Ha entrado en vigor el pasaporte europeo de animales de compañía, un documento que la Unión Europea sitúa en el centro de su nueva regulación para ordenar los desplazamientos de mascotas dentro del espacio comunitario y también hacia él. 

La medida afecta sobre todo a quienes viajan con perros, gatos y hurones, y busca que cada animal esté correctamente identificado, tenga su situación sanitaria actualizada y pueda ser rastreado con mayor facilidad durante cualquier movimiento entre países.

Bruselas pretende reforzar con este sistema la seguridad sanitaria y cerrar la puerta a prácticas irregulares, especialmente al comercio ilegal de animales. No se trata solo de añadir un trámite más al viaje. 

La intención es que los países europeos compartan criterios más claros sobre qué documentación debe acompañar a una mascota, cómo debe comprobarse su identidad y qué condiciones sanitarias son obligatorias antes de permitir su entrada o tránsito.

Cómo funciona el pasaporte europeo de animales de compañía

Este pasaporte funciona como un documento de identificación animal. Dentro deben figurar una descripción de la mascota, el código del microchip o, en los casos admitidos, del tatuaje identificativo, además de su historial sanitario. 

También recoge los datos de contacto del propietario y del veterinario autorizado que lo expide. Para que sea válido, la información médica debe estar al día, con especial atención a la vacuna contra la rabia, uno de los requisitos que la UE considera esenciales para prevenir riesgos de salud pública.

Perros, gatos y hurones son los animales incluidos en este sistema. Quedan, por tanto, sometidos a una documentación específica cuando viajen dentro de la Unión Europea o entren en ella desde otros territorios. 

Cualquier veterinario autorizado puede emitir el pasaporte a los dueños residentes en el espacio comunitario. Además, Bruselas reconoce como válidos para entrar en la UE o en Irlanda del Norte los pasaportes expedidos en lugares como Andorra, Suiza, Islandia, Noruega, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Gibraltar, Groenlandia, las Islas Feroe o el Vaticano.

Una de las principales limitaciones que introduce o aclara la normativa es el número máximo de animales que se pueden transportar. La regla general fija en cinco el límite de mascotas por viaje o vehículo. 

Superar esa cifra ya no se considera un desplazamiento ordinario salvo en casos concretos. Quien viaje con más de cinco animales tendrá que demostrar que participan en un concurso, una exhibición o una actividad deportiva, y que todos tienen más de seis meses.

Con esta restricción, la UE quiere diferenciar mejor los desplazamientos particulares de aquellos que podrían encubrir transporte comercial o tráfico irregular. 

Para una familia que viaje de vacaciones con una o varias mascotas, las condiciones básicas no cambian demasiado: microchip, pasaporte y vacunación válida. Sin embargo, para criadores, asociaciones o personas que muevan varios animales al mismo tiempo, los controles serán más estrictos.

La normativa también armoniza procedimientos entre Estados miembros. Eso significa que las autoridades tendrán criterios más homogéneos para revisar la documentación, confirmar la identidad del animal y comprobar si cumple los requisitos sanitarios. 

Cuándo entrará definitivamente en vigor el pasaporte europeo de animales de compañía

De igual forma, se regulan situaciones como el tránsito por territorio comunitario desde un país no perteneciente a la UE hacia otro destino, o la devolución de una mascota cuando un tercer país le deniega la entrada.

Desde el sector canino español se ha recibido la medida de forma positiva. La Real Sociedad Canina de España defiende que la trazabilidad y la prevención de enfermedades como la rabia deben ser prioridades en la legislación europea. 

También considera importante que el pasaporte sirva para combatir el tráfico ilegal de animales, una actividad que aprovecha las diferencias normativas y los controles insuficientes entre territorios.

Aunque la mayoría de las nuevas reglas empiezan a aplicarse desde ahora, algunos cambios llegarán de forma gradual. Los nuevos certificados sanitarios deberán utilizarse a partir del 1 de octubre de 2026, mientras que los pasaportes actualizados y determinados requisitos de identificación serán obligatorios desde el 1 de enero de 2028. 

Aun así, el mensaje principal ya queda claro: viajar con mascotas por Europa seguirá siendo posible, pero exigirá más orden, más documentación y un control más preciso de cada animal.

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Apenas está esbozada, o más bien solo iniciada, la batalla de ganaderos y agricultores españoles con las autoridades europeas a cuenta del controvertido acuerdo con Mercosur, cuando se abre ahora otro frente, también a miles de kilómetros de nuestras fronteras, pero que el campo considera igual o incluso más peligroso.

En este caso no median vínculos culturales, sino intereses económicos y estratégicos. La Unión Europea y Australia cerraron este martes 24 de marzo de 2026 en Canberra un acuerdo comercial rubricado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Entre sus puntos más sensibles figura la apertura del mercado comunitario a nuevas cuotas de carne australiana, tanto de vacuno como de ovino, algo que organizaciones agrarias como COAG contemplan con enorme recelo.

Las críticas de las organizaciones del campo llegan, además, en un momento especialmente delicado para el sector primario europeo, todavía muy presionado por el aumento de costes de producción, entre ellos los energéticos y los ligados al transporte. 

