Las celebraciones ligadas hoy a Halloween son producto de un batiburrillo de tradiciones, mitos y leyendas paganas y cristianas, bien aderezadas de consumismo. Son muchas las culturas que mantienen diversos ritos funerarios ancestrales, aunque es inevitable que hoy vinculemos la Noche de Brujas con montañas de dulces. Desafortunadamente para los vecinos de una pequeña ciudad británica, la venta de unos inocentes caramelos desembocó en tragedia.

Ocurrió a mediados del siglo XIX, en plena época victoriana, en un contexto de apogeo del Imperio Británico, con el acelerado desarrollo de las ciudades impulsado por la Revolución Industrial. Una industrialización que, sin embargo, trajo consigo una precaria vida urbana llena de peligros, especialmente en materia de salud pública. Tampoco ayudaba que los envenenamientos, accidentales o provocados, estuvieran a la orden del día.

Una consecuencia de esa nueva vida urbana fue la estandarización de un nuevo orden social con el gran desarrollo de la clase obrera y también de la clase media, que ahora podían acceder a bienes y recursos hasta entonces reservados a los más pudientes. Un claro ejemplo fue el dulce, otrora reservado a nobles y reyes, ahora adoptando nuevas formas para saciar el goloso paladar dulce de toda la población.

Fue el siglo de la expansión de la industria de galletas, chocolates y pasteles, pero también del mundo del caramelo duro, más fácil y barato de producir, almacenar, transportar y comercializar.

Solo había un problema; el azúcar era tremendamente caro. Y había que hacer negocio.

Azúcar adulterado

Fue en el siglo XIV cuando el uso del azúcar como ingrediente endulzante se generalizó en Gran Bretaña, pero era imposible cultivar la caña en tierras locales, como sucede en toda Europa. Había que importarlo, y eso salía muy, muy caro. Era un lujo reservado para los más pudientes.

Al extenderse el poder del Imperio por las Indias Occidentales (Antillas y Bahamas), aumentaron las exportaciones de azúcar, enriqueciéndose con esas operaciones los puertos comerciales británicos. Como consecuencia, la Corona impuso altos impuestos al llamado ya oro blanco, dejando al azúcar como un producto de lujo inaccesible para las economías más humildes.

Los fabricantes y comerciantes de dulces y caramelos, cada vez más comunes en las ciudades, apostaron por abaratar los costes y así hacerlos más accesibles a las clases más bajas. La técnica más habitual consistía en mezclar el azúcar con el llamado daft, una especie de polvo de yeso y caliza que, en principio, no presentaba riesgos para la salud, y era legal.

Nada que no se haya visto cientos de veces a lo largo de la historia de la gastronomía: sustitutos baratos en tiempos de carestía. Siempre que sepas qué estás usando como sustituto.

Caramelos envenenados

William Hardaker, conocido como Humbug Billy, tiene un puesto de caramelos en el Green Market de la ciudad de Bradford. Es 30 de octubre de 1858, final de mes y se acerca el Día de Todos los Santos, una fecha propicia para hacer caja. Su tienda es especialmente popular al ofrecer precios especiales y descuentos en los caramelos más decolorados o con un acabado menos fino.

Muy populares son los llamados humbugs, caramelos de azúcar duro de rayas de dos colores, normalmente blanco y negro o marrón, con aroma de menta, todavía hoy a la venta en tierras británicas, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. Hardaker vendió aquel día unos dos kilos de humbugs antes de cerrar e irse a casa. A la mañana siguiente, dos niños del barrio habían muerto.

Pese a que la policía atribuyó los fallecimientos a una de tantas enfermedades infantiles que abundaban en la época, según avanzó aquel día de Halloween se fueron sucediendo numerosas muertes repentinas sin causa aparente, entre personas de edades diferentes, y muchos otros cayeron enfermos.

Las pesquisas policiales apuntaron a los caramelos de Hardaker cuando el padre de otros dos niños pequeños fallecidos comentó sus sospechas. Otro joven del domicilio, tras probarlos, no tardó en caer muy enfermo.

