Actualmente, cuando vas a un hotel o a un restaurante en España, el IVA que repercute cualquier negocio de hostelería en nuestra cuenta está a un tipo impositivo del 10%, es decir, lo que se considera como el IVA reducido. Solo hay una categoría por debajo de este, el del 4%, considerado superreducido.

Sin embargo, Bruselas parece no estar contenta con la situación española, instando a las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a que en España converjamos con el IVA hostelero al 21%, como sucede en el resto de la Unión Europea.

La idea de Bruselas, que no tiene acción vinculante, está dentro de un mismo programa de recomendaciones fiscales que han sido remitidas al gobierno español, calculando que ese déficit tributario supone que España deje de ingresar unos 7.000 millones de euros vía impuestos.

La queja de la Comisión Europea apunta a que este tipo de IVA reducido a una actividad como la hostelería tiene un efecto redistributivo limitado porque, en la práctica, benefician más a las rentas altas que a las bajas, justificándolo por ser los que usan más a menudo bares y restaurantes… 

Lo que no menciona es que, evidentemente, esa subida de IVA se repercutiría en cualquier tipo de establecimiento: desde un restaurante con tres estrellas Michelin y un hotel de cinco estrellas hasta el bar de la esquina o un hotel de dos estrellas. 

En el escrito comunitario, se insiste también que España está por debajo de la media europea en los ingresos respecto a las tributaciones al consumo y medioambientales, mientras que se han aumentado las cargas al trabajo dentro de los tramos impositivos.

Como era de esperar, las críticas al comentario comunitario desde el sector hostelero han sido inmediatas, temiendo que la decisión fuera "catastrófica" y que un encarecimiento de este tipo supondría destruir empleo y hundir la demanda. 

No es una queja al aire; tras la crisis de 2008, dos países como Portugal e Irlanda subieron el tipo impositivo del IVA hostelero por recomendación comunitaria, pero el efecto fue el contrario: el consumo se redujo y ambos países volvieron a la situación previa.

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Tras diecisiete años con las tasas de basura congeladas, varios ayuntamientos de la comarca pontevedresa del Morrazo —Cangas de Morrazo, Bueu y Moaña— han aprobado fuertes incrementos en los recibos de recogida de residuos, con subidas que alcanzan hasta un 600 % en algunos casos. 

La medida, recogida por medios locales como La Voz de Galicia, ha encendido los ánimos entre los hosteleros, que se sienten ninguneados y denuncian que no ha existido diálogo social previo. Además, aseguran que no se les permitió acceder a los salones de plenos cuando se aprobaron las nuevas ordenanzas y que se han encontrado con la subida ya impuesta, sin negociación ni alternativas.

Las cifras ilustran bien la magnitud del cambio. Un bar con comidas que pagaba hasta ahora 107 euros al año podría abonar hasta 1.236 euros, más de once veces más. Otros establecimientos pasan de unos 200 euros a más de 1.000, mientras que en los comercios más pequeños la factura sube de 87 a unos 200 euros anuales. 

En el caso de las viviendas, el incremento es más moderado, pero también notable: de unos 67 a cerca de 126 euros al año en municipios como Bueu. Las asociaciones empresariales del Morrazo calculan que el impacto es especialmente duro para los negocios hosteleros y los talleres, ya que las nuevas tasas se calculan según superficie, número de plazas o volumen estimado de residuos, sin tener en cuenta la estacionalidad o el tipo de actividad real.

Los ayuntamientos y la Mancomunidad del Morrazo justifican la subida alegando que era insostenible mantener las tarifas congeladas durante tanto tiempo. 

Argumentan que los costes de recogida y tratamiento se han disparado, sobre todo por el aumento de los pagos a Sogama, la empresa pública gallega encargada de la gestión de residuos. Además, recuerdan que la nueva normativa estatal y las directivas europeas obligan a que las tasas cubran el 100 % del coste del servicio, lo que impide que los concellos financien una parte del gasto con fondos propios.

Las autoridades locales admiten que la subida es brusca, pero insisten en que no había alternativa si se quería garantizar la continuidad del servicio. La alcaldesa de Moaña ha explicado que para una familia media la tasa quedará en torno a 10,5 euros mensuales y para un pequeño comercio, alrededor de 17. 

