Canarias se pone seria con los turistas imprudentes: multas de hasta 600.000 euros para quienes obliguen a movilizar los servicios de rescate

Canarias Multa

La ley, además, contempla sanciones para las personas que usen de manera irresponsable los teléfonos de emergencias

Jaime de las Heras

Editor Senior

Las personas que, por imprudencia o negligencia, obliguen a movilizar los servicios de rescate en Canarias podrán enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros. 

Así lo establece el decreto ley aprobado por el Gobierno canario y publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que incorpora un régimen específico de infracciones y sanciones a la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. Las multas oscilan entre 100 y 600.000 euros en función de la gravedad de la conducta y del riesgo generado para los equipos de emergencia.

El nuevo artículo 39 ter de la ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves según el grado de imprudencia y el peligro o los daños ocasionados. Las muy graves, castigadas con entre 100.001 y 600.000 euros, son las que derivan de una imprudencia o negligencia graves que obliguen a intervenir a los servicios de rescate y comporten un riesgo grave o causen daños al personal o a los medios del operativo. No hace falta que haya heridos ni daños materiales: basta con que se ponga en grave peligro a los equipos.

Las graves, de 3.001 a 100.000 euros, castigan la imprudencia simple o la negligencia leve que ponga en peligro a los profesionales o a los medios movilizados. Si esa misma imprudencia provoca un rescate sin peligro particular para las personas ni para los recursos empleados, la infracción será leve, con multas de entre 100 y 3.000 euros.

No es multa por ser rescatado

El decreto no sanciona automáticamente a quien necesite ser rescatado ni señala actividades concretas cuya práctica pueda ser multada. Para imponer una sanción habrá que acreditar que la conducta encaja en alguno de los supuestos recogidos en la norma. Además, las cantidades son multas administrativas y no equivalen al coste económico del operativo.

El nuevo régimen también se ocupa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2). Comunicar de forma deliberada hechos manifiestamente falsos será una infracción muy grave cuando altere la eficacia del servicio, obligue a adoptar medidas organizativas o provoque la movilización o el desvío innecesario de recursos. 

Atención a las llamadas irresponsables

También lo será que el titular del teléfono desde el que se hizo la llamada no identifique al responsable cuando se le requiera. Las llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras, jocosas o intrascendentes que perjudiquen el servicio se considerarán graves.

La norma sanciona el incumplimiento de órdenes, prohibiciones o instrucciones de las autoridades durante la activación de un plan de protección civil. La gravedad dependerá del peligro o de los daños causados a las personas, a los bienes o a los propios equipos de intervención. 

Entre las conductas muy graves figuran también impedir requisas u ocupaciones temporales de bienes, que los medios de comunicación se nieguen a difundir las instrucciones de protección civil o iniciar una actividad que pueda originar emergencias sin haber registrado el plan de autoprotección obligatorio. La reincidencia también agrava la sanción: una segunda infracción grave en un año pasa a ser muy grave, y una tercera leve, grave.

Las sanciones deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Corregir con diligencia las irregularidades o colaborar activamente para reducir sus consecuencias podrá atenuarlas. Quienes sean multados por infracciones leves o graves podrán beneficiarse de una reducción del 50% si pagan voluntariamente antes de que se resuelva el expediente, siempre que la sanción sea solo económica. Esta rebaja no se aplica a las infracciones muy graves.

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