Los abogados representantes de los franquiciados que interpusieron la demanda contra el Grupo Restalia han solicitado que se amplíe la investigación a Heineken, por mantener presuntos acuerdos económicos ocultos a los franquiciados, ocasionando pérdidas a los mismos y entorpeciendo la viabilidad de sus negocios.
El conocido como 'caso 100 Montaditos' salió a la luz el pasado mes de junio cuando el juzgado de instrucción 52 de Madrid inició las investigaciones en torno al grupo de restauración y su dueño y fundador, José María Fernández Capitán, a raíz de una demanda inicial interpuesta por un grupo de 31 franquiciados el verano del pasado año.
Restalia, a la que pertenecen, además de 100 Montaditos, otros populares negocios como The Good Burger, La Sureña, Panther y Pepe Taco, se enfrenta a la acusación de un delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones, blanqueo de capitales y delitos fiscales. A esa primera denuncia se han añadido nuevos franquiciados, sumando hoy un total de 54 afectados, más empresarios asociados al grupo que han interpuesto su demanda a través de otro abogado.
Ahora, se solicita al juzgado madrileño que la investigación, aún en fase preliminar, se amplíe a la cervecera Heineken, a raíz de desvelarse una grabación que recoge una conversación entre un empleado de la empresa neerlandesa y un franquiciado del grupo.
Dicha grabación, a la que ha tenido acceso 'El Periódico de España', desvela que no solo se obligaba a los propietarios de franquicias a contar con Heineken como proveedor, sino que además la cervecera devolvía a Restalia el 50 % de lo cobrado, en un acuerdo oculto a los propios franquiciados.
Según la denuncia, se aseguraba a los nuevos asociados que obtendrían precios más bajos de los proveedores y así lograrían rápidos beneficios, pero en realidad se trataba de "una información precontractual engañosa", sin números reales, pues los precios terminaban siendo "equiparables a los del mercado, cuando no, peores".
Según la ampliación de la denuncia, Restalia obtendría así más beneficios a costa de exprimir aún más a sus socios, ajenos a un acuerdo que, afirma el escrito, se les ocultaba de forma deliberada. Esto se sumaría a la política de bajos precios del grupo, las obligadas promociones para agotar existencias continuamente y los acuerdos con demás proveedores, que harían que las franquicias fuesen inviables.
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En declaraciones al mismo periódico, Heineken niega que el acuerdo mantenido con Restalia sea ilegal y asegura que, de momento, la cervecera "no forma parte de ningún procedimiento judicial".
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