Un foco también puesto en tasar al turismo

Sin embargo, estas cifras apenas han servido para calmar los ánimos. En algunos plenos se registraron tensiones e incluso incidentes, y las asociaciones de hosteleros y comerciantes ya han anunciado la presentación de alegaciones formales. Reclaman la creación de una mesa de trabajo con la Mancomunidad, los ayuntamientos y Sogama para revisar la fórmula de cálculo y adaptarla mejor a la realidad económica y ambiental de cada tipo de negocio.

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En definitiva, lo que durante años fue una tasa simbólica se ha transformado de golpe en una carga considerable para cientos de vecinos y empresarios del Morrazo, especialmente en el sector hostelero, que se siente víctima de una “revolución de las basuras” impuesta sin diálogo ni consenso.

A todo ello hay que sumar que la ordenanza también pone el foco en el turismo y en cómo repercutirlo en las arcas públicas. Entre ellos, que los locales comerciales vacíos estén gravados con 200 euros anuales por el hecho de estar desocupados o que las viviendas de uso turístico también tengan que pagar 200 euros al anuales por su existencia. 

De tal modo, el tasazo turístico también apunta a otros negocios hoteleros, ya que pensiones, hostales, moteles y casas rurales ahora, además, tendrán que pagar una cuota fija anual de 400 euros y 60 euros por plaza. 

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Una de las medidas más polémicas adoptadas por la Comisión Europea fue la de imponer aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China. La decisión, que desde el primer momento fue calificada de proteccionista, permaneció durante meses en una especie de limbo, mientras las tensiones diplomáticas se cocinaban a fuego lento. 

En ese tira y afloja, las autoridades chinas advirtieron que responderían si finalmente se aplicaban los gravámenes. Aunque no se dijo de manera directa, desde el principio quedó claro que el sector agrícola europeo podría ser uno de los grandes damnificados. 

Y así ha sido. China ha confirmado ahora que impondrá un arancel del 62,4 % a las importaciones europeas de carne de cerdo, una decisión que afecta directamente a uno de los pilares del sector agroalimentario continental y que entrará en vigor el 10 de septiembre, según ha anunciado el Ministerio de Comercio chino.

No obstante, los aranceles no se van a aplicar a todos los países igual, ni a todas las empresas. Hay una horquilla que va del 15,6% al 62,4% y que va a depender de que las empresas colaboren con las autoridades chinas en las aclaraciones de quiénes se han beneficiado de un posible dumping fiscal comunitario. 

Además, como punto de partida, España es el país menos salpicado por la decisión china, ya que los aranceles a productos españoles se sitúan en un 20%, la tasa más baja dentro de todos los países de la Unión Europea. 

Algo que desde Interporc, la interprofesional agroalimentaria del porcino de capa blanca consideran que se debe a "la buena coordinación de Interporc y las asociaciones sectoriales con las empresas y a las excelentes relaciones de confianza con las que trabajan con los operadores de ese país".

También huelga decir que en las exportaciones, hay determinados tipos de productos que no se verán afectados, como sucede con el jamón ibérico o embutidos, aunque sí se ven en el atolladero determinados productos de casquería y despojos. 

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Este nuevo arancel es una represalia evidente a los impuestos impuestos por Bruselas a los coches eléctricos chinos, que entraron en vigor a mediados de 2024. Aquella medida se justificó en la supuesta competencia desleal derivada de las subvenciones que el gobierno chino otorgaba a sus fabricantes. 

La UE alegó que esa ayuda distorsionaba el mercado y perjudicaba gravemente a la industria automovilística europea. La respuesta de Pekín se ha fraguado despacio, pero ha sido quirúrgica. Si la Comisión pretendía defender a sus fabricantes de vehículos, el contraataque ha golpeado de lleno a un sector completamente distinto, aunque su relevancia para la ganadería europea es capital: el ganado porcino.

China, que en los últimos años ha ido recuperando poco a poco su cabaña porcina tras los estragos de la peste porcina africana desde 2018, sigue siendo uno de los grandes consumidores de este tipo de carne a nivel mundial. 

A pesar de que ha logrado reforzar su producción interna, sigue dependiendo de las importaciones para cubrir su demanda. En ese contexto, Europa —y particularmente España— había conseguido posicionarse como un socio comercial de referencia. Sólo en 2023, las exportaciones españolas de carne de cerdo a China superaron las 540.000 toneladas, lo que generó ingresos por más de 1.200 millones de euros. 

