y medio plazo del sector agrario, pues hay que sumar la imposición de nuevas tasas impositivas a los fertilizantes rusos que ha aprobado la Unión Europea y que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.

COAG recomienda a todos los agricultores a tomar ya medidas para que el efecto sea lo menos perjudicial posible, sugiriendo que realicen una revisión de su plan de compras de fertilizantes para adelantar las mismas todo lo posible antes del verano. Según sus estimaciones, los abonos a base de urea, nitrato o mezclas subirán considerablemente de precio a principios del otoño.

"Toca planificar, ajustar y digitalizar", afirman, remarcando que no se trata de algo puntual sino de una casuística que hay que asumir como casi rutinaria. "Cada vez que hay una crisis geopolítica, el mercado agrícola se tambalea, especialmente el de insumos". Es decir, no hay ninguna guerra que no ponga en peligro la seguridad alimentaria de la población, sea directa o indirectamente.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha
presentado oficialmente este martes una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una supuesta manipulación de los precios en origen del aceite de oliva, práctica prohibida por la legislación.

La organización se apoya en su denuncia en un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, el cual revela un desfase "injustificado" de más de 2 euros por kilo entre el precio real en origen (3,50 €/kg) y su valor de mercado (5,55 €/kg) .

Para extraer estos datos, los investigadores han empleado una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado, considerando tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como las previsiones para 2024/2025. Así, se han identificado márgenes sin justificar entre el precio pagado a los productores y el valor de mercado estimado, lo que apuntaría, según los autores, a un desequilibrio
que podría estar provocado de manera intencionada.

“No hablamos de percepciones ni de sensaciones: hablamos de una
posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores”, ha afirmado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

De confirmarse lo que la organización denuncia, se estaría produciendo una infracción de la legislación. La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados.

Según sus estimaciones, de continuar este desfase, los olivareros podrían dejar de recibir hasta 2.800 millones de euros en esta campaña. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros”, ha asegurado Juan Luís Ávila, responsable del sector de olivar de COAG. La organización exige una investigación urgente.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) emprenderá acciones legales contra las empresas importadoras de tomate marroquí por cometer fraude fiscal en la Unión Europea. Así lo ha confirmado la organización tras presentar la pasada semana sus cálculos al respecto en una jornada virtual en la que se analizó el impacto de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE declarando ilegal el acuerdo de libre comercio con Marruecos.

Andrés Góngora, responsable de de frutas y hortalizas de COAG, recordó que Marruecos puede importar a los países de la Unión hasta 285.000 toneladas de tomate libres de aranceles, siempre que paguen más de 46 céntimos por kilo. Sin embargo, según el análisis realizado por los Servicios Técnicos de la organización, dicha cantidad se ha superado claramente desde 2019, trayendo, de media, unas 500.000 toneladas anuales, por lo que serían hasta 230.000 toneladas de tomate las que tendrían que haber pagado tasas arancelarias.

Así, COAG cifra en unos 71,7 millones de euros el importe que Marruecos tendría que haber abonado a España en los últimos cinco años, unos 14 millones al año, unas cuentas que, añade Góngora, son “lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la Unión Europea sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos”.

La organización agraria ha insistido en exigir la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos, “sin periodos de gracia”, pues los agricultores europeos, afirma Góngora, sufren a diario la competencia desleal del país africano, con prácticas como la mezcla de tomates producidos en el Sáhara Occidental que se mezclan con tomate marroquí para ocultar su origen, o la venta a pérdidas para acabar con la competencia europea.

En la práctica, esta situación se traduce en que el tomate marroquí se puede vender a precios mucho más baratos en países europeos como España o Francia, los más afectados, cuyos productores locales están “perdiendo rentabilidad y desapareciendo”.

Fuente: COAG a través de datos Eurostat (valores en toneladas).

Así, COAG estudia emprender acciones legales a través de tres vías posibles: el Tribunal de Justicia de la UE por el delito fiscal reiterado, el Tribunal de Cuentas por el posible fraude que se está cometiendo en toda la Unión, y por esa venta a pérdidas ante la que debería intervenir la Comisión Europea a través de Competencia Europea.

Además, no descartan que estas acciones se puedan realizar conjuntamente con organizaciones como La Vía Campesina, el Frente Polisario o de la francesa Confédération Paysanne, por la explotación agraria y pesquera que hace Marruecos del Sáhara Occidental importando productos sin certificar, y por la presencia de numerosas empresas europeas que operan en el territorio, fundamentalmente francesas.

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La organización agraria COAG ha compartido este jueves su último informe actualizado que analiza el impacto que está teniendo la sequía en el sector agrario de España. Según sus datos, hasta el 80 % del campo esté sufriendo consecuencias graves o muy graves, especialmente los cultivos de cereales y secano, con pérdidas irreversibles en varias comunidades.