Pero al acudir en la búsqueda del sospechoso de envenenamiento masivo, algo demasiado común en la época, la policía se encontró al propio Humbug Billy muy enfermo en su casa, en agonía. Mientras tanto, las muertes y los enfermos se sumaban por decenas en la ciudad.

Una serie de catastróficas desdichas

El culpable de los envenenamientos de 1858 de Bradford no fue otro que el desdichado azar, como apunta Jenny Elliott en Atlas Obscura, fruto del afán de lucro y las negligencias sanitarias.

Hardaker compraba los caramelos al fabricante mayorista Joseph Neal. Su receta consistía en una mezcla de goma, agua, aceite de menta, azúcar y daft. Ese polvo de yeso lo compraba en grandes cantidades a una droguería de una localidad cercana, cuya tarea encomendaba a un ayudante.

Óxido de arsénico

Dos semanas antes de la tragedia, el joven empleado salió con el encargo de adquirir unos 5,5 kilos daft para continuar con la producción de caramelos. Sin embargo, el farmacéutico estaba enfermo, postrado en cama, y no se fiaba de su inexperto ayudante para despachar los pedidos. Ante la insistencia del enviado de Neal, siguiendo las instrucciones dictadas, el joven aprendiz echó mano del recipiente donde creía que estaba el polvo blanco demandado.

Para desgracia del farmacéutico, del ayudante, de Joseph Neal y de todo Bradford, los botes estaban sin etiquetar y el chico se había confundido. Vendió más de 5 kilos de óxido de arsénico, que Neal dio a James Appleton, otro empleado encargado en la elaboración de los caramelos, para ponerse a trabajar. El desdichado Appleton terminaría vomitando por la exposición al veneno, pero no le dio mayor importancia.

Casi 20 kilos de caramelos envenenados salieron de la fábrica para ser vendidos en su mayoría en el puesto de Humbug Billy. Cada uno de aquellos humbugs tenía el poder suficiente para matar a un hombre adulto si no recibía tratamiento.

En total, 21 personas murieron aquel fatídico Halloween, en su mayoría niños, con más de 200 enfermos graves. Pudieron ser muchos más si no se hubiera alertado a toda la población aquella noche llamando a las puertas de las casas y vociferando mensajes por las calles. El farmacéutico, su aprendiz y Joseph Neal fueron arrestados como responsables, pero salieron absueltos al no poder acusárseles de cometer ningún crimen.

Todo fue fruto de un accidente, consecuencia de desafortunadas circunstancias. El trágico episodio causó mucho revuelo en la prensa que llegaría a influir en la creación de nuevas normas que protegieran un poco mejor la salud de los ciudadanos.

La Ley de Adulteración de Alimentos y Bebidas de 1860 modificó la norma en la que se podían mezclar y combinar ingredientes, pero más importante fue la Ley de Farmacia de 1868. Por primera vez era obligatorio que los venenos se vendieran en frascos especiales de vidrio coloreado y texturizado, debidamente etiquetados, se obligaba a los comerciantes a llevar registros con los nombres de los compradores.

Sería un poco más difícil a partir de entonces envenenar a la gente. Fuera a propósito o por un macabro baile del destino.

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Durante el verano de 2023, una denuncia interna desató uno de los escándalos más grandes en la historia reciente del vino espumoso francés. El protagonista fue Didier Chopin, un viticultor con sede en el departamento de Aisne, quien durante años engañó a miles de consumidores haciendo pasar vino tranquilo por auténtico champagne. 

Su método consistía en importar vino barato procedente de España y de la región francesa de Ardèche, al que luego añadía dióxido de carbono, licor de expedición y aromas artificiales para convertirlo en un falso espumoso. Ese producto era posteriormente embotellado y etiquetado como si fuera champagne legítimo, con nombres comerciales registrados, y distribuido a gran escala en Francia y en el extranjero.

