El verano ya no solo se mide en grados, sino también en normativa. Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, han dejado de ser un problema puntual para convertirse en una cuestión estructural que empieza a colarse en la regulación laboral.

En bares y restaurantes, donde buena parte del trabajo se desarrolla al aire libre, la exposición al calor no es una anécdota, sino una rutina. Camareros en terrazas al sol, cocinas que superan con facilidad los 40 grados y jornadas que no siempre se ajustan a la meteorología.

En este contexto, el sector ha empezado a moverse. Sindicatos como FeSMC-UGT y CCOO Servicios, junto a patronales como Hostelería de España y CEHAT, han firmado una modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería para adaptarlo a este nuevo escenario climático.

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La Aemet, clave

Según han explicado los sindicatos en un comunicado, el cambio no es menor. Introduce por primera vez medidas específicas frente a riesgos climáticos extremos dentro de los planes de prevención laboral, algo que hasta ahora se abordaba de forma más genérica. La referencia clave serán las alertas meteorológicas oficiales, como las que emite la Aemet.

A partir de ahí, las empresas deberán identificar qué puestos están más expuestos al calor: terrazas, repartidores o cocinas sin ventilación adecuada. Y, en función del nivel de alerta, ajustar la actividad para evitar riesgos reales para la salud.

Una de las consecuencias más visibles afecta directamente a las terrazas. Si no cuentan con sistemas suficientes de sombra o refrigeración y se activa una alerta roja o naranja por calor extremo, el servicio exterior deberá suspenderse temporalmente.

Eso no implica necesariamente cerrar el negocio. El interior del local puede seguir funcionando, pero la terraza (el espacio que en muchas ciudades define el ritmo del verano) queda fuera de juego durante las horas más críticas o mientras dure la alerta.

Antes de llegar a ese punto, la normativa plantea alternativas. Cambios de horario para evitar las horas centrales del día, rotación de personal o medidas básicas como facilitar agua fría y ropa más transpirable forman parte de las opciones.

Más de 50.000 euros

El margen, sin embargo, tiene límites. Obligar a trabajar en condiciones de riesgo sin medidas de protección puede derivar en sanciones importantes. La Inspección de Trabajo contempla multas que, en los casos más graves, pueden superar los 50.000 euros.

El fondo de la cuestión va más allá de la hostelería. Lo que se está redefiniendo es el derecho del trabajador a no exponerse a situaciones extremas que comprometan su salud, algo que hasta hace poco quedaba en un terreno más difuso y que ahora empieza a concretarse en obligaciones claras.

Fotos | En Pexels: Nick  Gorniok y Mehmet Turgut  Kirkgoz.

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El mes de noviembre de este año 2026 es la fecha límite para que todos los establecimientos de venta de alimentos y hostelería se adapten al reglamento europeo sobre envases. El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) ya es una realidad en muchos países y en España vamos con retraso, pese a que era un sistema que ya funcionaba antiguamente en muchos lugares del país.

El SDDR será obligatorio en todos los países de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2029. En España es una medida incluida dentro de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, conocida como Ley de Residuos de 2022, que planteaba como objetivo reciclar el 70% de todo el plástico en circulación en el mercado para 2023. No se consiguió, por lo que en 2025 se aprobó finalmente adoptar el modelo de retorno de envases que lleva tiempo funcionando en países como Alemania.

La premisa es sencilla: los establecimientos deberán cobrar un importe por cada botella, lata, brick o envase similar vendido al consumidor. No es una tasa o impuesto adicional, sino que funcionará como depósito, ya que los consumidores tendrán el derecho de recuperar ese dinero entregando de vuelta el envase vacío en los puntos de venta o en otros puntos habilitados. El objetivo es llegar a un 90% de recogida separada de estos envases que tantos residuos generan al año.

El SDDR afectará, sobre todo, a supermercados, tiendas de alimentación y comercios afines, que también están obligados por la misma Ley de Residuos a reducir la generación de residuos alimentarios priorizando la donación de los excedentes, su transformación o reciclaje como compost.