Puertas abiertas para corderos y ternera

El malestar se agrava porque muchos productores interpretan que Bruselas vuelve a exigir altos estándares ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad dentro de la UE mientras facilita la entrada de productos de terceros países sometidos, a su juicio, a reglas menos estrictas.

Desde COAG, Miguel Padilla ha denunciado que a las mesas europeas podría llegar procedente de Australia tras recorrer unos 17.000 kilómetros en contenedor frigorífico. La organización teme, además, que el consumidor no disponga de información suficientemente clara para distinguir el origen del producto ni las condiciones en las que se ha criado. 

También cuestiona que Australia siga permitiendo prácticas, como el uso de hormonas de crecimiento, prohibidas en la Unión Europea desde hace décadas, lo que a su entender genera una competencia desleal.

En el caso del vacuno, el acuerdo contempla una cuota de 30.600 toneladas mediante contingentes arancelarios, una cifra que vuelve a poner en pie de guerra a los productores europeos.

“El cordero que llegará congelado desde Australia esta Semana Santa habrá recorrido 17.000 kilómetros en un contenedor frigorífico, no sabremos con total seguridad si ha sido engordado con hormonas de crecimiento prohibidas en Europa desde hace 35 años y habrá generado seis veces más emisiones de transporte que un lechal español”, concluye Padilla. “Y sin embargo, gracias al acuerdo firmado hoy en Canberra, competirá en el mismo lineal, sin que el consumidor pueda distinguirlo claramente”.

Lácteos, azúcar y arroz, también en el candelero

Las quejas no se limitan al vacuno. El ovino también preocupa especialmente al sector español, ya que el pacto incluye nuevas cuotas para carne de cordero y ovino australiano, que pasará a competir en el mercado comunitario en fechas de alta demanda, como la Semana Santa o el final del Ramadán. A ello se suma la entrada de otros productos sensibles, como azúcar y arroz, que los agricultores ven como una presión añadida sobre unos precios que ya atraviesan una etapa muy frágil.

En resumen, el campo español teme que la UE vuelva a sacrificar a parte de su sector primario en nombre de una estrategia comercial y geopolítica más amplia. 

Bruselas defiende que el acuerdo con Australia servirá para reforzar la relación con un socio fiable, asegurar materias primas críticas y aumentar las exportaciones europeas, pero sobre el terreno ganaderos y agricultores lo leen de otra manera: más competencia exterior, más presión sobre los precios y más sensación de agravio regulatorio.

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Para muchos, y que esté libre de pecado que tire la primera piedra, los típicos botecitos de champú o de gel que poblaban las estanterías de los hoteles eran, en no pocos casos, uno de los souvenirs más recurrentes de cada viaje. Cabían en cualquier bolsillo. Servían para “por si acaso”. Pero ahora ya tienen los días más que contados, aunque desde hace unos años venían perdiendo protagonismo en muchas cadenas.

Esta pequeña costumbre turística ya tiene, además, una fecha clara de caducidad. Año 2030. Esa es la meta que maneja la Unión Europea para que desaparezcan de los alojamientos los envases unidosis de productos de higiene. Según el marco impulsado por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de 2030 no podrán ponerse en circulación en la UE esos mini formatos de cosmética y aseo que suelen encontrarse en hoteles. 

Hablamos de mini botellas de champú y gel, pero también de otros formatos similares. La intención es directa: recortar el consumo de plásticos de un solo uso y, con ello, el volumen de residuos de envases.

Detrás de la medida está el reglamento europeo 2025/40, centrado en envases y residuos de envases. Ya está en vigor desde principios de 2025, pero su aplicación general en todos los Estados miembros se extiende, según lo previsto, a partir de agosto de 2026. 

Aun así, algunas prohibiciones concretas se reservan para más adelante, con un calendario específico. Bruselas quiere reducir basura, reforzar la reutilización y el reciclaje, y también unificar reglas para evitar que cada país vaya por libre.

En el caso de la hostelería, el texto apunta a sectores que generan grandes cantidades de desechos. Restauración y hoteles aparecen señalados. La diana se sitúa en los “envases de un solo uso” para productos cosméticos, de higiene y de tocador. 

En el anexo que detalla las restricciones se citan, de forma explícita, las botellas de champú, las botellas de loción para manos y cuerpo y los sobrecitos asociados a jabones. Dicho de otro modo: lo que hoy muchos clientes usan y dejan a medias, o meten en la maleta porque “total, es gratis”, quedará fuera del juego.

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No todo, sin embargo, desaparece del baño del hotel. Seguirán permitidos los dispensadores de mayor tamaño. Muchos alojamientos ya los usan. Suelen ser recargables y, por tanto, encajan mejor con la lógica de reducir envases desechables. Así que el “bote grande” anclado a la pared o colocado junto al lavabo no se vería afectado del mismo modo. Cambia el formato. Cambia el gesto. Lo que se busca es cortar la cascada de plásticos pequeños que se consumen a diario.