La estafa salió a la luz gracias al testimonio de una exempleada que, preocupada por la magnitud del fraude, decidió alertar a las autoridades. A partir de esa denuncia, se abrió una investigación que reveló cifras alarmantes: entre 2022 y 2023 se habrían producido entre 500.000 y 600.000 botellas falsificadas. 

Sin embargo, la exempleada afirmó que la cifra real podría ascender hasta los 1,8 millones de botellas, vendidas bajo más de veinte marcas diferentes y exportadas a cerca de cuarenta países, como informan desde Le Figaro.

Al saberse investigado, Chopin huyó a Marruecos. Pero allí fue arrestado por haber emitido cheques sin fondos y pasó siete meses en una prisión del país antes de ser extraditado a Francia. Su regreso desembocó en un juicio mediático celebrado en la ciudad de Reims, corazón de la región de Champagne, donde se concentró la atención del sector vinícola.

Durante el proceso, la fiscalía describió el caso como un fraude premeditado, sistemático y con claros fines económicos. El tribunal determinó que Chopin había vulnerado las normas de la denominación de origen protegida Champagne, engañado a sus clientes y competido deslealmente frente a los productores legítimos. A esto se sumó el hecho de que utilizaba aditivos como gas carbónico y aromatizantes que no están permitidos bajo las estrictas reglas de producción del champagne.

La sentencia fue clara. Didier Chopin fue condenado a 18 meses de cárcel, con 30 meses adicionales en suspensión. Se le prohibió de por vida volver a poseer una empresa y no podrá trabajar en el mundo del vino ni del champagne durante un período de cinco años. 

Además, tanto él como su esposa fueron multados con 10.000 euros cada uno. La empresa, SAS Chopin, también fue sancionada con una multa de 300.000 euros por uso indebido de fondos y por prácticas comerciales fraudulentas. A esto se suman las indemnizaciones que deberán pagar al Comité Champagne y a varios compradores afectados por el engaño.

La esposa del viticultor también fue condenada a dos años de prisión en suspenso por su implicación directa en el fraude y por el uso indebido del nombre Champagne en las etiquetas de los productos falsificados.

Durante su declaración final, Chopin no ofreció defensa alguna. Se limitó a decir que había cometido un error, que estaba arruinado y que no tenía nada más que añadir. Con esas palabras terminó un capítulo oscuro para el sector vitivinícola francés, uno que ha dejado una profunda huella en la credibilidad de los mecanismos de control.

Queda aún pendiente una segunda parte del proceso judicial. El próximo 3 de febrero de 2026, Chopin deberá responder por posibles delitos relacionados con exportaciones irregulares y aduanas, ya que buena parte del vino falsificado fue vendido fuera del territorio francés.

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Soñar en unas merecidas vacaciones es gratis. Cumplirlas, quizá no tanto, pero llegar a tu alojamiento, tras haber invertido casi 6.000 euros en él, y comprobar que está okupado tiene bastante más de pesadilla que de otra cosa.

Precisamente, lo que le ha pasado a la familia Verhoeven, un grupo de turistas belgas que habían alquilado una villa en la localidad francesa de Hossegor, en Las Landas, en el sudoeste del país, y donde no solo toparon con el problema de la okupación, sino con el de la mala fe del arrendador.

Todo comenzó el pasado mes de octubre, cuando, según el periódico francés Midi Libre, habrían reservado el alojamiento por 5.880 euros. El primer pago debía hacerse nada más efectuar la reserva. El segundo, pocos días antes de entrar en el alojamiento.

Pero los Verhoeven nunca entraron en él. Reservada a través de la plataforma Gens de Confiance ('gente de confianza', en castellano, lo cual refuerza la paradoja), la villa parecía un pequeño paraíso entre bosques en una de las zonas más cotizadas de Francia.

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Sin embargo, nada de ello acabó siendo un paraíso. Apenas un día antes de que los Verhoeven fueran a entrar al inmueble, el arrendador se puso en contacto con ellos para decirles que "la casa estaba ocupada ilegalmente".

