
La nueva guía de recomendaciones de la Red Natura 2000 apunta en diferentes sentidos para limitar la turistificación de los espacios naturales
Son más de 27.000 sitios protegidos en la Unión Europea por la Red Natura 2000, una red comunitaria en favor de la biodiversidad y que une por todo el territorio de los 27 países las zonas más relevantes a nivel conservacionista dentro de la Unión.
El objetivo, sencillo en cuanto a su concepción, es cuidar los hábitats más delicados del continente y las especies que allí habitan, pero ahora, en un contexto donde la crisis climática se conjuga con la presión turística, la delicadeza de estos ecosistemas está en riesgo.
Por eso, en un acuerdo conjunto firmado por todos los países integrantes de la Red Natura 2000, es decir, la totalidad de las naciones que componen la Unión Europea, se han propuesto proteger mejor a la gallina 'salvaje' de los huevos de oro que produce anualmente unos 85.000 millones de euros como reclamo natural y turístico.
En un extenso documento de 54 páginas, la red Natura 2000 ha identificado hasta 12 acciones que pueden ponerse en marcha para consolidar la respuesta a los nuevos retos. Algunas ya se hacen, otras están en proceso de ejecución y otras son completamente nuevas, pero lo cierto es que se trata de un documento que marca unas líneas maestras de cómo actuar en según qué territorios.
Como es evidente, no todos los lugares de la red Natura 2000 se enfrentan a los mismos retos, aunque puedan ser parecidos. Todos ellos son lo que se conocen como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que difieren en el tipo de espacio
En este sentido, la publicación, por ejemplo, apunta a la necesidad de establecer una capacidad de carga turística que mida el uso de los espacios sin que se deteriore el hábitat ni se moleste a las especies. También la relevancia de establecer zonificaciones con diferentes niveles de protección.
Otros epígrafes hablan además de imponer cupos, autorizaciones previas, aplicar tarifas, limitar los accesos en vehículo, controlar a empresas y operadores turísticos o, como es evidente, restringir actividades especialmente dañinas entre las que citan la caza, la acampada, la pesca deportiva, el buceo, la escalada o el fondeo, para "favorecer actividades de impacto ligero".
Evidentemente, se trata de una serie de recomendaciones que deben aplicar y administrar los propios territorios, cuyas competencias suelen ser regionales o locales, por lo que en última instancia, muchas de estas consideraciones las aplica un parlamento autonómico, una diputación o, incluso, un ayuntamiento.
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