El nuevo arancel, que se aplicará de manera provisional mientras se desarrolla una investigación antidumping, podría suponer un golpe muy duro para los productores europeos, muy dependientes de este mercado. 

A ese hueco aspiran otros países exportadores como Brasil o Canadá, que ya se están posicionando para ocupar el lugar que dejen los europeos. Brasil, en particular, ha ido ganando cuota de mercado gracias a precios competitivos.

El panorama no es nada halagüeño para España. Nuestro país no es solo el primer productor de carne y subproductos de cerdo en Europa, sino también el primer exportador y, tras la Unión Europea, el segundo mercado, por facturación y volumen, es el chino. Todo ello sumado a las dificultades que está teniendo el sector de afianzar su posición en Asia y que ahora, por vaivenes comunitarios, queda en el limbo.

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Donald Trump ha arrancado el mes de marzo continuando con las medidas proteccionistas en las que ha basado gran parte de su campaña política y que ya adelantó nada más tomar posesión del gobierno hace semanas. Desde hoy martes se imponen aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, sumándose a los del 20% que ya se estaban aplicando a China, y no serán los únicos. A partir del 2 de abril el país aplicará tributos a todos los productos agrícolas internacionales que entren en Estados Unidos.

Así lo ha anunciado el propio Trump este lunes a través de sus redes sociales en un mensaje escueto en detalles, pero claro y directo en su habitual lenguaje populista, dirigiéndose directamente a los productores agrícolas de su país.

“A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender DENTRO de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Divertíos!”.

Más allá de esta parca proclama, por el momento ni la Casa Blanca ni el mismo presidente han querido especificar la cifra exacta de las tarifas arancelarias, ni qué se entiende exactamente por external products, ni si habrá algún tipo de excepción o condición concreta para su aplicación o exención.

La imposición de estos impuestos o derechos de aduanas ya fue una de las herramientas predilectas de Donald Trump en su primer mandato a la hora de negociar con otros países, y basó en ellos también gran parte de su campaña presidencial en 2024. “Los aranceles son fáciles, rápidos, eficientes y aportan equidad”, ha declarado este lunes al referirse a los aranceles de sus países vecinos que entran hoy en vigor, resaltando su valor proteccionista para defender la economía estadounidense y evitar que, según sus propias palabras, la gente se aproveche de su país.

@chefjoseandres

Al difundirse el anuncio a través de la red social X, el chef José Andrés, a quien Donald Trump despidió como asesor del Gobierno nada más tomar posesión de su cargo, ha respondido lanzando una advertencia al presidente y a todo el país.

Pese a aplaudir inicialmente la medida en el objetivo de proteger al productor agrícola local, José Andrés ha querido recordar que Estados Unidos sigue dependiendo del comercio exterior para cubrir gran parte de sus necesidades productivas y alimentarias. Y señala que no basta con encarecer los productos externos que quieran venderse en territorio estadounidense, sino que es necesario proteger y reforzar al propio sector agrícola para garantizar el autoabastecimiento.

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“Si queremos alimentar a EE.UU. con todos los alimentos de producción americana, necesitaremos una mejor política alimentaria, más inmigrantes, mejor tecnología, más invernaderos, mejor transporte e infraestructura... y seguridad alimentaria”, señala el cocinero. Además, ha recordado recientes fenómenos adversos que pueden volver a repetirse y tener consecuencias devastadoras para el acceso a alimentos de la población, como sequías, incendios o plagas y enfermedades. “¡Debemos estar alerta!”, sentencia.

Trump también ha anunciado nuevos aranceles del 25 % sobre el acero y el aluminio, con una entrada en vigor prevista para este 12 de marzo.

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El Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución en la que se anuncia la aplicación del IVA del 4% a los panes considerados como 'pan especial', extendiendo por tanto el IVA superreducido a todos los tipos de este alimento considerado básico. La disposición, publicada en el Boletín Oficial del Estado este jueves, acata así la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, que daba la razón a los fabricantes.