Incrédulos ante la situación, decidieron poner rumbo a su destino vacacional para comprobar de primera mano si así era. Dicho y hecho: cuando llegaron, en la puerta de la casa había un coche aparcado y dentro del inmueble se oían ruidos y música. Claro que el coche, un BMW, daba lugar a sospechar de que había algo más.

Tras poner una denuncia por fraude en la gendarmería de Capbreton el pasado 20 de julio y contratar un abogado, los Verhoeven mandaron un requerimiento formal a la inmobiliaria, propietaria de la vivienda.

Según otro diario francés, el periódico Sud Ouest, la propiedad explicaría que un par de socios de la inmobiliaria habían decidido instalarse en ella a pesar de la reserva, renunciando a irse a pesar de la insistencia de los Verhoeven y de la plataforma Gens de Confiance, que tuvieron que buscar otro plan vacacional.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) considera que la actual normativa comunitaria sobre el etiquetado del arroz que se comercializa en Europa permite “engañar descaradamente a los consumidores”, y por tanto exige un cambio urgente en la legislación.

Así lo ha trasladado la asociación a Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Alimentación de la UE, y a los europarlamentarios españoles de todos los grupos, tras archivarse una denuncia presentada en 2024 contra Aldi por inducir a la confusión del consumidor en el diseño del paquete de uno de sus productos.

Concretamente, AVA-Asaja cuestionaba el origen del cereal del Arroz redondo La Villa categoría extra, cuyo paquete aparece decorado con una imagen de dos agricultores con la indumentaria tradicional del cultivo del arroz en la Albufera valenciana. En opinión de la asociación, esta imagen induce a pensar que se trata de un arroz producido en Valencia; sin embargo, no aparece por ninguna parte especificado ni siquiera el país de origen del mismo.

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El expediente, presentado en febrero de 2024 ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), fue derivado a la Conselleria de Agricultura, cuyos inspectores pudieron analizar la trazabilidad del producto envasado por Maicerías Españolas S.A., comprobando que el arroz procedía de Singapur y Tailandia. Sin embargo, la denuncia ha sido archivada porque la actual normativa europea “no permite sancionar confusiones intencionadas sobre la calidad y el origen del arroz”.

Es por ello que la asociación exige un cambio “urgente” de dicha normativa, la cual, considera, favorece a los intereses políticos y económicos vinculados con los grandes importadores, perjudicando tanto a los productores nacionales como al consumidor europeo. En este sentido, la asociación destaca que el arroz analizado, anunciado como de  “categoría extra”, presentaba numerosas imperfecciones, lo cual además puede dañar la imagen del arroz de calidad europeo y español.

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La Policía Nacional ha arrestado en Marbella a un trabajador de una churrería acusado de haber manipulado de forma continuada una máquina de cobro automática para apropiarse de unos 86.000 euros.

Según informaron fuentes policiales, tal como recoge Diario Sur, el empleado habría alterado el funcionamiento del sistema de pago electrónico del establecimiento en el que trabajaba, reportándole enormes beneficios acumulando a lo largo del tiempo.

Las alarmas saltaron cuando los dueños detectaron un desfase considerable entre los tickets generados por la máquina y el dinero que realmente acababa en el compartimento de seguridad del local. Ante esta irregularidad, se inició una revisión interna que, con el apoyo de imágenes de videovigilancia, permitió esclarecer los hechos.

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El método, conocido popularmente como "el truco del cambio", consistía en introducir billetes en la máquina, activar la devolución del importe, y, sin embargo, quedarse con el cambio correspondiente a una supuesta transacción. De este modo, el sistema quedaba engañado, pues no registraba que el pago inicial había sido anulado, pero sí entregaba el efectivo como si la operación hubiera sido legítima.

Los responsables del local, que llegaron a contactar a la empresa fabricante de la máquina para esclarecer qué estaba pasando, detectaron que esta discrepancia era constante y desproporcionada.