También conviene fijarse en un matiz que suele sorprender. Jabones sólidos, por ejemplo, no quedan automáticamente a salvo si viajan en un envoltorio de usar y tirar pensado para una sola estancia. El problema no es el tamaño. El problema es el uso único del envase. Por eso entran en la conversación los sobrecitos y envoltorios individuales, incluso cuando el contenido no sea líquido. Menos plástico por habitación, noche tras noche: esa es la idea de fondo.

Adiós a forrar la maleta con papel film en el aeropuerto

La misma filosofía se deja ver en otras prohibiciones previstas para 2030. Un ejemplo llamativo aparece en los aeropuertos: el plástico con el que algunas personas envuelven la maleta para protegerla también está llamado a desaparecer. 

La UE prevé prohibir ese film estirable de un solo uso a partir del 1 de enero de 2030, con una entrada en vigor progresiva que avanza hasta finales de 2027. Se trata, de nuevo, de reducir residuos de envases y recortar el “usar y tirar” en lugares donde se acumula a gran escala.

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Queda otra pregunta práctica. ¿Qué pasa con las mini tallas que se venden en supermercados y droguerías, esas botellitas de viaje que uno compra antes de volar? 

En el debate aparece una frontera por definir: hasta qué punto se distinguirán los productos destinados a hoteles de los artículos de viaje para consumidores. Juristas y asociaciones profesionales interpretan que los formatos clásicos vendidos al público no son el centro de la prohibición. Aun así, el detalle exacto de esa línea será clave.

Mientras tanto, se despide un pequeño clásico. Se va un símbolo doméstico del viaje. Quizá dentro de unos años, al contarle a hijos o nietos que hubo un tiempo en el que el souvenir por antonomasia de un hotel era un botecito de champú, nos miren raro. Y tal vez se rían. Para entonces, el baño habrá cambiado de paisaje.

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Los pescadores y el Gobierno han llegado a un acuerdo par desconvocar los paros. 

106 cofradías de pescadores de toda España han pedido a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) que convoque un paro general de toda la flota española el próximo jueves 22 de enero.

¿El motivo? Presionar al Gobierno de España, que justo ese día celebra una reunión con la Secretaría General de Pesca, para que flexibilice la aplicación de la nueva norma de control aprobada en la Unión Europea, que está vigente desde el pasado 10 de enero.

La norma de control es el reglamento europeo que vigila la correcta trazabilidad de las capturas de pescado, para controlar las cuotas. Se aprobó en el Parlamente Europeo hace ya tres años, en 2023. Entre sus principales novedades, se encuentra la obligación de registrar también las capturas de la pesca recreativa, pero el problema al que se enfrentan las cofradías de pescadores no tiene nada que ver con esto, si no con la letra pequeña de la norma que dificulta su operativa diaria de una forma que no todos preveían hasta su puesta en marcha.

Un problema de tiempos

La nueva norma obliga a comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas, una franja de tiempo que, apuntan los pescadores, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.

En declaraciones a EfeAgro, el presidente de la FNCP Basilio Otero apunta que “es imposible” para una embarcación de bajura enviar con 4 horas de antelación el aviso previo, ya que se trata de barcos que trabajan cerca de la costa y, además, si luego tienen problemas de enganche de red o de que haya “más basura de la habitual”, pueden retrasar su entrada.

La norma obliga, también, a declarar las capturas desde el primer kilo, eliminando el mínimo anterior de 50 kilos, lo que podría llevar a que se multara a los barcos por pesar incorrectamente un solo ejemplar. Otero apunta a que si, por ejemplo, en un albarán se declara un gallo de San Pedro de 2 kilos y luego tiene 2,5 kilos al haber un exceso del 20 % puede desencadenar una multa de 3.000 euros.

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Aunque tres años después de su aprobación los pescadores no cuentan con que se cambie la norma de control, creen que la Secretaría General de Pesca tiene margen dentro de la normativa para flexibilizar su aplicación.

Las protestas contra la norma han unido a patronales, sindicatos y responsables políticos de distinto signo en las zonas afectadas, mayormente el litoral valenciano, balear y gallego, donde es mayor la flota de bajura.

En la Generalitat Valenciana, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca del PP, Miguel Barrachina, denunció la “desconexión con la realidad” del Gobierno central al “trasladar sin matices la nueva normativa europea”. Misma opinión que mantiene en Galicia Rosana Pérez, del BNG, que culpa, eso sí, a los dos grandes partidos de apoyar la normativa en Europa: “Esta no es una normativa para nuestra flota artesanal ni para nuestras rías. Está diseñada para otros tipos de embarcaciones de mayor tamaño y no reconoce la realidad de nuestro sector”.

La Federación Gallega de Cofradías destaca la “inviabilidad de cumplir una normativa en continuo cambio, cada vez más exigente, que en su aplicación generalizada a flotas artesanales, como buena parte de las gallegas, resulta desproporcionada e imposible de cumplir en la práctica”.

