El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy martes dar luz verde a la proposición no de ley (PNL) para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables, una iniciativa presentada por Sumar que se enmarca dentro de las medidas planteadas por Pablo Bustinduy, el pasado año. Sin embargo, la iniciativa más ambiciosa, que busca prohibir la publicidad de los alimentos y bebidas insanos, así como las bebidas energéticas a menores, ha sido rechazada por el Pleno.

La propuesta ha sido aprobada a través de una enmienda transaccional del Partido Popular, con 32 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención, por lo que los planes del Gobierno para regular de una vez por todas la publicidad de los alimentos insanos dirigidos a niños y menores parece avanzar con buen pie, aunque no es la primera vez que se intenta.

Desde que se anunciara la propuesta, Bustinduy ha defendido la necesidad de “proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos” y de garantizar el acceso a una alimentación saludable y equilibrada a toda la población, con especial énfasis en los menores, los más susceptibles de sufrir los efectos de una mala alimentación que conlleva problemas de obesidad y otras enfermedades metabólicas en la vida adulta. Así, esta iniciativa complementaría la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares que ya quiere garantizar las comidas saludables a los menores en los centros de estudios.

El texto final, cuyo fin se ha presentado como “la prevención y la reducción de la obesidad, el sobrepeso así como de enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios en la población menor de 18 años, promoviendo la salud mediante el fomento de prácticas comerciales responsables y asegurando que la comunicación publicitaria se ajuste al interés superior del menor”, contempla además la inclusión de un sistema de advertencias nutricionales visibles.

Este sistema, conocido como “sello chileno” por ser uno de los primeros países en aplicarlo, pretende identificar los productos que superen los límites establecidos por los perfiles nutricionales de la OMS. haciendo hincapié en aquellos que sean «Alto en calorías», «Alto en azúcares», «Alto en grasas saturadas» y/o «Alto en sal».

En los países latinoamericanos que lo incluyen, los sellos se presentan mediante llamativos octágonos negros con texto en blanco, claramente legibles y visibles. La propuesta de Sumar contempla que sean obligatorios por parte de los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos y bebidas en los envases y en cualquier forma de publicidad para que el consumidor pueda identificarlos claramente.

Dentro de la propuesta presentada por Sumar se incluía también la medida de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, otro caballo de batalla del Ministerio de Consumo desde hace tiempo. Se prohíbe también la venta y suministro de aquellas con una concentración igual o mayor a 32 mg/100 ml, a menores de 18 años. 

El texto final de la PNL que sí ha contado con el visto bueno de la mayoría de los miembros, defendido en por Félix Alonso de Sumar, se ha visto modificado tras la enmienda del PP eliminado la «infraestructura pública de distribución». María del Mar Vázquez, miembro de los populares, ha pedido “facilitar el acceso real a los alimentos saludables” y evitar “crear nuevas estructuras”, priorizando “trabajar junto con las comunidades autónomas, las entidades locales, los profesionales sanitarios, los pacientes y el sector alimentario en medidas útiles y aplicables”.

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Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció este miércoles desde Barcelona su intención de poner en marcha una normativa que impedirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años en todo el territorio español. 

La medida va más lejos aún para ciertos productos. Aquellas bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros quedarán vetadas también para los menores de 18 años. Bustinduy realizó este anuncio antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización dedicada a combatir la obesidad infantil mediante programas de promoción de hábitos saludables.

Para el ministro, estas medidas no son caprichosas ni aisladas. Responden, según sus propias palabras, a un "clamor social" que reclama mayor protección para niños, niñas y adolescentes frente a productos cuyo impacto en la salud genera una preocupación creciente. Y los datos parecen darle la razón. 

Según el último barómetro elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, nueve de cada diez ciudadanos en España respaldan esta prohibición. Incluso entre la población más joven, de 18 a 35 años, el apoyo alcanza un 88,3%. Una cifra que el propio Bustinduy no dudó en subrayar para reforzar el respaldo social que, a su juicio, sostiene esta iniciativa legislativa.

Ese mismo barómetro revela datos que justifican la urgencia regulatoria. Un 25% de los encuestados reconoce consumir bebidas energéticas, con una frecuencia media de dos veces por semana. Más llamativo resulta que casi la mitad de quienes las toman ingiere al menos una al día, y que un 47% las combina habitualmente con alcohol. Ante este panorama, la percepción de riesgo entre la ciudadanía es evidente.