Tras finalizar en otoño del año pasado la medida establecida por el Gobierno para eliminar temporalmente el IVA de los productos básicos, prorrogada en varias ocasiones, el pan común pasó a contar con un Impuesto sobre el Valor Añadido del 4%, el llamado IVA superreducido que se aplica desde el 1 de enero a dichos productos (leche, aceite de oliva, pan, quesos, huevos, legumbres, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, harinas y cereales). Sin embargo, inicialmente Hacienda excluía al pan especial de dicho impuesto, tributando hasta ahora al 10%.

Ahora, Hacienda recula aceptando la sentencia del Supremo para incluir en ese 4% de IVA a todos los panes que se comercializan en España, considerándose 'pan común' y 'pan especial' todos aquellos productos que describe la norma de calidad. Por ejemplo, se consideran como 'pan especial' productos como el pan tostado, las regañás, los colines, los biscotes, el pan rallado o panes internacionales como el pan de pita o las tortillas mexicanas de trigo o maíz.

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La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) aplaude la resolución, que considera histórica para el sector, y agradece que la Agencia Tributaria haya contado con su colaboración.  “Tras años de litigios se pone coto a una decisión injusta que ha lastrado el consumo de nuestros panes especiales y que ha supuesto un escollo más para el desarrollo de nuestra industria y del conjunto del sector panadero”, ha declarado Felipe Ruano, presidente de ASEMAC.

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La firma el pasado sábado de las primeras sanciones económicas con las que Donald Trump lleva amenazando desde antes de ser reelegido presidente de los Estados Unidos ha abierto una guerra comercial internacional de la que aún es pronto para conocer hasta dónde llegarán sus consecuencias. Pero Canadá, uno de los tres primeros países afectados, ya está tomando medidas, tal y como ha anunciado el primer ministro, Justin Trudeau.

Como respuesta a la imposición de aranceles del 25% que afectará a Canadá y México desde, previsiblemente, este mismo martes, Trudeu ha hecho una llamada a la población para defender y proteger el producto local en sus compras. "Es el momento de escoger productos fabricados aquí mismo, en Canadá. Comprueben las etiquetas. Cumplamos con nuestra parte. Siempre que podamos, elijamos Canadá", ha declarado a través de sus redes sociales.

La respuesta no ha tardado en llegar por parte de las propias compañías dedicadas a importar y comercializar en suelo canadiense productos del país vecino, empezando por las bebidas alcohólicas. La compañía LCBO, principal importadora y distribuidora en la provincia de Ontario, ha anunciado que dejará de trabajar con productos hechos en Estados Unidos; esta compañía, hasta ahora, vende bebidas estadounidenses por valor de unos 680 millones de dólares al año.

@JustinTrudeau

Y no es la única. En otras provincias ya se han anunciado medidas como interrumpir las importaciones de bebidas procedentes de los estados dominados por el poder republicano -la gran mayoría-, una decisión adelantada por el monopolio de Columbia Británica y que está teniendo eco en otras provincias del país, como Quebec, Terra Nova o Nueva Escocia, ordenándose la retirada de cervezas, vino o licores de las estanterías de las tiendas.

Justin Trudeau prometió el mismo domingo la imposición de aranceles también del 25% a diferentes productos de Estados Unidos por un valor de unos 30.000 millones de dólares estadounidenses, una medida que también entraría en vigor a partir de mañana martes, a la que se sumaría otra oleada dentro de unas semanas.

"Siempre defenderemos a Canadá", ha afirmado con rotundidad.

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Cada año se producen en todo el mundo alrededor de 2,2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 y unos 1,2 millones de enfermedades cardiovasculares. Y el principal culpable es el consumo habitual de refrescos y otras bebidas azucaradas.

Son las contundentes conclusiones de un nuevo estudio publicado este 6 de enero en la revista Nature Medicine, que además apunta directamente a las poblaciones de países en vías de desarrollo como las más vulnerables en este ámbito. Países de África subsahariana, América Latina y el Caribe suman cada año más casos de este tipo de enfermedades metabólicas por culpa de una mala nutrición vinculada al consumo de ultraprocesados y, particularmente, de bebidas con azúcares añadidos.