Las “buenas prácticas” que indica la norma para fomentar la economía circular también afectan al sector Horeca de hostelería y restauración, aunque de una manera algo distinta. Hace ya tiempo que se han eliminado los plásticos de un solo uso como las pajitas de plástico o los cubiertos, y también se cobra una tasa obligatoria por los productos de plástico no reutilizables, normalmente en los pedidos a domicilio. 

Pero, en principio, los bares, restaurantes y cafeterías estarán exentos del cobro obligatorio de ese depósito de devolución, ya que los productos vendidos se consumen en el propio establecimiento, en mesa o barra, y es el propio local el que retira los envases vacíos en el mismo servicio. 

En los casos excepcionales de locales que sí permiten vender botellas, latas o bricks para llevar, deberá aplicarse el cobro del importe extra. También se podrá cobrar por los envases de plástico que se faciliten para llevar las sobras, aunque se recomienda el uso de envases de otros materiales más sostenibles. Además, se quiere fomentar el uso de envases reutilizables, por lo que deberán permitir al cliente que acuda con sus propios recipientes rellenables, siempre informando de su uso correcto y sin hacerse responsable de un posible mal estado.

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Con el aumento de las temperaturas, jardines, patios y parcelas privadas se llenan de brotes nuevos, ramas más largas y setos que crecen sin pedir permiso. Y es entonces cuando muchos descubren que, aunque su jardín sea suyo, no todo vale si hay un vecino al lado.

La regulación no es nueva ni reciente. Está recogida en el Código Civil desde 1889 y sigue plenamente vigente. Lo que cambia ahora no es la ley, sino el comportamiento de la vegetación: crece, se expande y, en algunos casos, invade espacios ajenos. Ahí es donde entran en juego una serie de derechos que suelen activarse precisamente en estos meses.

Cuestión de distancia

Uno de los puntos clave es la distancia a la que se pueden plantar árboles y setos respecto a la propiedad vecina. La norma general fija dos metros para árboles altos y 50 centímetros para arbustos o árboles bajos, salvo que exista una ordenanza municipal específica. Si no se respeta esta separación, el vecino puede exigir que se retiren.

No es una cuestión menor. En muchas viviendas, especialmente en zonas residenciales o urbanizaciones, se plantan setos para ganar privacidad o delimitar espacios. El problema aparece cuando, con el paso del tiempo, ese crecimiento natural invade el terreno colindante o afecta a su uso.

Otro de los escenarios más habituales en esta época tiene que ver con las ramas que sobresalen. La ley es clara: si las ramas de un árbol cruzan hacia la propiedad vecina, el afectado puede reclamar que se poden. No importa si el árbol estaba bien plantado en origen; lo que cuenta es su estado actual.

Las raíces generan todavía más fricción. Cuando se introducen en la parcela de al lado, el propietario afectado puede cortarlas directamente dentro de su terreno. Es una medida que la ley permite sin necesidad de autorización previa, precisamente para evitar daños en suelos, muros o instalaciones.

Árboles medianeros

Existe además una figura menos conocida: los árboles medianeros, aquellos que crecen justo en la línea divisoria. En estos casos, se consideran compartidos y cualquiera de los propietarios puede pedir su eliminación. Solo hay una excepción: si esos árboles actúan como referencia histórica del límite entre fincas, no pueden retirarse sin acuerdo mutuo.

En cuanto a las consecuencias, el Código Civil no habla de multas directas. Lo que sí permite es acudir a la vía judicial si no se cumplen estas obligaciones. Esto puede acabar en una sentencia que obligue a podar, retirar árboles o incluso indemnizar por daños causados.

Las sanciones económicas, cuando existen, suelen venir de normativas municipales. Algunos ayuntamientos sí contemplan multas por el mal mantenimiento de parcelas privadas o por generar molestias a vecinos, lo que añade una capa más de responsabilidad a los propietarios.

Con la primavera, que tantas cosas bonitas trae, también surgen este tipo de desacuerdos a partir de algo tan baladí como una rama que crece demasiado o un seto que se descontrola. Y como suele pasar con casi todo lo que tiene que ver con vecinos, lo que arranca como algo pequeño puede acabar en una conversación incómoda o en algo bastante más serio.