El funcionamiento de estos dispositivos está precisamente diseñado para evitar que los empleados manipulen el dinero en efectivo, ya que el sistema automático debe realizar los cobros y almacenar el efectivo de forma segura.

Por ello, tras contactar con la empresa proveedora de la máquina, los propietarios recibieron confirmación de que el aparato no presentaba fallos técnicos, por lo que las pérdidas no podían atribuirse a errores de funcionamiento, sino a una manipulación deliberada.

La máquina no lo detectaba

Gracias a las grabaciones, los agentes observaron que el trabajador realizaba operaciones inusuales en la caja de seguridad. Insertaba billetes, ejecutaba un comando en la pantalla y recuperaba el mismo billete, obteniendo además el cambio como si hubiera realizado un cobro real, lo que la máquina no estaba programada para detectar.

Este procedimiento fraudulento se repitió durante al menos un año, generando un perjuicio económico para la churrería de alrededor de 86.000 euros. Además, el empleado acudía al local fuera de su jornada laboral y, tras consumir, utilizaba su técnica para recuperar billetes de gran valor —como uno de 200 euros— y llevarse el cambio, incrementando así el dinero sustraído.

La investigación fue desarrollada por el grupo especializado en hurtos de la Comisaría de Marbella, que procedió al registro del domicilio del detenido y al bloqueo temporal de sus cuentas bancarias como parte del proceso judicial.

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En DAP | Así fue la elaborada estafa de un gallego para vender 100.000 euros de pulpo a un francés sin tener un solo cefalópodo

Pocos tendrán en mente el popular pulpo al pensar en fraudes y estafas gastronómicas, más dadas a productos de lujo como vinos y licores, trufa, caviar o ibéricos. Y, sin embargo, una empresa francesa ha sufrido el engaño de un gallego que cobró unos 100.000 euros por más de diez toneladas de pulpo fresco que jamás llegaron a su destino. Un negocio redondo que además le apareció de casualidad.

Corría el año 2019 cuando la compañía importadora de pescado Antoine Abchée et Fils dio con el nombre de TL Peche Sarl, empresa registrada en Mauritania a cuyo frente estaba José Benito R. B., gallego por entonces residente en Tomiño (Pontevedra). Los franceses andaban tanteando suministradores de pulpo en grandes cantidades, y el español parecía ser la persona que estaban buscando. Pero todo resultaría ser una estafa que terminaría en juicio.

Ha sido este mes de febrero cuando el mencionado José Benito R. B. se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentarse a la demanda de la empresa gala. Según detalla El País, los magistrados no muestran ninguna duda de que el acusado es culpable de delito de estafa, pues nunca llegó a tener la intención de suministrar el producto acordado, y por el que recibió casi 100.000 euros.

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El acusado cuidó hasta el mínimo detalle en su plan para convencer al director comercial de la compañía francesa, presente en el juicio, y sus compañeros. Tras contactar con la compañía, supuestamente, mauritana TL Peche Sarl, por correo y por vía telefónica, los franceses llegaron a reunirse con José Benito R. B. en el propio país africano para que este les mostrara las instalaciones, entonces vacías.

El gallego les convenció de que estaban en "paro biológico", pero que podría suministrarles sin problema el pulpo que necesitaran. Ambas partes llegaron incluso a verse en una feria de pescado internacional, en Bruselas, donde no había ni rastro de ningún stand de la empresa, pero el acusado parecía moverse como pez en el agua del mundillo con una seguridad tal que les transmitió total confianza.

En junio de 2019 llegaría el primer y único encargo de los franceses a José Benito. Cerraron la operación en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria: casi 100.000 euros por más de diez toneladas de pulpo. Pero el cargamento de cefalópodos nunca llegaría.