Esta nueva normativa se apoya también en trabajos científicos previos. En 2021, el Comité Científico de la AESAN ya advirtió de que un consumo excesivo de cafeína puede desencadenar efectos fisiológicos no deseados. Entre ellos, alteraciones del sueño, trastornos cardiovasculares y consecuencias psicológicas que afectan al comportamiento. No se trata, por tanto, de una alarma nueva. La regulación llega después de años de evidencia acumulada, como cita la nota de prensa facilitada por el propio ministerio.

Además, esta iniciativa se enmarca en un contexto europeo más amplio. Países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania ya han adoptado restricciones similares. Dentro de España, algunas comunidades autónomas como Galicia y Asturias han avanzado en la misma dirección. Para Consumo, esta dispersión normativa refuerza precisamente la necesidad de armonizar la legislación a escala estatal y garantizar así la unidad de mercado.

"Poner coto a los poderosos" y a los anuncios de comida no saludable

Pero Bustinduy no se ha limitado a las bebidas energéticas. En paralelo, su ministerio impulsará también una regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. "Son anuncios nocivos para su salud", afirmó el ministro, quien defendió ambas medidas como respuesta a ese mismo clamor ciudadano. Y los números también respaldan esta segunda línea de acción: cerca del 80% de la población cree que debería prohibirse la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y adolescentes.

El ministro Pablo Bustinduy.

No es un asunto menor. Cada menor en España recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año solo a través de la televisión. Si se suman otros canales de comunicación, la cifra escala hasta los 30 impactos publicitarios diarios. Organismos como la Organización Mundial de la Salud alertan de que esta exposición incrementa la ingesta calórica, fomenta hábitos poco nutritivos y deja una huella perjudicial y duradera en la salud infantil. Además, advierten de que estas campañas recurren a técnicas persuasivas difíciles de detectar para los más jóvenes, usando influencers e ídolos del deporte para asociar sus productos a la diversión.

Bustinduy fue tajante al respecto. Defender la salud infantil implica, según sus palabras, "poner coto a los poderosos". Un 80% de niños y adolescentes en España consume alimentos y bebidas no saludables, según datos de la Gasol Foundation. Para el ministro, actuar es una "cuestión de salud pública" y una forma de "garantizar los derechos de la infancia". 

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La amenaza que presentaba el Gobierno el pasado mes de septiembre está a punto de materializarse en una primera propuesta para regular la publicidad de alimentos infantiles. Así lo ha adelantado este lunes el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en la presentación del Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas impulsado por la AESAN, en el que se ha dirigido directamente contra la industria alimentaria, afirmando que tiene “intereses muy poderosos”.

El barómetro presentado recoge datos que, según Consumo, confirman que la sociedad española es consciente del problema que supone la exposición de estos anuncios a los niños. Así, un 79%, considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a menores de edad, y hasta el 91% de los encuestados considera que debería prohibirse la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

Bustinduy ha sido rotundo en su mensaje contra la industria del sector que, reconoce, no pondrá fácil al Gobierno la prohibición o limitación de este tipo de publicidad, tal y como demuestran los intentos fallidos de sus predecesores.

“Los niños y niñas en nuestro país son bombardeados con más de 4.000 anuncios de comida insana al año”, afirmaba el ministro en la red social Bluesky. “Casi 11 al día sólo en la televisión. Y un 80% de la población considera que se debe prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a los menores de edad. Es lo que vamos a hacer”.

Ha recalcado Bustinduy en la responsabilidad que tienen las empresas del sector en no promover el consumo de alimentos y bebidas perjudiciales para los niños y adolescentes, productos que, asegura, ponen en perjuicio el derecho a la salud en la infancia. Por eso, insiste, aprobar una normativa que regule esta publicidad es una “cuestión de salud pública”, aunque eso implique “poner coto a los poderosos”.

Así, en las próximas semanas se presentará oficialmente una propuesta normativa para regular este tipo de publicidad, en línea con las actuaciones que ya se están llevando a cabo en otros países europeos como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia.

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Hace unos meses, España decidió sancionar a varias aerolíneas, entre ellas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, con una multa total de 179 millones de euros. La razón fue su política de cobrar por llevar equipaje de mano en cabina o por reservar asientos contiguos para acompañantes dependientes. 

Esta decisión generó un fuerte impacto en el sector y ahora ha tenido una consecuencia inesperada: la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por esa misma actuación.

Desde Bruselas consideran que la normativa española, y en concreto un artículo de la Ley de Navegación Aérea, contradice la legislación europea en materia de transporte aéreo. 

Según la Comisión, imponer la gratuidad absoluta del equipaje de mano va en contra del principio de libertad tarifaria del que gozan las compañías aéreas dentro del espacio comunitario. Esa libertad está recogida en el Reglamento 1008/2008 de la UE, que permite a las aerolíneas fijar sus precios según su modelo de negocio.