Fotos | Haberdoedas Photography y Aleksander Dumała

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La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado mes de septiembre en el Pleno del Congreso para combatir la reduflación finalmente va a cuajar este año. Tras obtener una mayoría favorable en el hemiciclo, con casi todos los partidos votando a favor de combatir esta práctica, exceptuando a Vox,  el Gobierno está listo para modificar la ley de Consumo Sostenible.

De este modo, se obligará por ley a que las empresas notifiquen claramente al consumidor cuando reduzcan el contenido del envase de un producto sin modificar el precio del mismo. Esta práctica se conoce como reduflación (shrinkflation), un término acuñado por la economista Philippa Malmgren que define a aquellos productos, no solo de alimentación, que 'encogen', sin que esa merma sea vea reflejada proporcionalmente en el precio para el consumidor. Es decir, pagamos lo mismo por un producto que lleva menos cantidad dentro del envase, incluso a veces su precio aumenta. El resultado siempre es el mismo: pagamos más, y a veces sin darnos ni cuenta.

Aunque no se puede prohibir a una empresa a que no cambie el formato de sus envases reduciendo las cantidades, el Gobierno sí quiere que esta práctica no suponga confundir al consumidor, el cual debe estar bien informado en todo momento de cualquier modificación en los productos que adquiere para tomar las decisiones que considere oportunas en su compra.

El objetivo de la medida, por tanto, es garantizar que los compradores reciben una información eficaz, clara y honesta sobre los precios y las cantidades de los productos que se le ofrecen expuestos a la venta en los comercios habituales. Dicha información podrá aparecer en los propios envases o en el punto de venta, mediante carteles, etiquetas o paneles informativos instalados en las tiendas o supermercados. En cualquier caso, debe indicarse siempre de forma legible y visible en el punto de venta final.

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Según ha adelantado RTVE, la medida previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Así, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy modificará la ley de Consumo Sostenible añadiendo un nuevo párrafo en el artículo 20:

Cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una  cantidad nominal constante, deberá informarse de forma clara y comprensible a las  personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca  en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar  diseño en su envase. Este deber de información se considerará cumplido cuando se  indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la  cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no  inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas  características.

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25 sociedades científicas y médicas de España han publicado hoy un posicionamiento sobre el consumo de alcohol, en el que apuntan que no existe ningún nivel de consumo beneficioso de alcohol para la salud, por lo que no son aceptables los términos “consumo moderado” ni “consumo responsable”.

Aunque no se habla de ello directamente en el texto, el manifiesto se publica coincidiendo con la tramitación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley para prevenir el consumo de alcohol en menores.

El anteproyecto de la misma mantenía como medida estrella la prohibición del mantra del “consumo responsable”, que la industria lleva promocionando años, pese a que la evidencia científica lleva aún más comprobando que no hay ningún consumo de alcohol seguro. Pero esta medida no pasó la criba final del texto.

Fuentes del ministerio han asegurado a El País que hay regulaciones europeas que impiden prohibir el uso de este reclamo, pese a que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, convocó el pasado verano una rueda de prensa en la que dijo que se iba a acabar con el concepto de consumo responsable o moderado, anunciándolo como “uno de los cambios culturales más notables” de la nueva ley.

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“Si la gente bebe, por ocio o por diversión, es su elección”, explica en El País Asensio López, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. “Pero deben tener muy claro que eso no tiene un efecto beneficioso para su salud, ni siquiera neutro”.

El problema principal, explica López, es que la misma existencia de expresiones como “consumo responsable” o “consumo moderado” da a entender que hay un consumo de alcohol saludable. Y no existe tal cosa. En el mejor de los casos, los estudios sobre el “consumo moderado” se miden en unidades de ingesta al día de, como mucho, una copa o dos cervezas: un límite que, además de ser arbitrario, casi todo el mundo supera cuando bebe.

“Muchas personas interpretan esto como un argumento para beber. Desde hace muchos años el mensaje de la Organización Mundial de la Salud es que ni los sanitarios ni los medios demos connotaciones beneficiosas al alcohol”, sentencia López.

No hay un consumo de alcohol seguro

Como explica el manifiesto, que firman, entre otros, organismos como la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria o la Sociedad Española de Salud Pública, el consumo de alcohol es la segunda causa prevenible de mortalidad en nuestro país con cerca de 15.000 fallecidos/año.