Según los datos del trabajo desarrollado por los investigadores de Gerald J. y Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universidad de Tufts, Colombia, México y Sudáfrica son los tres países donde más se está manifestando una problemática que se extiende rápidamente a otras naciones donde un moderado aumento de los ingresos provoca que estas bebidas se vuelvan más accesibles en un efecto globalizador con consecuencias muy negativas en la salud pública y que ya está reflejándose tanto en la calidad de vida como en las tasas de mortalidad.

Los refrescos, bebidas energéticas, batidos y otras bebidas lácteas, néctares y productos similares, muy populares entre la población más joven e incluso niños, son ricos en azúcares añadidos que, al digerirse con facilidad, provocan un rápido incremento de los niveles de glucosa en sangre sin aportar prácticamente ningún nutriente de valor, dando incluso la sensación de estar tomando algo saludable o inocuo al no tener alcohol. Su consumo regular está relacionado con el aumento de peso y el desarrollo de problemas metabólicos como la resistencia a la insulina que puede desembocar en diabetes tipo 2 y cardiopatías, dos de las principales causas de muerte en todo el mundo. También se ha relacionado su consumo con diversos tipos de cáncer.

Dariush Mozaffarian, director del Instituto de Medicina de Alimentos de la Escuela Friedman y autor principal del estudio, señala además que los países de ingreso bajos y medios están menos preparados para afrontar las consecuencias que estas enfermedades tienen en la salud a medio y largo plazo, y alerta de que los adultos más jóvenes son más propensos a sufrirlas. "Necesitamos intervenciones urgentes y basadas  en evidencia para frenar el consumo de bebidas azucaradas en todo el  mundo", advierte Laura Lara-Castor,  primera autora del artículo.

Así, los investigadores concluyen con la necesidad de adoptar políticas globales en todo el mundo con un enfoque multifacético y multidisciplinar en el que se incluyan campañas de salud pública, animando a los gobiernos a regular la publicidad de las bebidas azucaradas y a imponer impuestos a estos productos, como ya se está haciendo en países como México, donde la medida está demostrando dar sus frutos a la hora de reducir el consumo entre las personas de ingresos más bajos. En nuestro país, Cataluña impuso una tasa similar en 2017, con efectos ya visibles en la reducción de las ventas en menos de año.

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El 31 de diciembre de 2024 era el día marcado en el calendario para que determinados alimentos básicos o de primera necesidad cambiasen, de nuevo, su gravamen de IVA.

El aumento supone el fin a una medida que entró en vigor el 1 de enero de 2023, donde se rebajó el IVA de alimentos básicos y también el coste de la energía y de los carburantes, condicionados por la invasión rusa a Ucrania.

Las medidas, que tenían fecha de caducidad, suponía bajar el impuesto sobre el valor añadido a productos como hortalizas, frutas, legumbres, pan, leche o queso, considerados alimentos básicos.

La acción tuvo, por ejemplo, la supresión del IVA al pan, harinas, leches, quesos, huevos, frutas y verduras, así como el aceite de oliva, incluido dentro de una prórroga que el gobierno acordó, para que bajase inicialmente del 10% al que se encontraba hasta no estar gravado por el IVA a finales de 2024, habida cuenta de la situación alcista del mercado.

Aquella decisión, como decimos, iba a ser reversible en tanto en cuanto se hubieran solucionado para de las dinámicas coyunturales que habían provocado el aumento de los precios.

De este modo, ya a partir del 1 de enero de 2025 vuelven algunos gravámenes al statu quo del 31 de diciembre de 2022, habida cuenta también de un primer cambio que ya se atisbó el 1 de octubre de 2024, con la finalización del IVA suprimido a los productos básicos.

• Pasan del 2 al 4%: iva superreducido: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales; aceite de oliva, huevos, quesos, leches, harinas panificables y pan común.
• Pasa del 7,5% al 10%: pastas alimenticias y aceites de semillas.

Además, durante este tiempo, debido a varias acciones parlamentarias, se redujo el IVA del yogur, llevándolo al tipo mínimo del 4%. Entre medias de este impasse de dos años con reducción del impuesto sobre el valor añadido quedan varias polémicas en el tintero.

Una de ellas, demandada tanto por la oposición como por sectores productivos, era  que carnes, pescados y mariscos tributasen al 4%, considerándose así también alimentos básicos, y dejaran de estar gravadas al 10%. Sin embargo, esta petición cayó en saco roto por parte del gobierno.