Así, según COAG, se dan prácticamente por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Aragón, Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León. Advierten también que el cultivo del arroz en Andalucía difícilmente podrá efectuarse este año, y prevén que las cosechas de frutos secos y olivos en la mitad sur peninsular apenas llegarán al 20 % de las cifras normales, según las zonas.

COAG recalca que la situación de sequía que lleva sufriendo el país desde hace meses es "preocupante y generalizada", y que "está comprometiendo gravemente diversos tipos de cultivo, con especial gravedad aquellos cultivos de cereal en tierras de secano". Además, señala que las restricciones de regadío comprometen el cultivo de frutales, con lo que se obligará a muchos productores a arrancar árboles.

También están sufriendo los efectos de la sequía sectores como la ganadería extensiva, especialmente la cabaña ovina-caprina y vacuno, al encontrarse una gran escasez de pastos, obligando al productor a recurrir a piensos y forraje para alimentar a los animales, alimento cuyo precio se ha duplicado en los últimos tiempos. Asimismo, la falta de lluvia afecta a la apicultura, dejando a las abejas sin polen y por tanto sin la capacidad de producir miel.

El Consejo de Ministros extraordinario convocado hoy tiene previsto aprobar un paquete de medidas para afrontar las consecuencias de la sequía y conceder ayudas directas a los agricultores, como las exenciones en el IBI agrario.

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Apenas ha despegado la primavera y ya tenemos los primeros fraudes en las fruterías a costa de la fruta de verano. Sintetizada en melones y sandías, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pone el grito en el cielo al comprobar que se generan graves incumplimientos en el etiquetado de frutas en los lineales de la gran distribución.

Tal y como explican en su página web, exigen que el etiquetado sea fiel a la realidad y que cumpla con la normativa actual de etiquetado en la venta de frutas y hortalizas al consumidor y no juegue con el origen de los productos. Del mismo modo, insta a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tomen cartas en el asunto en una realidad que cada temporada se repite.

Según explica Andrés Góngora, Responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, "este tipo de movimientos forman parte de la clásica estrategia de supermercados e hipermercados en el inicio de nuestra campaña de fruta de verano".

Una circustancia que aprieta aún más las tuercas del productor español, que aún no ha entrado en campaña, pero al que ya se fuerza en primavera con una "entrada masiva de importaciones para presionar de forma artificial los precios a la baja".

Imagen que demuestra la presencia del fraude. ©COAG.

La trampa, como explican, se produce en melones y sandías que provienen de Brasil o de Senegal y donde sí se etiquetan como tal cuando se comercializan en entero. Sin embargo, indica COAG, a la hora de servirlos partidos, ya sea a la mitad o en cuartos, los etiquetados apuntan a un origen español.

Esta situación de fraude, además de posibilitar el engaño al consumidor, afecta a la trazabilidad del producto al no reflejar el origen. Por este motivo, la coordinadora agraria además protesta por las intenciones de las distribuidoras, ya que éstas siempre apuntan a una priorización del producto nacional y su trazabilidad.

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Entre las quejas y las demandas, COAG insiste en que "la distribución continúa importando productos de terceros países, afectando a nuestra salida a los mercados, especialmente si ni siquiera se advierte el origen real de esas frutas", lo cual supone una vulneración de la ley en una situación que afecta a la libertad de elección de los consumidores.

Imágenes | iStock / COAG

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Con el llamativo reclamo de "Jurassic Park cunícola en el campo español", el sector agrario nacional lanza un mensaje urgente a los representantes políticos de todo el país a tomar medidas eficaces para controlar la insual plaga de conejos que lleva semanas causando graves pérdidas en todo tipo de cultivos.

Según señalan desde COAG, ya son más de 1.400 municipios los afectados, en diez comunidades autónomas, y las pérdidas cuantificadas hasta el momento se calcula que se sobrepasan la cifra de 800 millones de euros. La situación se está empeorando con las altas temperaturas y la sequía que tiene en jaque a gran parte del país, pues estos animales se adentran más en los campos cultivados cuando hay escasez natural de agua.

Son varios los municipios que ya se han declarado en situación de emergencia cinegética, destacando particularmente todo el litoral mediterráneo y regiones de interior como la Comunidad de Madrid o Castilla La Mancha, donde la organización Unión de Uniones ya alertó de que el conejo había arrasado con las cosechas de enero. Un conejo que, afirman, "no es el de siempre".

Un conejo híbrido más grande y voraz

Desde COAG confirman que se trata de un conejo híbrido, mezcla entre el conejo de monte y el conejo doméstico que se suele tener como mascota o en granja escuelas enfocadas a los niños. Es de mayor tamaño, más voraz y tiene una mayor capacidad de reproducción, pues cada hembra puede tener hasta siete camadas anuales, con camadas de entre seis y hasta 13-14 crías.

