15 años después de que se prohibiera fumar en los bares, ahora tocan las terrazas: "No se trata de una medida contra el tabaco, sino contra los propios hosteleros"

En 2010 se aprobó la ley antitabaco que, tras su entrada en vigor en enero de 2011, prohibió por completo fumar en los bares, algo que ya estaba parcialmente regulado desde 2005 (con la obligación de conservar zonas para no fumadores).

Ambas normas pusieron en pie de guerra a la hostelería, aunque los datos económicos nunca demostraron el cataclismo que se anunciaba. Quince años después, tras la aprobación del anteproyecto de una nueva ley antitabaco, que prohíbe entre otras cosas fumar en las terrazas, Hostelería de España ha manifestado, de nuevo, su profundo rechazo a la reforma, tildándola de "desproporcionada" y advirtiendo sobre su impacto negativo en el sector. 

Consideran que la prohibición de fumar en terrazas no solo atenta contra los bares y cafeterías, sino que va mucho más allá: recorta libertades, dificulta el normal desarrollo del ocio y podría empañar la imagen turística del país.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal, lo ha expresado sin rodeos: "es un despropósito más". Según él, "no se trata de una medida contra el tabaco, sino contra los propios hosteleros". Sostiene que las terrazas han funcionado durante años como espacios de convivencia equilibrada entre fumadores y no fumadores. Lamenta que ahora se les aparte del debate pese a ser actores centrales en la vida social y económica del país. Una ley que, aunque no es nueva y lleva varios años en el candelero, parece que finalmente se encauza.

Temen además que se produzca un efecto contrario al deseado: que quienes hoy fuman en terrazas al aire libre pasen a hacerlo en espacios privados poco ventilados, como domicilios, donde el humo resulta más nocivo para convivientes o menores. 

Otro problema que anticipan es el aumento de residuos en la vía pública, ya que muchos fumadores se alejarán de los locales para encender un cigarro sin contar con ceniceros cercanos. Y se quejan especialmente de la nueva responsabilidad que se delega en los camareros, quienes deberán vigilar que se cumpla la norma. Consideran que eso los pone en una situación incómoda que no les corresponde.

El turismo también se vería afectado, según los empresarios. Argumentan que España podría quedar en una situación de aislamiento regulatorio en Europa, ya que muy pocos países prohíben fumar en terrazas. 

Señalan que Francia, por ejemplo, ha excluido expresamente esas zonas de su normativa, y que solo Suecia mantiene una prohibición similar. Esta decisión, dicen, podría desconcertar a millones de turistas que suelen disfrutar del clima en espacios al aire libre, y contribuiría a una percepción negativa del país como destino.

La patronal respalda su postura en una encuesta realizada junto a la consultora 40dB. Según ese sondeo, un 69,3 % de los ciudadanos considera que las campañas de concienciación son más efectivas que las prohibiciones a la hora de reducir el consumo de tabaco. 

Además, más de la mitad no cree necesario imponer la prohibición en terrazas, y muchos anticipan que los fumadores simplemente se alejarán unos metros para seguir fumando, generando más molestias y basura. También temen un daño a la imagen de España en el extranjero.

El vapeo, equiparado al tabaco

Las críticas no llegan solo desde los bares. La Unión de Empresarios del Vapeo también ha mostrado su rechazo. Denuncian que la ley pone en el mismo saco a los cigarrillos tradicionales y a los dispositivos electrónicos, sin ofrecer alternativas claras para quienes desean dejar de fumar. 

Esto, advierten, podría fomentar la aparición de un mercado negro de productos de vapeo, y aumentar el riesgo de acceso por parte de menores. Su presidente, Arturo Ribes, afirma que si se aprueba esta normativa tal como está, España podría convertirse en el mayor mercado negro de Europa para estos productos.

Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende la reforma como parte de una estrategia ambiciosa para ampliar los espacios libres de humo. El plan incluye la prohibición de fumar en terrazas, pero también en piscinas, marquesinas, campus universitarios y áreas cercanas a hospitales o centros educativos. 

La ley busca además equiparar legalmente los cigarrillos electrónicos con los convencionales, prohibir la promoción de estos productos y limitar su consumo por parte de menores. También se incluye el veto a los dispositivos de vapeo desechables, tanto por motivos de salud pública como ambientales.

Expertos en salud han aplaudido la iniciativa. Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, considera que es una medida coherente con el objetivo de alcanzar una generación libre de tabaco para 2040. Para ellos, ampliar las restricciones es un paso necesario para reducir el número de fumadores, especialmente entre los jóvenes.

No obstante, el texto aprobado ha dejado fuera algunas medidas inicialmente contempladas, como el empaquetado genérico o el aumento de impuestos al tabaco. El Gobierno reconoce que estas propuestas no lograron suficiente apoyo político, por lo que fueron descartadas en esta fase.

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