Tras darles muchas largas y poner todo tipo de excusas, "absurdas" en opinión de los magistrados, los empresarios franceses terminaron por desesperarse, llevando el asunto finalmente a los juzgados. A José Benito R. B., aunque puede recurrir, se le condena finalmente a dos años de cárcel, a una multa de 1.080 euros y a devolver el dinero cobrado más intereses.

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Las reseñas virtuales o reviews online nacieron como una herramienta para que los usuarios de un servicio, empresa o producto pudieran expresar públicamente su opinión, y así orientar a futuros clientes, pudiendo al mismo tiempo ayudar al negocio que cuenta con puntuaciones favorables. El problema es que muchas de esas reseñas son falsas y cada vez perjudican más al sector hostelero, algo que Italia se ha propuesto combatir.

Aunque en teoría ya es ilegal publicar reseñas falsas en el país, lo cierto es que estas siguen proliferando en las diferentes plataformas a diario, dañando no solo a la reputación de las empresas, sino perjudicando directamente sus ganancias. Según cálculos del Ministerio de Empresas italiano, las reseñas manipuladas pudieron afectar a entre el 6% y el 30% de los ingresos del sector turístico el año pasado.

El pasado mes de febrero, la ministra de Turismo Daniela Santanché se reunió con con las principales asociaciones del sector asumiendo el compromiso de trabajar conjuntamente en las medidas necesarias para atajar este problema. Así, esta semana se ha presentado un proyecto de ley que obligará a los usuarios que quieran dejar una reseña a identificarse y demostrar que probaron el servicio en cuestión.

La nueva medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento, plantea además que las reseñas deberán publicarse dentro de los 15 días posteriores a la visita, no más tarde, y deberán ser relevantes y suficientemente detalladas. Además, si se demuestra que son falsas, podrán ser eliminadas si la empresa perjudicada lo solicita, un derecho que también podrán ejercer con las reviews de más de dos años de antigüedad, en caso de no ser ya relevantes.

"Las reseñas, que gracias a esta intervención normativa serán efectivamente veraces, son fundamentales para el éxito de las empresas y para la confianza de consumidores y turistas, y por tanto para la credibilidad del sistema italiano", ha declarado Santanché, afirmando que la medida protegerá el tejido empresarial del turismo italiano garantizando "un mercado justo y transparente".

Esta problemática afecta ya a países de todo el mundo, pues las opiniones virtuales se han convertido casi en el único método que usan millones de personas para decidir dónde van a comer, qué museo van a visitar, en qué hotel van a dormir o a qué compañía van a alquilar un coche.  Según un informe de 2021 de la consultora Brightlocal en Estados Unidos, un 40% de potenciales clientes descartaron los servicios de aquellas firmas que tuvieran una valoración inferior a 4 estrellas en Google.

También en España es un tema que preocupa cada vez más. La OCU ha alertado ya en el pasado sobre la cuestión, comprobando a través de su propia investigación que hay un número creciente de reseñas fraudulentas en plataformas como Booking, TripAdvisor o Amazon. Una puntuación alta es capaz de posicionar a la cabeza a las empresas en los buscadores y atrayendo la confianza de los usuarios; las malas reseñas, por el contrario, pueden hundir la reputación online, haciendo desaparecer su nombre o directamente espantando a posibles clientes, que prefieren curarse en salud ante una puntuación baja o comentarios negativos.

Este poder ejercido sobre el anonimato ha provocado la multiplicación de reseñas pagadas o patrocinadas de manera encubierta, y también de bots automáticos que pueden dejar buenas o malas reseñas, para perjudicar a la competencia. Ante esta situación se modificó la legislación española en 2022, reformando la Ley de Competencia Desleal y también la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es ilegal dejar reseñas falsas o manipuladas, pero perseguirlas es otra historia.

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La nueva ley italiana pretende acabar con el anonimato tras el que se escudan estas opiniones fraudulentas, obligando a demostrar además que el usuario que deja su reseña realmente tiene una experiencia reciente como cliente del servicio. Esta pérdida de la privacidad no gusta demasiado a parte del sector, que ve una posible reducción drástica de las reviews, lo que también puede ser perjudicial.