Pedro Gomáriz, responsable del Área de Fauna Salvaje de COAG y agricultor afectado en sus limoneros de la Región de Murcia, afirma que las medidas que se han adoptado hasta ahora han demostrado ser "claramente insuficientes para reducir la sobrepoblación", y se requieren por tanto nuevas medidas "excepcionales".

Por su parte, Osvald Esteve, productor de Lleida y responsable de Fruta Dulce de COAG, afirma que no solo producen daños directos en las cosechas de frutos, sino que también afectan gravemente a los árboles leñosos, obligando a los agricultores a extraerlos y replantar, disparando así el gasto y las pérdidas.

Ante la gravedad de la situación, y con el verano a la vista, COAG ha solicitado una reunión con el Ministerio de Agricultura, reclamando tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas afectadas que se tomen medidas "contundentes y eficaces", incluyendo indemnizaciones para los profesionales afectados por esta inusual plaga.

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Fotos | Gary Bending - COAG
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) acaba de publicar un informe en el que alerta de la preocupante situación que atraviesan los agricultores ante la acumulación de días sin llover.

En la España peninsular, aseguran desde la COAG, las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el final de enero de 2022, supone un 33% menos respecto a la media del periodo de referencia de los años 1981/2010 (191 litros por metro cuadrado).

En el último mes la situación no ha hecho más que empeorar: este mismo valor medio nacional hasta el 1 de febrero de 2022 se cifra en 192 mm, lo que representa alrededor de un 36 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (299 mm).

Se trata esta de la media nacional, pero hay regiones que están sufriendo especialmente la sequía. Hay zonas del litoral de Cataluña, las provincias de Córdoba, Jaén junto con los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga que están ya por debajo del 75 % de sus valores normales de su valor medio para el periodo de referencia 1981-2010.

Graves consecuencias económicas

La COAG asegura que, si no llueve de forma significativa en las próximas 3-4 semanas, los secanos podrían ver dañados sus rendimientos entre un 60 y un 80%. Los cultivos se han desarrollado tarde y de forma insuficiente a causa de la falta de lluvias en todo el otoño y el invierno pasados. Esto genera problemas de floración y maduración, incluso de nascencia irregular en cereales, lo que baja enormemente el rendimiento de las fincas.

La falta de agua afecta también a la ganadería, pues los animales criados en extensivo no pueden alimentarse de pastos y tienen que recibir suplementación en forma de piensos, con el sobrecoste que esto conlleva, incluso en zonas tan poco acostumbradas a la falta de agua como Asturias.

Si sigue sin llover, la sequía afectará también a la campaña de regadío, que se enfrentará a restricciones ante el bajo nivel de los embalses y pantanos (reservas al 44% de su capacidad total). Preocupan especialmente la disponibilidad de agua para regadío en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León.

Por el momento, solo se han aplicado restricciones en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, donde la declaración del escenario de Emergencia permite la aplicación de los Planes Especiales de Sequía: restricciones al uso industrial del agua, reserva de 400 hm³ para el abastecimiento en el conjunto de los embalses, reserva de 100 hm³ para evitar la pérdida permanente de cultivos vulnerables, intensificación de campañas de educación y concienciación del ahorro, desembalses solo para el mantenimiento de caudales ecológicos mientras se mantenga la situación y la ausencia de precipitaciones, incremento de la vigilancia y el control para evitar detracciones de caudal para riegos, etc.

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La Organización de Consumidores y Usuarios y el sector apícola de COAG han publicado un informe de investigación conjunto en el que analizan y denuncian el amparo legal que permitiría engañar al consumidor sobre el origen real de la miel que se comercializa en España. Según ambas organizaciones, la normativa actual es "farragosa" y permite a los operadores enmascarar el verdadero origen de las mieles que entran en nuestro país.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos aclara en el documento que no creen que se esté cometiendo ninguna ilegalidad, pues es la maraña legislativa tanto europea como española la que da lugar a que se pueda confundir al consumidor ocultando la procedencia exacta de la miel que está comprando, a menudo producto de mezclas.

La misteriosa desaparición de China y Portugal de las etiquetas

La investigación comenzó a raíz de observar los cambios producidos en los movimientos comerciales de la miel en España desde el año 2016, con Portugal pasando a ser nuestro principal abastecedor superando a China, que desde 2020 se mantiene como segundo país importador. Sin embargo, COAG observó que el origen China y Portugal había desaparecido de las etiquetas de los productos a la venta.

Tras analizar a fondo toda la legislación comunitaria europea y española que regula el comercio de miel, COAG ha podido comprobar que la compleja interpretación de las leyes y normas permite a los operadores engañar con sus etiquetados, indicando en las mismas "origen: España", cuando en realidad se trata de mezclas de mieles que pueden proceder o no de Europa.