El gobierno lamenta que Bruselas se ponga de parte de las aerolíneas y no de los consumidores

El expediente abierto por la Comisión es el primer paso formal en un procedimiento de infracción. Ahora el Gobierno español tiene un plazo de dos meses para responder y justificar su posición. Una guerra que mantiene el ejecutivo nacional con las aerolíneas, especialmente con Ryanair, la más vehemente en este conflicto que el 8 de octubre ha suprimido otros 1,2 millones de plazas aéreas en nuestro país.

Si Bruselas no queda satisfecha con la explicación, podría elevar el caso a una fase más avanzada, que incluye un dictamen motivado y, como última instancia, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La reacción del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, criticó con dureza la postura comunitaria, de la que se hace eco la agencia de noticias Reuters. 

Aseguró que es “lamentable” que se cuestione una medida orientada a proteger los derechos de los pasajeros, y acusó a la Comisión de actuar como “abogada de unas pocas grandes multinacionales que se lucran a costa del consumidor”. Reafirmó el compromiso del Gobierno de defender a los ciudadanos y, si es necesario, llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia europeo.

Desde el ámbito de los consumidores, también han surgido voces de apoyo a la actuación española. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respaldó las multas y consideró que Bruselas parece estar tomando partido por las aerolíneas. 

Bruselas, ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La OCU sostiene que el cobro por el equipaje de mano es una práctica abusiva que vulnera los derechos más básicos del pasajero, especialmente cuando se trata de bultos pequeños que caben en cabina.

En cambio, las aerolíneas y sus representantes celebraron la decisión de la Comisión Europea, menciona RTVE. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) expresó su satisfacción por el expediente y afirmó que el Gobierno español había actuado más allá de sus competencias. 

Para la ALA, la libertad de fijación de precios es esencial en un mercado aéreo competitivo y diverso. Defienden que cada compañía tiene derecho a configurar sus tarifas según su modelo: bajo coste, tradicional, híbrido, etc.

Bruselas reconoce que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano debe incluirse de forma gratuita, pero solo cuando se ajusta a parámetros razonables de tamaño, peso y seguridad. 

No obstante, cuando se sobrepasan esos límites o se ofrecen servicios adicionales, como espacio preferente o prioridad de embarque, las aerolíneas pueden establecer cargos. Lo que no admite la Comisión es que un país prohíba de forma tajante cualquier diferenciación de precios según las condiciones del billete o el servicio.

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En plena vorágine de la denuncia de apartamentos turísticos ilegales en España, Booking ha actualizado más de 4.000 de los pisos turísticos presentes en su plataforma, tras haber recibido un requerimiento de la Dirección General de Consumo.

En este sentido, el organismo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, habría detectado estas páginas fraudulentas, instando a los promotores de la plataforma a eliminar aquellos alojamientos ilegales de su página web.

En este sentido, no es la primera vez que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy solicita a distintas plataformas de reservas turísticas la colaboración para eliminar pisos ilegales de sus anuncios, aunque sí es uno de los primeros operadores que realmente hace caso de las directrices gubernamentales.

En la memoria más cortoplacista está la decisión de Airbnb, cuando el ministerio le pidió el 19 de mayo de 2025 bloquear más de 65.000 anuncios que considera 'ilegales' y que se publicitaba en la página web y app de la empresa norteamericana, aunque en suelo europeo opera con una filial irlandesa.

De tal modo, Booking ha eliminado la publicidad ilegal de algo más de 4.000 pisos turísticos en España, de los cuales la mayor parte de anuncios se referían a alojamientos en las Islas Canarias, aunque no era la única comunidad afectada por el fraude. En la lista enviada a Booking también había pisos y domicilios en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Parte de la polémica también está en cómo, a priori, una plataforma se ha mostrado colaborativa con el ministerio, como ha sucedido en el caso de Booking, mientras que otra, en este caso, Airbnb, mostró una menor predisposición a la eliminación de los anuncios.

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La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado mes de septiembre en el Pleno del Congreso para combatir la reduflación finalmente va a cuajar este año. Tras obtener una mayoría favorable en el hemiciclo, con casi todos los partidos votando a favor de combatir esta práctica, exceptuando a Vox,  el Gobierno está listo para modificar la ley de Consumo Sostenible.