Hay, además, más de 200 enfermedades que surgen o empeoran debido al consumo de alcohol. Por no hablar de que en el 28% de los accidentes de tráfico con víctimas, el conductor da positivo en alcohol.

El manifiesto pide que se tomen diversas medidas, algunas de las cuales sí están contempladas en la nueva ley, como regular de forma más estricta la publicidad y los puntos de venta de alcohol. Pero, además, piden alinear los impuestos con la media europea para que comprar alcohol sea más caro, desarrollar un mejor etiquetado –con avisos sobre los riesgos derivados del consumo del alcohol, como ocurre con el tabaco– y prohibir el consumo de alcohol en la vía pública.

“El objetivo de esta alianza que se propone al conjunto de la sociedad es promover la filosofía de que, respecto al alcohol, 'cuanto menor sea el consumo, mayores serán los beneficios para la salud' ya que no existe un umbral de consumo seguro de esta sustancia”, concluye el manifiesto. “Si bien el consumo cero de alcohol puede no ser una meta inmediatamente alcanzable para toda la población, resulta imprescindible en determinados grupos y circunstancias: personas menores de edad, jóvenes, durante la gestación y la crianza y entre las personas que conducen vehículos. En estos casos, la abstención total debe constituir un objetivo innegociable para la salud pública”.

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Las reseñas virtuales o reviews online nacieron como una herramienta para que los usuarios de un servicio, empresa o producto pudieran expresar públicamente su opinión, y así orientar a futuros clientes, pudiendo al mismo tiempo ayudar al negocio que cuenta con puntuaciones favorables. El problema es que muchas de esas reseñas son falsas y cada vez perjudican más al sector hostelero, algo que Italia se ha propuesto combatir.

Aunque en teoría ya es ilegal publicar reseñas falsas en el país, lo cierto es que estas siguen proliferando en las diferentes plataformas a diario, dañando no solo a la reputación de las empresas, sino perjudicando directamente sus ganancias. Según cálculos del Ministerio de Empresas italiano, las reseñas manipuladas pudieron afectar a entre el 6% y el 30% de los ingresos del sector turístico el año pasado.

El pasado mes de febrero, la ministra de Turismo Daniela Santanché se reunió con con las principales asociaciones del sector asumiendo el compromiso de trabajar conjuntamente en las medidas necesarias para atajar este problema. Así, esta semana se ha presentado un proyecto de ley que obligará a los usuarios que quieran dejar una reseña a identificarse y demostrar que probaron el servicio en cuestión.

La nueva medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento, plantea además que las reseñas deberán publicarse dentro de los 15 días posteriores a la visita, no más tarde, y deberán ser relevantes y suficientemente detalladas. Además, si se demuestra que son falsas, podrán ser eliminadas si la empresa perjudicada lo solicita, un derecho que también podrán ejercer con las reviews de más de dos años de antigüedad, en caso de no ser ya relevantes.

"Las reseñas, que gracias a esta intervención normativa serán efectivamente veraces, son fundamentales para el éxito de las empresas y para la confianza de consumidores y turistas, y por tanto para la credibilidad del sistema italiano", ha declarado Santanché, afirmando que la medida protegerá el tejido empresarial del turismo italiano garantizando "un mercado justo y transparente".

Esta problemática afecta ya a países de todo el mundo, pues las opiniones virtuales se han convertido casi en el único método que usan millones de personas para decidir dónde van a comer, qué museo van a visitar, en qué hotel van a dormir o a qué compañía van a alquilar un coche.  Según un informe de 2021 de la consultora Brightlocal en Estados Unidos, un 40% de potenciales clientes descartaron los servicios de aquellas firmas que tuvieran una valoración inferior a 4 estrellas en Google.

También en España es un tema que preocupa cada vez más. La OCU ha alertado ya en el pasado sobre la cuestión, comprobando a través de su propia investigación que hay un número creciente de reseñas fraudulentas en plataformas como Booking, TripAdvisor o Amazon. Una puntuación alta es capaz de posicionar a la cabeza a las empresas en los buscadores y atrayendo la confianza de los usuarios; las malas reseñas, por el contrario, pueden hundir la reputación online, haciendo desaparecer su nombre o directamente espantando a posibles clientes, que prefieren curarse en salud ante una puntuación baja o comentarios negativos.