El Ministerio italiano no ha concretado quién decidirá si una reseña es o no falsa, pero la responsabilidad de verificar las evaluaciones y emitir las correspondientes multas recaerá en el organismo de control antimonopolio de Italia.

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La Guardia Civil, con la colaboración del Servicio de Agricultura de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Granada, y de la Delegación de Hacienda de la misma provincia, ha desarticulado en Motril un grupo criminal dedicado al fraude alimentario en mercados europeos.

El grupo criminal vendía frutas y verduras como si fueran de producción ecológica certificada cuando en realidad se trataba de vegetales procedentes de la agricultura convencional, con el consecuente aumento de precio. Estos falsos productos se vendían en los principales mercados europeos, en los que solo en los últimos seis meses llegaron a vender más de dos millones de kilos de productos hortofrutícolas.

Los agentes han detenido a cuatro personas e investigado a 16 más por un delito de estafa agravado, de falsedad documental, de falsedad de certificado, de uso de certificados falsos, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de pertenencia a grupo criminal.

La llamada operación Obstteller comenzó tras una inspección que realizaron los agentes del SEPRONA a la empresa investigada durante la fase de desarrollo de la operación Opson XI, en la cual se detectaron diversas irregularidades. Posteriormente, los agentes descubrieron que los detenidos contaban con la colaboración de laboratorios homologados que realizaban múltiples análisis de los productos hasta que dieran negativo en los fitosanitarios prohibidos según la normativa ecológica europea.

La empresa, cuyo propietario y testaferros han sido detenidos, trabajaba con frutas y verduras de parcelas no incluidas en los registros oficiales del Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía (SIPEA), y se distribuían con documentación falsificada, con una total falta de trazabilidad.

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La Audiencia Nacional ha condenado a penas de casi cinco años de cárcel a tres acusados por vender como aceite de oliva virgen extra de Jaén una mezcla de aceite adulterada. El juicio, que arrancó el pasado lunes 5 de febrero y se prolongó hasta el jueves, ha confirmado los delitos por los que se les acusaba, sumándose a las penas de prisión una indemnización económica a los perjudicados por el fraude.

Según los hechos probados y descritos por el escrito de calificación de la Fiscalía, los acusados, tres hombres con antecedentes penales, acordaron en el año 2017 vender garrafas de falso aceite de oliva virgen extra con con “ánimo de enriquecimiento injusto”. Dichas garrafas contenían cinco litros de aceite etiquetado como si fuera de la máxima calidad, pero que en realidad estaban adulteradas, con una mezcla de 70% de aceite de girasol y 30% de de aceite de oliva, aproximadamente.

Con el fin de obtener el mayor beneficio posible, vendían el aceite a intermediarios a un precio inferior al del mercado en esos momentos, inventándose para la operación su propia marca de aceite con el nombre de 'Bellum Olei', supuestamente producido por una cooperativa de Úbeda y bajo el sello de DOP de aceite de Jaén.

Asimismo, entre los años 2017 y 2018 los mismos acusados pusieron a la venta nuevas garrafas de cinco litros de la falsa marca 'Carrasqueño', etiquetadas como aceite de oliva virgen extra que producido por la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del Perpetuo Socorro, de Alcaudete (Jaén), conteniendo de nuevo una mezcla adulterada.

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Los acusados vendían estas garrafas a intermediarios con el fin de ponerlas a su venta al consumidor final, presentando documentación falsificada. Llegaron a adquirir más de 74.000 litros de aceite para adulterar, vendiendo miles de litros de su aceite fraudulento a diversos empresarios en toda España. La Guardia Civil localizó este aceite adulterado en diferentes puntos, como una nave industrial de Arganda del Rey (Madrid) o supermercados de Fuenlabrada, Jerez de la Frontera o Córdoba.

