El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el pasado miércoles unas medidas en todo el país de cara al puente de San José y la Semana Santa, que se han publicado hoy en el BOE.

Se trata de un acuerdo de mínimos, con medidas que, en la mayoría de los casos, ya se aplican en las comunidades autónomas, que pueden aprobar medidas más estrictas, pero no menos. Y afecta a dos periodos: desde el 17 al 21 de marzo en las comunidades en las que el Día del padre es festivo este año (Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco, Murcia y Navarra); y desde el 26 de marzo al 9 de abril para todo el país.

¿Qué podremos hacer y qué no durante estos días? Todas las comunidades autónomas menos Canarias y Baleares estarán confinadas, como mínimo, de forma perimetral (salvo en las excepciones habituales del estado de alarma). Pero, además, habrá limites importantes a las reuniones en grupos.

La norma reduce el número de personas que se pueden reunir en espacios públicos. En el estado de alarma vigente, ese número siempre era de seis, y así seguirá siendo en espacios al aire libre, como terrazas, pero se reduce a cuatro en espacios cerrados, como el interior de los bares. Esto es: nada de reservas en el interior de restaurantes para más de cuatro personas.

Más estrictas son las medidas respecto a las reuniones privadas, que quedan prohibidas. Solo podrán estar en los domicilios los convivientes, por lo que si queremos celebrar el Día del Padre con familiares con los que no compartamos techos, tendremos que hacerlo en un parque o un restaurante.

Si quedamos a cenar, tampoco podremos alargar mucho la sobremesa. El toque de queda se mantiene, como mínimo, como establecía ya el estado de alarma: de 23 a 6 horas.

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Las autoridades sanitarias españolas han inmovilizado más de cien toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en el interior de dos naves de una empresa de Alzira (Valencia) que carecía de autorización sanitaria y estaba comercializando embutido en evidente estado de deterioro y falta de garantías sanitarias.

Como ha informado Victoria Salinas para Levante EMV, se cree que la empresa se dedicaba a “reciclar” jamones mohosos, infestados de ácaros, sin envoltorio y cubiertos de heces de roedores que loncheaba y reenvasaba con nuevas fechas de caducidad y sin las partes deterioradas.

Según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dada la ilegalidad de las actividades de la empresa no es sencillo determinar el origen y destino de los productos inmovilizados, pero se han retirado cautelarmente 490,6 toneladas de varios productos cárnicos (jamones, chorizo, salami, salchichón...) en diversos establecimientos y empresas de esta Comunidad, entre ellos en las cadenas de distribución Kupps y Family Cash. En Esta última, según informa Levante EMV, se podía comprar el producto en mal estado por 4,99 euros el kilo.

Las marcas comercializadas cuyos productos se están retirando del mercado corresponden a: Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita. La Aecosan recomienda a los consumidores que se abstengan de consumir estas marcas.

Una trama con origen en Extremadura

Tras la primera inspección, otro equipo intervino cutelarmente toda la mercancía almacenada en las instalaciones de la misma empresa en Bocairent (Valencia), también carentes de registro, y en las que se estima que había 15.000 jamones y 160 cajas de cartón que contienen a su vez de 140 a 180 piezas de jamón y paleta curada.

Según el diario extremeño Hoy, la identificación de estos productos ha sido posible gracias a una operación de la Fiscalía de Badajoz que se abrió en mayo 2017 después de que una inspección sanitaria sacará del mercado 277 toneladas de productos que permanecían almacenados en una nave ubicada en Malpartida de Plasencia (Cáceres), en dos almacenes de Higuera la Real (Badajoz) y en una empresa de Oliva de la Frontera.

Imagen de archivo de una intervención anterior.

Tras diversas redadas, los técnicos ordenaron la destrucción de casi 100.000 kilos de carne almacenados en las instalaciones de la empresa Porkytrans en Malpartida de Plasencia y otros 177.000 kilos de producto que la trama había colocado a otras empresas en Oliva de la Frontera e Higuera la Real: Cash La Temporada, Pescados Saraymar y Valle de los Valfríos.

Las actuaciones impulsadas durante los últimos meses continúan en fase de instrucción y no terminarán hasta que concluya la investigación. De momento, aclara la Fiscalía, no está previsto que se realicen nuevas operaciones en las próximas fechas.

Imágenes | iStock/FamilyCash/Guardia Civil
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El sobrepeso está ya reconocido como la gran epidemia del siglo XXI, con lo que ello supone, un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y un aumento de las tasas de enfermedad.

Debido a esto, igual que hace años pasó con el tabaco, muchas administraciones ya se han liado las manos a la cabeza, apoyadas incluso, en algunos casos en las empresas privadas. No sé si os sonará el caso de hace unos meses en que un ayuntamiento italiano decidió "pagar" a aquellos ciudadanos que perdieran peso, un ejemplo que siguieron después en otros lugares del mundo. También en EEUU, una compañía lider de seguros, viendo que sus ganancias bajaban debido a la mala calidad de vida de estos clientes, estableció primas para aquellos que decidieran perder peso.

Pues bien, Japón (y es que lo que no hagan los asiáticos,...) ha decidido ir un paso más allá, y ha decidido luchar contra la obesidad con su propia normativa, aprobada el día 1 de abril.

En esta normativa se establecen límites para el perímetro de cintura de los hombres y mujeres, y obliga a que aquellos que no pierdan peso en 3 meses sigan una dieta obligatoria y tengan que cumplir unos consejos de salud.

Para conseguir que la normativa se cumpla, van a utilizar a los pequeños gobiernos locales y las empresas, que deberán exigir a sus trabajadores que cumplan estos parámetros en las revisiones médicas anuales.

La verdad es que yo me he asustado bastante al leer la noticia, entiendo que el sobrepeso no es saludable, pero de ahí a incluso multar a las personas obesas u obligarlas a ponerse a dieta, va bastante, no sé qué pensaréis vosotros.

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