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El Tribunal Supremo ha determinado este lunes que el considerado 'pan especial' de acuerdo a la normativa vigente tiene el mismo derecho al IVA superreducido del 4% que la Ley de dicho Impuesto fija para el pan común.

Así lo ha establecido una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del organismo judicial, a raíz del recurso presentado por una empresa que fabrica y comercializa panes tipo baguette. No aplicar esa reducción supone, según la recurrente, incumplir la legislación de la Unión Europea, que establece que los bienes y servicios similares deben recibir el mismo tratamiento en cuanto a efectos del IVA. Y dicha similitud debe considerarse desde el punto de vista del consumidor medio.

El Tribunal Supremo le da la razón, reconociendo que el pan baguette no presentan diferencias sustanciales establecidas por la Administración que el consumidor pueda percibir como un pan distinto al común. Además, la propia Ley del IVA no define los distintos tipos de pan, por lo que la aplicación de ese IVA superreducido se debe extender a todas las variedades de pan que se comercializan en España.

La no aplicación, concluye el Tribunal, “se opone al principio de neutralidad del IVA, en su faceta de garantía de la libre competencia y a la doctrina de dicho Tribunal de Justicia Europeo, según la cual la diferencia entre tipos de gravamen debe atender a la perspectiva del consumidor medio sobre los productos”.

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Las denominaciones y distinciones entre los diferentes tipos de pan sí aparecen descritas en el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan. En dicha norma se define al pan común simplemente como “el producto resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina y agua, con o sin adición de sal, fermentada con la ayuda de levadura de panificación o masa madre”.

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En el último Consejo de Ministros de 2023, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha impulsado una última batería de medidas anticrisis con las que afrontar 2024, tras un par de meses de tiras y aflojas legislativos para conformar gobierno.

Con numerosas medidas anticrisis pendiente de prórroga, el ejecutivo dirigido por Sánchez ha mantenido, si de IVA hablamos, algunas de las modificaciones que adquirió en 2021, mientras que ha propugnado ciertos cambios que afectarán a la cesta de la compra y a los gastos del hogar español.

Entre las medidas que se han mantenido está una de las estrellas del programa de gobierno que el ejecutivo socialista, junto a sus socios de Podemos, tomó en 2021 como la rebaja del IVA de determinados alimentos.

De esta manera, se mantendrá la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad entre los cuales se encuentran el pan, la harina, el queso, la leche o los huevos, así como verduras, frutas y hortalizas.

Esta medida se mantendrá, al menos, hasta el mes de junio de 2024, cuando se replanteará una subsecuente prórroga. También se van a mantener hasta esa fecha las rebajas en el IVA de los aceites y grasas vegetales, así como la pasta, que permanecerán en el 5%, cuando el impuesto habitual estaba situado en un 10%.

De nuevo, a pesar de que numerosas asociaciones lo han demandado de forma sistemática, como sucede con Fedepesca, los productos frescos y congelados del mar, así como las carnes, seguirán gravados al 10%, aún cuando se ha insistido desde estos colectivos para su supresión.

De nuevo sube la luz

Donde sí se aprecian cambios es en la nueva tarificación de la electricidad. De esta manera, el IVA pasará al 10% automáticamente en 2024, tras casi dos años con el gravamen en el 5%. No obstante, no es el primer cambio que se intuye en el medio plazo para el IVA de la energía eléctrica, pues la intención es que vaya recuperando el 21% precrisis en los próximos años.

Asociado a lo que tanto el gobierno como sus socios de coalición han bautizado como "escudo social", el resto de medidas de este último Consejo de Ministros de 2023 también ha apuntado a distintos derroteros que, sin embargo, no han satisfecho a todas las partes, incluso dentro del mismo ejecutivo.

No obstante, entre lo más relevante de los acuerdo está la ampliación de la bonificación del transporte público para todas las edades, así como la suspensión de los desahucios y la ampliación del Código de Buenas Prácticas hipotecarias.

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En términos parecidos, el gobierno también supeditará el cambio a un incremento de las pensiones, aunque se congela temporalmente el salario mínimo interprofesional y los funcionarios habrán de esperar para ver revalorizados sus salarios.

Imágenes | Pool Congreso. Congreso de los Diputados, Madrid 20.12.2023

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