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El Tribunal de Cuentas Europeo, un organismo independiente de la UE responsable de auditar la acción de sus organismos, ha publicado un informe en el que reconoce deficiencias en los sistemas de control del aceite de oliva que, apunta, “podrían poner en peligro la calidad, la seguridad y la trazabilidad del producto”.

El aceite de oliva es un producto muy importante para la economía de la Unión Europea que es, al mismo tiempo, su principal productor, exportador y consumidor mundial (con el 61 %, 65 % y 45 % del mercado mundial, respectivamente).

Pero, aunque sobre el papel las normas de la UE para el etiquetado, verificación de la categoría y análisis de plaguicidas son estrictas, los auditores han constatado que algunos de los controles realizados están incompletos y que, en ocasiones, se excluyen partes del mercado de los análisis de riesgos. “Esto provoca lagunas en el sistema que pueden afectar a la calidad y, en última instancia, a la confianza de los consumidores”, reconoce literalmente la nota de prensa que acompaña el informe.

Lo más preocupante, señala el Tribunal, es la práctica ausencia de controles que se hacen al aceite de oliva que viene de fuera de la UE, que supone el equivalente al 9% de la producción anual.

Si bien los controles de residuos de plaguicidas en el aceite de oliva de la UE están sólidamente establecidos y rara vez revelan casos de incumplimiento, los auditores han constatado que los controles para detectar la presencia de plaguicidas y otros contaminantes en el aceite de oliva importado de países no pertenecientes a la UE eran inexistentes o esporádicos en los Estados miembros visitados.

El propio Tribunal constató fraudes punibles en su auditoria, que habían escapado al control de las autoridades: “En una muestra de veinticuatro aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra, comprobamos si podíamos confirmar el origen en la etiqueta. Constatamos que no era posible en el caso de cuatro aceites de oliva que procedían de más de un Estado miembro o eran de origen mixto, es decir, de la UE y de terceros países. El ejercicio también puso de manifiesto la dificultad de rastrear el aceite de oliva fuera de las fronteras nacionales, ya que la cooperación entre los Estados miembros no siempre es eficaz”.

España no hace suficientes controles

El informe señala también un distinto grado de cumplimiento de las normativas entre los estados miembros. Si bien, como señala el Tribunal, países como España e Italia –los mayores productores del mundo– rastrean el origen de las olivas y del aceite de oliva en todas las fases de la cadena de suministro mediante registros electrónicos, la Comisión Europea solo tiene una visión parcial del funcionamiento de otros sistemas de control nacionales.

“No siempre se cumplen las normas de la UE”, sentencian los auditores. "Algunos de los Estados miembros que visitamos no llevan a cabo el número mínimo de controles, realizan análisis de laboratorio incompletos o excluyen partes del mercado de sus análisis de riesgos. Con todo, los Estados miembros visitados complementan los controles de conformidad exigidos por la UE con otros tipos de controles. Cuando se detectan casos de incumplimiento, las sanciones y multas no siempre son eficaces ni disuasorias”.

Nuestro país se lleva un tirón de orejas del Tribunal, pues desde 2020, asegura, “las autoridades españolas han llevado a cabo muchos menos controles de categoría de los requeridos”. Algo que no ha ocurrido en el segundo gran productor de Europa, Italia, donde se han llevado a cabo muchos más controles del etiquetado de los exigidos.

El Tribunal apunta a que tanto Italia como España determinan las sanciones en función de las cantidades de producto en cuestión y de los beneficios obtenidos gracias a la actividad ilícita, algo que se considera una buena práctica, pero de nuevo reprende a nuestro país por tardar en aplicar las sanciones

“En Italia, las sanciones se deciden con relativa rapidez, en un plazo de 1,2 meses”, apunta el informe. “Sin embargo, en Bélgica, España y Grecia, los procedimientos tienen una duración mayor (cuatro meses, cinco meses y catorce meses, respectivamente). Esto retrasa la rápida retirada de los productos del mercado”.

El aceite de fuera de la UE, sin controles

Más difícil aún es garantizar la trazabilidad en lo que respecta al aceite de oliva procedente de más de un país de la UE o de origen mixto, es decir, de la UE y de terceros países.

“Ninguno de los Estados miembros que visitamos considera explícitamente el aceite de oliva importado de países no pertenecientes a la UE en sus análisis de riesgos para los plaguicidas y otros contaminantes”, apunta el informe. “España no ha llevado a cabo evaluaciones de riesgos para los productos importados a través de los puestos de control fronterizos hasta 2023. Además, no dispone de una evaluación de riesgos específica ni de un plan de control de las importaciones de aceite de oliva”.

Entre 2018 y 2023, asegura el Tribunal, solo se analizaron tres muestras en España para detectar residuos de plaguicidas y cincuenta para buscar otros contaminantes.

“Los consumidores deben poder confiar en la calidad y la autenticidad del aceite de oliva que compran”, afirma Joëlle Elvinger, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. “Aunque existen normas estrictas a escala de la UE, estas no siempre se aplican íntegramente. Mejorar los controles, la trazabilidad y la claridad jurídica es esencial para proteger no solo a los consumidores, sino también la reputación del aceite de oliva europeo”.