Las organizaciones hablan en su informe de un proceso de "triangulación", según el cual una miel cosechada en China e importada por un operador portugués, que se mezcle y/o caliente con miel recolectada en España, puede adquirir el origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es miel cosechada en nuestro país. Además, apunta Pedro Loscertales, responsable apícola de COAG, “dicha mezcla podría volver a mezclarse con nuevas partidas de mieles originarias de China confiriendo, de nuevo, el origen España a las subsiguientes mezclas finales”.

No es fraude ilegal, pero es un engaño

El sector apícola lleva ya años denunciando la falta de transparencia y las dificultades para combatir la adulteración de la miel importada que se comercializa en España. En 2019 el Gobierno anunció una actualización de la norma de calidad de la miel, materializada finalmente con la publicación en junio de 2020 del Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo, que entró en vigor el pasado 22 de diciembre.

Las modificaciones que dicho decreto introducen en la norma (“Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel y, en su caso, sus mezclas, hayan sido recolectadas”), según COAG, también estarían influyendo en la situación que se denuncia. La organización interpreta que “se podría estar dando amparo legal a la mención de países de origen, en el etiquetado de las mieles, en los que éstas no hubieran sido cosechadas o recolectadas por los y las apicultoras, sino mezcladas por los operadores (y, por tanto, transformadas sustancialmente)”.

Además, la OCU apunta que si la miel se somete a ultrafiltración no se puede determinar analíticamente el origen botánico de la misma, dando lugar a resultados falseados en el caso de analizar la miel que entra en España.

En conclusión, desde las dos organizaciones piden a las autoridades europeas y españolas unas modificación efectiva de la normativa de etiquetado y origen de la miel para evitar este "engaño masivo", así como una investigación que determine dónde va a parar la gran cantidad de miel china que España sigue importando del país asiático, pero que no aparece en las etiquetas finales.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a las cadenas Lidl y Family Cash por publicar ofertas abusivas de pollo. A su juicio, estas ofertas incumplen el decreto que regula las actividades promocionales en los supermercados, en aras de evitar la venta a pérdidas de ganaderos y agricultores.

Los hechos denunciados corresponden a promociones de Lidl y Family Cash que estuvieron en vigor la semana del 7 de enero y el 15 de febrero, respectivamente. En ellas, ambas cadenas de supermercados ofrecían el kilo de pollo por debajo de los 2€/kg, un precio que, según COAG, incumple lo establecido el Real Decreto Ley en lo concerniente a la destrucción de valor en la cadena.

Según COAG, la incipiente “guerra de precios” de las cadenas de distribución y la espiral alcista del precio del pienso, por el continuado incremento de materias primas como la soja o maíz (entre el 20 y 50%), dibujan un escenario preocupante para las explotaciones avícolas familiares.

“Los productores de carne de pollo acumulamos una feroz caída del precio en origen por encima del 60% durante el último año por el efecto de la pandemia en el canal HORECA y el turismo”, explica Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG en un comunicado. “En estas circunstancias, resulta lamentable y desolador encontrarte en los lineales ofertas abusivas de pollo low-cost que tiran por tierra el enorme esfuerzo que estamos haciendo desde la producción por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre”.

Una ley que se sigue negociando

Cabe recordar que el pasado año, justo antes del estallido de la pandemia y tras las protestas convocadas por el sector primario en toda España, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que contemplaba medidas urgentes para “garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria”.

Este decreto prohíbe expresamente las “actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos o que perjudiquen la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos”, aunque no se define exactamente a qué responden estas, algo sobre lo que deberá pronunciarse la AICA.

La promoción de Family Cash denunciada por COAG.

A fin de detallar este y otros puntos poco definidos del decreto, el Gobierno planea una modificación más extensa de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo proyecto se presentó el pasado noviembre y se prevé entre en vigor en noviembre de 2021.

Pero mientras llega, los agricultores y ganaderos insisten en que las cadenas de distribución deben cumplir el real decreto y piden a las empresas que no se sumen a esta carrera por la destrucción del valor, mediante la consolidación en el tiempo de ofertas abusivas.

“Ya hay empresas minoristas que están teniendo en cuenta los costes de producción, como indica la Ley de Cadena, y están cerrando operaciones que evitan la destrucción de valor”, asegura Ureña. “Ese es el camino para evitar el cierre de una porcentaje importante de las 5.500 granjas familiares y garantizar una tejido productivo viable”.

Desde Lidl explican a Directo al Paladar que su política de compras "consiste en establecer relaciones a largo plazo" con los proveedores, con los que, aseguran, se trabaja "bajo estrictos criterios éticos para contribuir a la viabilidad de sus negocios y acercar cada vez más sus productos al consumidor español". Si se ofrecen este tipo de campañas periódicas de descuentos y promociones, apuntan, es gracias a "la optimización del surtido" y los "procesos y la simplificación de la oferta".

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