El empresario estaría aprovechándose de la vulnerabilidad de sus empleados, inmigrantes en situación de irregularidad
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hostelero acusado del presunto delito de explotación laboral de doce trabajadores inmigrantes que estarían en situación irregular en España.
El detenido, identificado como un “joven empresario” de nacionalidad española, se habría aprovechado de forma consciente de la vulnerabilidad de los empleados para sacar el máximo beneficio económico imponiéndoles condiciones laborales extremas que vulneran la legislación vigente, pudiendo incurrir en un delito de explotación laboral.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valladolid, colaborando desde el pasado mes de abril con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según informa la prensa local, el establecimiento llevaba tiempo en el punto de mira de las autoridades, al comprobarse en varias inspecciones que contaba con empleados sin permiso de residencia ni de trabajo en España.
Así, los agentes de la Policía Nacional han identificado a través de varias actuaciones hasta doce empleados padeciendo condiciones laborales que incluían jornadas de unas diez horas diarias, de lunes a domingo, con un único día de descanso y sin días de vacaciones, son contrato laboral ni alta en la Seguridad Social; todo ello recibiendo un salario de unos 800 euros mensuales.
La bautizada como Operación Panda terminó el pasado martes con la detención por parte de los agentes del empresario responsable del local, tras quedar confirmada su implicación directa en la ocupación de personas extranjeras sin autorización para trabajar en nuestro país de forma reiterada, acusando asimismo de un delito de explotación laboral.
Estas prácticas, aprovechando el temor de los trabajadores irregulares a ser identificados por las autoridades, generan, además “competencia desleal en el mercado laboral y afecta al control de los flujos migratorios”, señalan fuentes policiales.
Imagen | Ministerio del Interior
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