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Tras unas negociaciones muy complicadas, que comenzaron hace más de 25 años, la Unión Europea ha aprobado un acuerdo de libre comercio con Mercosur, la unión económica formada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Aunque el Parlamento Europeo debe ratificar el acuerdo, se da por sentado que saldrá adelante. Y será así pese a la oposición de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, los únicos países que han votado en contra de la alianza, pero han quedado en minoría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este fin de semana hasta Asunción, capital de Paraguay, para sellar oficialmente el acuerdo con los representantes de Mercosur. 

El acuerdo afecta a 270 millones de consumidores y supone la eliminación de los aranceles en las exportaciones de ambas partes, que se irán aplicando de forma gradual en un periodo de hasta 15 años.

Se calcula que la eliminación arancelaria puede hacer ahorrar a las empresas europeas cerca de 4.000 millones de euros al año, pero los agricultores y ganaderos temen que la libre llegada de productos alimentarios de Latinoamérica hunda aún más los precios de sus productos. Y es que ellos tampoco se verán beneficiados, aseguran, por una relajación aduanera que hace más fuerte al resto de eslabones de la cadena alimentaria: el procesado y la distribución.

No es de extrañar por tanto que mientras la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), patronal de la industria, celebra el acuerdo, lo critican con dureza –y movilizaciones– todas las organizaciones agrarias.

Ahora bien, no todos los sectores agroalimentarios van a verse afectados por igual. Y hay negocios, también en el sector primario, que pueden salir reforzados gracias al acuerdo.

Los que ganan

El Gobierno de España ha sido uno de los grandes defensores del pacto con Mercosur. Y lo ha sido porque nuestro país es una potencia exportadora: es concretamente el cuarto emisor de alimentos de la UE y el séptimo del mundo.

“Necesitamos aliados”, aseguraba el presidente español, Pedro Sánchez, la semana pasada, poco antes de que se firmara acuerdo. Sánchez ha insistido en que el tratado “refuerza el papel de Europa en el mundo y abre oportunidades para nuestras empresas, sin renunciar a proteger a nuestros productores”. 

Dado lo difícil que se está poniendo el mercado con EEUU, muchas empresas españolas buscan expandirse en Latinoamérica, y este acuerdo abarata enormemente el coste de entrada.

El aceite de oliva irá perdiendo su arancel de manera progresiva en 15 años, abaratando los costes sobre todo en los negocios con Brasil, que concentra el 98% de las exportaciones de Mercosur. Hablamos de una facturación anual total de 106 millones, que se espera crezca gracias al acuerdo.

La industria pesquera española tiene importantes intereses en Mercosur.

Sale también beneficiada la exportación de vino, cuya facturación anual con Mercosur es de 33,6 millones de euros, pese a que soporta aranceles de hasta el 35%. Estos se eliminarán en 8 años, menos los de los espumosos, que se liberalizan desde la entrada en vigor del pacto. Además, las bebidas espirituosas quedarán exentas de aranceles en 4 años.

Otro importante sector con intereses en Latinoamérica que se va a ver beneficiado es el de la industria pesquera, que fondea en aguas latinoamericanas para la elaboración de ultracongelados. Los plazos son dilatados, con un proceso de eliminación de aranceles de hasta 16 etapas, como en el caso de las exportación de sepia y calamares; pero a la larga es otro sector que saldrá ganando.

No obstante, el sector que mejor parado sale del acuerdo no tiene nada que ver con lo agroalimentario: es la industria del automóvil. La importación de coches tenía hasta la fecha un arancel del 35%, que también va a eliminarse progresivamente. Las primeras proyecciones aseguran que las ventas de coches europeos en Mercosur pueden triplicarse de aquí al año 2040.

Las organizaciones agrarias están convocando tractoradas en muchos países de la UE.

Los que pierden

El principal miedo de los agricultores reside en la entrada al mercado comunitario de productos de Latinoamérica con un coste de producción mucho menor.

Es el mismo problema que enfrenta el campo con los productos provenientes del Magreb: a priori, los productores europeos parten de una posición más difícil, al tener que competir en el mercado con alimentos más caros que los provenientes de Mercosur, que están sometidos a menores costes y una regulación más laxa a la hora de producir.

Los agricultores pedían la inclusión en el acuerdo de las llamadas “cláusulas espejo”, medidas para obligar a las empresas agrícolas exportadoras de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a cumplir con los mismos reglamentos que la Unión Europea.

Aunque estas cláusulas no se han aprobado, el acuerdo sí contempla una suerte de salvaguardas, que podrían suponer la vuelta inmediata de aranceles en caso de una brusca caída de los precios. Este mecanismo está pensado para alimentos especialmente sensibles como el vacuno, las aves, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la Unión Europea.

Aunque la ganadería puede verse afectada por la competencia de productos latinoamericanos, tiene menos que perder. En primer lugar, porque su exportación desde esas latitudes es más compleja que la de frutas y verduras, pero, además, porque el acuerdo va a facilitar, y abaratar, el abastecimiento de cereales de forraje esenciales para la industria de los piensos, como la soja.

