Los científicos coinciden en que prohibir la publicidad de alimentos insanos a menores evita la obesidad infantil. Y ahora tienen pruebas

La cruzada del Ministerio de Consumo por promover una alimentación saludable en la infancia se ha topado recientemente con su primer escollo. Mientras que en España el Congreso ha rechazado la iniciativa, otros países están liderando las medidas para proteger a los menores de los productos insanos. Y ahora, además, la comunidad científica tiene pruebas para demostrarlo.

Un nuevo estudio publicado esta semana en The Lancet aporta las primeras pruebas plausibles a nivel nacional de que la coordinación de múltiples políticas alimentarias es capaz de reducir la obesidad infantil. Ha ocurrido en Chile, donde en 2016 se implementó una de las políticas más ambiciosas del mundo en esta materia, la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos (Ley 20.606), conocida como «ley del Súper Ocho» o «ley de alimentos».

Chile es uno de los países con las mayores tasas de obesidad y sobrepeso infantil, una problemática que afecta directamente a la salud de toda la población, ya que tiene consecuencias directas en la salud de los adultos. En el año 2010, más del 60% de los chilenos presentaba exceso de peso; en 2015, más del 25% de los niños de primero de educación básica tenía obesidad. Además, más de la mitad presentaba malnutrición por exceso de peso, un grave problema de salud pública que cada vez afecta a más países.

En consecuencia, el país aprobó una ley que contemplaba aplicar múltiples medidas coordinando múltiples políticas alimentarias, incluyendo etiquetas de advertencia obligatorias en la parte frontal del envase en forma de octógonos negros, restricciones a la publicidad de productos insanos dirigidos a niños, y una normativa sobre alimentación escolar. El objetivo era proteger a los menores del acceso alimentos y bebidas con alto contenido en azúcares, grasas saturadas, sal o calorías totales.

Para valorar el impacto que ha tenido la Ley, los investigadores usaron datos de más de 300.000 escolares de entre cuatro y seis años para comparar el peso de los niños de los años anteriores a la normativa con el peso y la estatura de los niños de los mismos cursos escolares tras la entrada en vigor de la primera fase en 2016.

El estudio reveló que los niños que habían asistido a la escuela durante los 18 meses posteriores tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los de los mismos cursos antes de la Ley. Las niñas tenían un riesgo un 2,9 % menor, mientras que los niños tenían un riesgo un 2,4 %. También se halló un impacto causal plausible en la cohorte de escolares de entre cuatro y seis años tan solo seis meses después de la primera fase de las medidas.

Las fases 2 y 3 del programa aplicaron medidas aún más estrictas en los límites de azúcares, grasas saturadas, sal y calorías, pero al entrar en vigor en los años 2028 y 2019, sus datos no se han incluido en este estudio. “Es probable que el endurecimiento adicional de la ley haya aumentado el impacto”, señala Nieves Valdés, profesora de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, “especialmente teniendo en cuenta que se observó una mayor caída en las ventas de productos alimenticios etiquetados durante la fase 2 de la Ley en comparación con la fase 1”.

Así, aunque el impacto pueda parecer moderado, los investigadores subrayan que incluso una mínima reducción de peso en los niños con sobrepeso puede tener beneficios significativos para la salud a largo plazo, dada la estrecha relación entre la obesidad infantil y el riesgo posterior de padecer obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en todo el mundo.

“Este es el primer estudio que demuestra de forma plausible que un conjunto de políticas puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la primera infancia a nivel nacional”, asegura Guillermo Paraje, catedrático de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmando que sus resultados demuestran que adoptar este tipo de políticas son “medidas eficaces y prácticas para hacer frente a la epidemia de obesidad infantil”. Supone, por tanto, un respaldo “crucial”, basado en la evidencia científica, para promover que más países apliquen medidas similares para abordar la epidemia de obesidad infantil.

Coinciden en las conclusiones Simone Pettigrew y Daisy Coyle, del Instituto George para la Salud Global de Australia, que no han participado en el estudio; “Los resultados refuerzan los argumentos a favor de que los gobiernos vayan más allá de los enfoques basados en políticas aisladas y, en su lugar, implementen estrategias integrales e integradas para mejorar los entornos alimentarios”, especialmente en un contexto en el que los intereses de la industria suponen el principal obstáculo para sacar adelante medidas que promuevan una alimentación saludables.

Las expertas concuerdan en que las actuaciones más urgentes y eficaces pasan por incluir etiquetas de advertencia obligatorias y restricciones de comercialización de alimentos poco saludables, así como normas mínimas para la alimentación escolar.

Referencia

Kerr J, Patton G, Cini K et al.
Global, regional, and national prevalence of child and adolescent overweight and obesity, 1990–2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021
The Lancet, 2025; 405, 785-812

Imágenes | Magnific - Ministerio de salud de Chile

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