Este poder ejercido sobre el anonimato ha provocado la multiplicación de reseñas pagadas o patrocinadas de manera encubierta, y también de bots automáticos que pueden dejar buenas o malas reseñas, para perjudicar a la competencia. Ante esta situación se modificó la legislación española en 2022, reformando la Ley de Competencia Desleal y también la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es ilegal dejar reseñas falsas o manipuladas, pero perseguirlas es otra historia.

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La nueva ley italiana pretende acabar con el anonimato tras el que se escudan estas opiniones fraudulentas, obligando a demostrar además que el usuario que deja su reseña realmente tiene una experiencia reciente como cliente del servicio. Esta pérdida de la privacidad no gusta demasiado a parte del sector, que ve una posible reducción drástica de las reviews, lo que también puede ser perjudicial.

El Ministerio italiano no ha concretado quién decidirá si una reseña es o no falsa, pero la responsabilidad de verificar las evaluaciones y emitir las correspondientes multas recaerá en el organismo de control antimonopolio de Italia.

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Después de varias prórrogas, pero sin que se hayan introducido cambios desde que se anunció su aplicación, hoy lunes 2 de diciembre arranca finalmente el nuevo registro de viajeros de obligatorio cumplimiento para las empresas de hospedaje, agencias de turismo y de alquiler de vehículos, entre otras del sector turístico. Se trata de una medida impuesta desde el Ministerio del Interior con el fin de garantizar la seguridad ciudadana.

Se trata de la aplicación del texto recogido en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, «por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor». La norma entró en vigor en enero de 2023, con un periodo de adaptación inicial de cinco meses, pero, debido a la complejidad de la misma y la confusión generada en el sector, se concedió una primera prórroga hasta el pasado mes de octubre, ampliada hasta el día actual.

De poco ha servido esta prórroga ampliada para calmar las aguas entre las empresas turísticas, que, como señala la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), “podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad” de los viajeros y usuarios. Además, consideran un entorpecimiento de su labor al complicar aún más el trabajo administrativo que además afectará negativamente a los clientes, pues consideran que los nuevos datos obligatorios ralentizarán los procesos a la hora de atender a sus clientes.

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska defiende y justifica esta normativa como una manera más eficiente de combatir el terrorismo y el crimen organizado, para garantizar derechos fundamentales como son el derecho a la vida y a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. El alquiler de distintos vehículos para sus desplazamientos, así como el alojamiento temporal, cobran especial relevancia en las operaciones de los delincuentes, “por ello se hace necesario desarrollar las necesarias herramientas de control sobre estas actividades”, señalan desde Interior.

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, en una foto de archivo.

Los datos que los viajeros y huéspedes deberán aportar a las empresas turísticas, según lo expuesto en el BOE, son los siguientes:

1. Nombre.
2. Primer apellido.
3. Segundo apellido.
4. Sexo.
5. Número de documento de identidad.
6. Número de soporte del documento.
7. Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE).
8. Nacionalidad.
9. Fecha de nacimiento.
10. Lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad, país).
11. Teléfono fijo.
12. Teléfono móvil.
13. Correo electrónico.
14. Número de viajeros.
15. Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ya anunció la semana pasada que emprenderá “acciones legales” contra la imposición de esta normativa, denunciando “el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros”.

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El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de prevenir la reduflación y proteger los derechos de los consumidores.

Esta propuesta ya había planteada y aprobada como proposición no de ley el pasado 11 de septiembre en el Pleno del Congreso, instando al Gobierno a frenar una práctica cada vez más común por parte de las empresas de alimentación y otros productos preenvasados, mediante la cual se reduce el tamaño de los mismos manteniendo el mismo precio que el formato anterior. En otras palabras: pagamos más sin darnos cuenta.

En su exposición, Patxi López Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha argumentado que el 54% de los españoles han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra habitual, según un estudio de la consultora IPSOS, y 6 de cada 10 consideran la práctica como «inaceptable». Además, ha mencionado las iniciativas que se están llevando al respecto en otros países europeos como Francia o Alemania, donde la Ley de envasado ha sido modificada para impedir prácticas comerciales desleales y garantizar que la información en los envases sea clara y precisa, prohibiendo usar «envases engañosos».