La peor parte se la llevan sin duda, los productores de frutas, verduras y cereales. En concreto, el sector de los cítricos puede sufrir con la llegada de nuevos productores de zumos, una industria potente en Mercosur, pero los países latinoamericanos son también potentes en la producción de cereales y azúcar, que van a sufrir una mayor competencia.

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La Unión Europea ha decidido reducir nuevamente la tasa adicional de inspecciones a los cítricos egipcios que ingresan a su mercado. Esta decisión supone una nueva muestra de confianza en los esfuerzos realizados por Egipto para mejorar sus controles sanitarios y su sistema de supervisión de exportaciones agrícolas. 

A partir de la campaña de exportación de 2026, los cítricos egipcios —especialmente naranjas y mandarinas, que son el grueso de estas exportaciones— solo estarán sujetos a un 10 % de inspecciones adicionales. Esta cifra representa un descenso importante frente al 30 % que se aplicaba en 2023.

La nueva reducción llega tras una bajada anterior, en noviembre de 2024, cuando la Comisión Europea decidió rebajar del 30 % al 20 % el nivel de inspecciones exigido a los cítricos procedentes de Egipto. Ahora, por segundo año consecutivo, se ha vuelto a revisar este porcentaje a la baja, fijándolo en el 10 % a partir de enero de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura y Reclamación de Tierras de Egipto, Alaa Farouk, quien celebró la decisión como un reconocimiento internacional al trabajo que se ha venido desarrollando en el país. Esta medida, además de suponer una mejora en términos de imagen y reputación, incrementa de forma directa la competitividad de los cítricos egipcios en los mercados internacionales.

Una segunda rebaja en dos años

Uno de los factores clave que motivó esta decisión fue la implementación por parte de Egipto de un nuevo sistema de vigilancia y control agrícola. Este sistema, liderado por la Administración Central de Cuarentena Agrícola, ha permitido mejorar notablemente la calidad y seguridad de los productos exportados. 

Los resultados fueron presentados en conversaciones oficiales con el Comité Permanente de la Comisión Europea, que valoró positivamente los avances técnicos y procedió a la aprobación de la reducción. 

Un salvavidas para la agricultura egipcia que es ya el primer productor de naranjas en el hemisferio norte, habiéndose efectuado el sorpasso a España, hasta 2024 el líder en esta categoría. Se da también la paradoja de que España es, a su vez, el mayor importador de naranjas egipcias a nivel comunitario, al mismo tiempo que Egipto se posiciona como el segundo máximo exportador de naranjas a la Unión Europea.

Solo va a la zaga, con datos de 2024, de Sudáfrica –que mandó a Europa 478 millones de toneladas de naranjas; quedándose Egipto en 345 millones de toneladas, según la información que facilita Eurostat.

Evolución de las importaciones comunitarias de cítricos de terceros países en las campañas de 2023/2024 y 2024/2025 a 18 de noviembre de 2025. ©Eurostat.

El titular de Agricultura no dejó pasar la oportunidad para destacar la labor de coordinación institucional. En especial, elogió el papel desempeñado por la Oficina de Representación Comercial de Egipto en Bruselas, dirigida por el ministro plenipotenciario de comercio Nasser Hamed. Esta oficina facilitó los intercambios técnicos y ayudó a esclarecer las exigencias europeas. 

También se mencionó el esfuerzo conjunto del Sector de Servicios Agrícolas y Seguimiento, así como de la propia Administración de Cuarentena Agrícola, en la creación de marcos normativos que aseguran la calidad de las exportaciones.

Tarek El-Houby, presidente de la Autoridad Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSA), aportó otra perspectiva sobre el impacto de esta decisión. Según explicó, la rebaja al 10 % refleja una creciente confianza de las autoridades europeas en el sistema de control alimentario de Egipto. 

Importaciones totales, en miles de toneladas, de naranjas de terceros países desde el año 2016 hasta 2025. ©Comext Data.

Sin embargo, estas medidas no son del agrado de los productores españoles, como han protestado en reiteradas ocasiones asociaciones como Asaja Murcia, que denuncia que "las importaciones de Egipto ponen en riesgo la rentabilidad del sector hortofrutícola español", refiriéndose especialmente a "un gran riesgo fitosanitario para nuestro sector, además de un clarísimo caso de dumping social y de competencia desleal".

Las autoridades egipcias, a favor

Para El-Houby, esta disminución no solo es simbólica, sino que también confirma la eficacia del enfoque integral de seguridad alimentaria aplicado a lo largo de toda la cadena productiva. Desde los lugares de cultivo hasta los centros de embalaje, pasando por mecanismos de trazabilidad y controles de residuos de pesticidas, todo ha sido optimizado para cumplir con los requisitos europeos más estrictos.

Además, en los últimos meses se han reforzado los controles tanto antes como después de la exportación. Se han aplicado programas de inspección basados en la evaluación de riesgos y se ha vigilado especialmente el cumplimiento de los límites máximos de residuos permitidos. Estas medidas han logrado reducir considerablemente el número de alertas sanitarias emitidas por mercados internacionales, algo que ha jugado a favor del país del Nilo.

