Decían que era de Canarias, pero era de Madeira: el timo de una empresa de Alicante que estafó más de 2.000 toneladas de fruta

Jaime de las Heras

Editor Senior

2.000 toneladas de banana son las que, a priori, una empresa alicantina habría comercializado en 2023 haciéndolas pasar por Plátano de Canarias, una actividad ilegal que, según la Guardia Civil, que está investigando a la empresa, habría vendido presuntamente.

Para poder vender Plátano de Canarias como mayorista hay que disponer de una autorización por parte de Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), algo que este negocio, como explican, la tendría retirada, además de, según las pesquisas de la Benemérita, haber sido incapaz de acreditar la regularidad en la comercialización del producto.

Todo comienza con una denuncia de Asprocan, registrada en la Unión Europea y garante de la Indicación Geográfica Protegida Plátano de Canarias, así como responsable de la certificación de los operadores que pueden comercializar este tipo de fruta.

Algo que sorprendió a la asociación cuando se percataron de que una empresa alicantina estaría vendiendo plátanos catalogados como Plátanos de Canarias, a pesar de tener suspendida su autorización, por lo que los indicios apuntan a que estaría haciendo pasar banana llegada a Portugal por plátano de Canarias.

En este caso, el Seprona de Alicante accedió a las instalaciones de la empresa como cámaras de conservación y maduración, además de constatar en establecimientos de otras provincias en las que, a priori, se podría haber comercializado el plátano. Sería así como los agentes se dieron cuenta de que había diversas partidas de banana de Madeira que pudo ser vendida como plátano de Canarias.

Llegados a ese punto, Seprona constata que la empresa falsificaba documentos, facturas y ocultaba la comercialización del producto, habida cuenta además de que la administración de ésta carecía de autorización para su venta por habérsele retirado en el pasado, como explican desde El Diario.

Ahora, la empresa mercantil investigada está acusada de dos delitos contra la propiedad industrial, otro de falsedad documental y un cuarto vinculado al mercado y a los consumidores.

Imágenes | Guardia Civil

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