Así, se propone añadir un nuevo párrafo en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias:

Cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una  cantidad nominal constante, deberá informarse de forma clara y comprensible a las  personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca  en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar  diseño en su envase. Este deber de información se considerará cumplido cuando se  indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la  cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no  inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas  características.

La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite esta proposición de ley, la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

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El Tribunal Supremo ha determinado este lunes que el considerado 'pan especial' de acuerdo a la normativa vigente tiene el mismo derecho al IVA superreducido del 4% que la Ley de dicho Impuesto fija para el pan común.

Así lo ha establecido una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del organismo judicial, a raíz del recurso presentado por una empresa que fabrica y comercializa panes tipo baguette. No aplicar esa reducción supone, según la recurrente, incumplir la legislación de la Unión Europea, que establece que los bienes y servicios similares deben recibir el mismo tratamiento en cuanto a efectos del IVA. Y dicha similitud debe considerarse desde el punto de vista del consumidor medio.

El Tribunal Supremo le da la razón, reconociendo que el pan baguette no presentan diferencias sustanciales establecidas por la Administración que el consumidor pueda percibir como un pan distinto al común. Además, la propia Ley del IVA no define los distintos tipos de pan, por lo que la aplicación de ese IVA superreducido se debe extender a todas las variedades de pan que se comercializan en España.

La no aplicación, concluye el Tribunal, “se opone al principio de neutralidad del IVA, en su faceta de garantía de la libre competencia y a la doctrina de dicho Tribunal de Justicia Europeo, según la cual la diferencia entre tipos de gravamen debe atender a la perspectiva del consumidor medio sobre los productos”.

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Las denominaciones y distinciones entre los diferentes tipos de pan sí aparecen descritas en el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan. En dicha norma se define al pan común simplemente como “el producto resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina y agua, con o sin adición de sal, fermentada con la ayuda de levadura de panificación o masa madre”.

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Hasta 42; esos son los datos personales que pretende recabar a partir del próximo dos de diciembre el Gobierno de España cuando entre en vigor el remozado Real Decreto 933/2021. La ley, aprobada por el Ministerio del Interior, supone dar todavía más información de la que ya se da en hoteles y alojamientos vacaciones, donde actualmente se cumplimentan 14 conceptos.

28 son los nuevos datos que habrá que facilitar y que supone, según especialistas como Borja Adsuara, "los datos desproporcionados para el fin previsto". En una entrevistas concedida a Xataka, Adsuara, profesor y abogado especialista en Derecho Digital, advierte de lo que supone facilitar todos estos datos.

Los motivos argumentados por las autoridades, justificados en la publicación del Boletín Oficial del Estado, apuntan a que "los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado". Motivo por el que controlar aún más la privacidad de los ciudadanos, sobre todo españoles, parece la clave.

Algo de lo que también se queja Adsuara, alegando que "si el objetivo del Real Decreto es luchar contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, ¿por qué se piden todos esos datos a los ciudadanos españoles?" Una duda razonable que, además, implica también a la Agencia Española de Protección de Dados, algo que, en teoría, ya ha recibido el plácet de la APED con su informe técnico.

18 datos más, tanto por parte de los viajeros como por parte del establecimiento, serán los que se tengan que facilitar en hoteles, pensiones, hostales y alojamientos turísticos, que choca de manera brutal con la anterior legislación, donde se demandaban 14 datos.

Ahora, además de cuestiones elementales como el nombre, el DNI o la fecha de nacimiento también se habrá de informar del teléfono fijo y del móvil, del correo electrónico e incluso con la relación de parentesco entre las personas alojadas, así como del tipo de pago, ya sea efectivo o en tarjeta. Conservando, además, los datos de pago, como la titularidad de la tarjeta o su fecha de caducidad.

También elementos que hasta ahora eran irrelevantes como la hora de entrada en el alojamiento o la fecha y hora de salida, además de datos aún más extraños como el número de habitaciones o si el establecimiento dispone (o no) de conexión a internet.

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