Desde la perspectiva económica, la rebaja en el porcentaje de inspecciones supone un alivio para los exportadores. Al reducir la carga de controles innecesarios, se aceleran los procedimientos de liberación en las aduanas y se abaratan los costos logísticos. Esto repercute directamente en una mayor competitividad para los productores egipcios de cítricos, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para posicionar sus productos en Europa frente a otros países competidores.

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The Wine Package es su nombre y pretende ser el sostén, al menos a medio y largo plazo, del futuro del vino en Europa. Convertido en un auténtico manifiesto de las intenciones comunitarias a la hora de defender el sector vitivinícola, 'el Paquete del Vino' es el programa de medidas que la Unión Europea ha promulgado, como salvavidas, para un sector sometido, principalmente, a dos cuerdas que amenazan su cuello.

Por un lado, el cambio climático y, por otro y no menos importante, un mercado que rota hacia beber menos vino y en el que los jóvenes no han llevado a cabo ese relevo generacional que mantenga el consumo en las mismas condiciones que hace décadas. 

Entre medias, dilemas clásicos que han llevado al sector a un punto de inflexión donde, por ejemplo, se están tomando medidas de arranque de viñas en algunas zonas de Francia, además de favorecer la elaboración de otros productos –como la destilación del alcohol– o primar la cosecha en verde para la reducción de rendimientos de la vid.

The Wine Package, que además se ha aprobado con una mayoría abrumadora (43 votos a favor, ninguno en contra) por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo está pendiente de pasar su validación definitiva en el Parlamento Europeo el próximo mes de enero.

Vinos sin alcohol, más promoción y fondos para enoturismo

Sin embargo supone, entre otras cosas, abrir la veda a nuevas referencias, permitiendo los vinos sin alcohol (siempre y cuando tengan un máximo de 0,05 % de alcohol) o 'alcohol reducido', siempre y cuando se aplique a vinos que tienen un 30% de grado inferior al de su categoría.

Del mismo modo, se pone negro sobre blanco en las herramientas comunitarias –y nacionales– para reducir los excedentes, el gran caballo de batalla de un sector que sigue produciendo como si todo el vino se consumiera, por lo que se facilitarán ayudas para arrancar viñas, vendimiar en verde o la destilación de crisis.

A todo ello también se apunta con manejos presupuestarios más flexibles, como trasladar los fondos no gastados al año siguiente, los aumentos de las ayudas o, y sobre todo, dar mucho más margen a la promoción del vino y al enoturismo, una realidad que el sector llevaba pidiendo desde hace años, marginado por el contenido alcohólico que impedía un acceso sencillo a determinadas inversiones como sucede con el enoturismo. 

En este caso, The Wine Package sí abre la puerta a que el enoturismo sea una actividad financiable con dinero público, además de que permitirá también que estrategias promocionales –como ferias, publicidad o campañas– se puedan financiar también con fondos de origen público.

Lo que no sabe, al menos de momento, es de quién va a depender esa financiación pública, por lo que, de momento, las intenciones comunitarias son un brindis al sol que pasarán paulatinamente a los tejados del resto de administraciones. 

El factor de la replantación: un matiz relevante en las figuras de calidad

Sin embargo, de todo el ambicioso proyecto, hay un matiz que no es del gusto de todos los elaboradores y que se puede considerar un tipo de amenaza, enfocado a favorecer figuras de calidad como las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP).

Generalmente bien vistas, ambas figuras son, en la teoría, un refrendo de un sello cualitativo que salvaguarda la calidad de un vino, ofreciendo estándares más altos que los vinos que carecen de este sello.

Pero, ¿qué pasa si haces un buen vino que no está dentro de una DOP? Aquí viene la amenaza velada a esos productores con la letra pequeña más severa de The Wine Package: la replantación, como explican desde Vinetur.

En este supuesto, los estados miembros se guardan el derecho a prohibir la replantación de viñedos en zonas susceptibles ser de DOP o IGP, pero que se utilicen en vinos fuera cualquiera de las dos normas.

Lo que puede ser, a priori, una medida de protección de la calidad (sin estas garantías, no replantas y no produces), también puede ser una amenaza para productores que hagan buenos vinos, pero no se vean representados por esas figuras de calidad, sus pliegos de condiciones o sus maneras de entender la forma de trabajar.

Dependerá cómo se use, evidentemente, y de quién es la decisión final –en caso de que se limiten las replantaciones–, pero es una situación que puede darse en un futuro no tan lejano: no imposible, pero sí plausible. 

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Una bebida sin alcohol no puede venderse como ginebra, según ha dictaminado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues esa denominación está reservada para una bebida específica, tal y como recoge la normativa comunitaria.

Así lo ha determinado el organismo tras examinar la denuncia presentada el año pasado por una asociación alemana que combate la competencia desleal, la cual pedía que se prohibiera a la compañía PB Vi Goods la venta de una bebida sin graduación denominada Virgin Gin Alkoholfrei (ginebra Virgin sin alcohol), publicitada con este nombre en diversas plataformas de venta. 