Considerados probados los hechos, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han condenado a los tres acusados por delitos de falsedad, contra la propiedad intelectual y continuado de estafa, con penas de entre 3 años y medio y 4 años y 9 meses de cárcel. Además, deberán indemnizar a los perjudicados por el fraude con las cantidades que les defraudaron.

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En DAP | Fraude en aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva suave: retiran estas marcas y piden que no se consuman

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La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha informado de la intervención de varias marcas comerciales de aceites de oliva fraudulentos elaborados de forma clandestina cuya etiqueta no se corresponde al contenido indicado, con las denominaciones aceite de oliva virgen extra y aceite suave.

Se trata de una información relativa a las actuaciones realizadas por el SEPRONA de la Guardia Civil, junto con inspectores de la citada Consejería, en una nave industrial en Mairena del Alcor (Sevilla) los pasados días 4 y 5 de diciembre.

Los agentes localizaron en esta operación el envasado clandestino de aceites comestibles sin contar con registro sanitario o cumplir con las condiciones higiénicas que establece la legislación. Los aceites que se estaban preparando para su distribución y venta comercial se etiquetaban como de oliva virgen extra y de oliva suave, siendo sin embargo mezclas de otros aceites de semillas y de aceites lampantes.

A pesar de que no se ha constatado hasta ahora ningún riesgo sanitario vinculado al consumo de estos aceites, Salud y Consumo recomienda no adquirir ni consumir ninguna de las marcas comerciales incluidas en los productos, etiquetas y documentaciones intervenidas, procedentes de empresas andaluzas de Campillo (Málaga), Almargen (Málaga), Baena (Córdoba), Lucena (Córdoba), Los Rosales-Tocina (Sevilla), Deifontes (Granada) y de la Región de Murcia.

• CARRERO, aceite de oliva virgen extra, envasado para Distribuciones Oleotop, c/ Tomás de la Victoria 9, Los Rosales-Tocina Sevilla.
• CARRO, Aceite de Oliva Virgen Extra, Producto España, Murcia C.P 30001.
• ESENTIAL, Aceite de Oliva Suave, envasado para Distribuciones Oleotop, c/ Tomás de la Victoria 9, Los Rosales-Tocina Sevilla.
• ACIENCIA,  aceite de oliva virgen extra envasado por Aceites Tarama SA, Polígono INdustrial Los Llanos Parc. 94-04, Baena (Córdoba).
• AGRICULTOR DEL VALLE,  aceite de oliva virgen extra, envasado por 16.006007/MA en Almargen (Málaga).
• LA RAMA, ACEITE DE SABOR SUAVE envasado por 16.006007/MA en ALMARGEN (Málaga).
• OLEO L.U.X.E.,  aceite de oliva virgen extra envasado por 16.006007/MA en Almargen (Málaga).
• OLIV, aceite de oliva suave envasado por 16.006007/MA en Almargen (Málaga).
• SCUDO,  aceite de oliva virgen extra envasado por Almazara la Ribera S.L. (Deifontes, Granada) empresa dada de baja desde marzo de 2023. En este caso la dirección que figura en la etiqueta (Márquez de Casa Blanca, 2) es errónea y es lo que indica el fraude.
• TESORO DE OLIVA,  aceite de oliva virgen extra envasado por Hortelano Foods, Almargen (Málaga).
• TIERRA DE ARBEQUINO, aceite de oliva virgen extra envasado por Hortelano Foods, Almargen (Málaga).
• VALLE DE ARBOSANA, aceite de oliva virgen extra envasado por Hortelano Foods, Almargen (Málaga).

Debido a tratarse de una actividad clandestina de la que no se dispone de información de trazabilidad, se desconoce si alguno de estos productos ha podido  llegar a los consumidores, aunque según la información aportada por la Guardia Civil podrían haberse comercializado en Los Rosales, Tocina, Sevilla y Huelva.

Se recomienda por precaución a los consumidores que no adquieran aceites con esas etiquetas y, en el caso de  haberlos adquirido, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra para su gestión correspondiente por las autoridades.

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