El denunciante argumentaba que ese nombre es contrario a la legislación de la Unión, violando pues una ley que establece que la ginebra debe elaborarse aromatizando alcohol etílico con bayas de enebro, y que el grado alcohólico mínimo en volumen de ese alcohol debe ser del 37,5 %. El tribunal alemán que se ocupó en primer lugar del caso lo traspasó a la corte europea, la cual confirma ahora que, efectivamente, la UE prohíbe presentar y etiquetar una bebida como «ginebra sin alcohol», debido precisamente al hecho de que dicha bebida no contiene alcohol.

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El Tribunal señala que esta prohibición no choca con la libertad de empresa que permite a la compañía fabricar y vender su producto, sino únicamente su venta con la denominación legal reservada a una bebida espirituosa específica. Además, añade, esta medida protege al consumidor ante posibles confusiones en cuanto a la composición de los productos que compra, y también protege a los demás fabricantes de una posible práctica de competencia desleal.

Esta sentencia marca pues un precedente que puede ser determinante en el sector de las bebidas espirituosas sin alcohol, una tendencia que está en alza y a la que muchas grandes marcas de bebidas espirituosas se están sumando, no solo de ginebra. Podrán usar el nombre propio de la bebida específica de cada compañía, pero sin incluir el término de la bebida alcohólica a la que sustituyen, ni en el diseño de la botella, ni a la hora de promocionar su venta.

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Nuevo giro en la guerra legislativa contra los productos vegetales. Tras haber permitido su uso en 2020, el Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de prohibir el uso de términos como 'hamburguesa', 'bistec' o 'salchicha' a productos elaborados con ingredientes de origen vegetal. 

Se trata de la iniciativa presentada por la eurodiputada francesa de centroderecha Céline Imart, autora de la enmienda que busca defender los intereses de la industria agraria y ganadera. “Un bistec, un escalope o una salchicha son productos de nuestra ganadería, no arte de laboratorio ni productos vegetales. Existe la necesidad de transparencia y claridad para el consumidor y el reconocimiento del trabajo de nuestros agricultores”, afirma Imer, quien también se dedica al cultivo de cereales en su país.

La propuesta de modificar el actual reglamento no ha pillado por sorpresa, especialmente tras la propuesta este verano de la Comisión Europea para prohibir el uso de hasta 29 términos en la comercialización de productos de origen vegetal. Pese a que en 2020 el Parlamento rechazó la enmienda que proponía ya entonces que los productos plant based utilicen nombres asociados con productos cárnicos, el giro hacia la derecha del Parlamento ha vuelto a cambiar las tornas.

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La iniciativa, que ha salido adelante con 355 votos a favor y 247 en contra, propone aumentar las restricciones que actualmente impone la legislación europea en los términos que pueden usar los productos de origen vegetal, lo que supondría prohibir nombres como hamburguesa vegetal, veggie burger, nuggets vegetales o salchichas de tofu. Se sumarían así a los  sucedáneos lácteos, pues la ley ya limita el uso de términos como leche o queso vegetal.

Para poder salir adelante, la enmienda deberá ser aprobada por una mayoría de los 27 estados miembros de la Unión Europea, pero no hay nada seguro. La industria de alimentos vegetales mueve también mucho dinero y hay países, como Alemania, que podrían salir muy perjudicados en el caso de aprobarse esta medida.

El diputado alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo de centroderecha, se ha mostrado particularmente molesto por tener que invertir tiempo en esta votación, afirmando que no es una prioridad en su partido. “Los consumidores no son estúpidos cuando van a los supermercados y compran sus productos”, declaró antes de la votación.

Es Francia el país que más está insistiendo en limitar al máximo el vocabulario de los productos vegetales, con el apoyo y la presión del sector ganadero y agrario detrás. El país ya vio cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea legislaba en su contra, determinando en 2024 que ningún país de la Unión puede prohibir a los alimentos elaborados con proteínas vegetales comercializarse con nombres equivalentes a alimentos tradicionalmente cárnicos.

Los defensores de esta propuesta afirman que, además de defender a los productores europeos, buscan proteger al consumidor, pero la oposición rechaza esta idea. “Un tomate corazón de buey no tiene carne de vacuno... Los ladyfingers ['dedos de dama', un tipo de galleta] no están hechos de dedos reales. Confiemos en los consumidores y acabemos con este populismo de perritos calientes”, zanjaba Anna Stürgkh, eurodiputada del grupo de centro austriaco Renew.

Una opinión que comparten tanto los grupos ecologistas como asociaciones vegetarianas y veganas, y que parece respaldada por los propios consumidores. Un estudio elaborado en 2020 por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), desveló que a la mayoría de la población europea no le preocupa el uso de nombres vinculados a la carne, siempre que el producto esté bien etiquetado como vegetariano o vegano.

Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la Comisión Europea, que debe valorar la iniciativa y votar si la misma pasará finalmente a convertirse en ley. Se espera que las negociaciones comiencen en las próximas semanas y se proceda a la votación a finales de este año.

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