De este modo, se obligará por ley a que las empresas notifiquen claramente al consumidor cuando reduzcan el contenido del envase de un producto sin modificar el precio del mismo. Esta práctica se conoce como reduflación (shrinkflation), un término acuñado por la economista Philippa Malmgren que define a aquellos productos, no solo de alimentación, que 'encogen', sin que esa merma sea vea reflejada proporcionalmente en el precio para el consumidor. Es decir, pagamos lo mismo por un producto que lleva menos cantidad dentro del envase, incluso a veces su precio aumenta. El resultado siempre es el mismo: pagamos más, y a veces sin darnos ni cuenta.

Aunque no se puede prohibir a una empresa a que no cambie el formato de sus envases reduciendo las cantidades, el Gobierno sí quiere que esta práctica no suponga confundir al consumidor, el cual debe estar bien informado en todo momento de cualquier modificación en los productos que adquiere para tomar las decisiones que considere oportunas en su compra.

El objetivo de la medida, por tanto, es garantizar que los compradores reciben una información eficaz, clara y honesta sobre los precios y las cantidades de los productos que se le ofrecen expuestos a la venta en los comercios habituales. Dicha información podrá aparecer en los propios envases o en el punto de venta, mediante carteles, etiquetas o paneles informativos instalados en las tiendas o supermercados. En cualquier caso, debe indicarse siempre de forma legible y visible en el punto de venta final.

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Según ha adelantado RTVE, la medida previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Así, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy modificará la ley de Consumo Sostenible añadiendo un nuevo párrafo en el artículo 20:

Cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una  cantidad nominal constante, deberá informarse de forma clara y comprensible a las  personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca  en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar  diseño en su envase. Este deber de información se considerará cumplido cuando se  indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la  cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no  inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas  características.

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Una escueta nota de prensa publicada en la mañana del 19 de mayo de 2025 por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advertía de una decisión tomada por el ministro Pablo Bustinduy: bloquear más de 65.000 anuncios que considera 'ilegales' dentro de Airbnb

La medida, anunciada a la filial irlandesa de la multinacional estadounidense, apela a eliminar 65.935 anuncios por considerarlos ilícitos, ya que estarían contraviniendo la normativa de publicidad de estos alojamientos turísticos.

Se trata de una medida que el Gobierno, a través del citado ministerio, tomaría tras haber remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que notificaba a Airbnb la presencia de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectadas en la plataforma, razón por la que instaban a la compañía a bloquear este tipo de publicidad.

No obstante, es solo un paso más en la guerra abierta que el ministerio tiene abierta con Airbnb, que ya recurrió esta acción ante la justicia pero que, a día de hoy, ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara a favor de la primera resolución, avalando así las actuaciones de Consumo.

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Tres irregularidades

En este sentido, la denuncia por parte del ministerio apunta a tres irregularidades fundamentales. La primera es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

También apunta a que los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

Por último, indican que los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, una práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.

Los apartamentos en cuestión son viviendas completas de uso turístico, no anuncios de habitaciones individuales, que se encuentran en en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que ya anunció a finales de 2024 el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. La norma, presentada a principios de este mes y redactada junto con otros cuatro ministerios (Educación, Formación Profesional y Deportes; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad; y Juventud e Infancia), garantizará que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares, sean públicos, concertados o privados.

El objetivo de la nueva normativa es que todos los niños y niñas del país, independientemente de la renta económica de sus familias, puedan acceder a una alimentación saludable todos los días de la semana, que sea variada y nutritiva, sin discriminación de ningún tipo. El ministro ha querido destacar el papel que tienen los centros educativos como herramientas para combatir la desigualdad e inculcar hábitos saludables que los escolares puedan practicar el resto de su vida.

Bustinduy ha vuelto a recordar los datos que dejó el último estudio Aladino, en el que se evidencia un claro sesgo de desequilibrios nutricionales en función de la renta del hogar de los niños, con cifras preocupantes de obesidad y mala nutrición entre aquellos que pertenecen a familias de rentas bajas.

Guerra a los ultraprocesados y al azúcar

El texto recoge los puntos clave que ya se habían adelantado, defendiendo una alimentación basada en verduras y frutas a diario, con una mayor presencia de legumbres y también pescado. En este sentido, el ministro ha querido destacar que hay muchos comedores en los que nunca se sirve pescado, y en una gran mayoría las raciones de legumbres son muy escasas, por lo que se incentiva su presencia como primer o segundo plato, o incluso como guarnición. Ahora deberán ofrecerse entre una y tres raciones de pescado a la semana, y se estipula que semanalmente se ofrezca al menos una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral.

Permanece la ya anunciada eliminación total de bebidas azucaradas en las comidas de los centros escolares, prohibiéndose también venderlas en las máquinas vending o en las cafeterías de los centros. Desaparecen también las bebidas energéticas y toda la bollería industrial; además, no se podrán vender productos que superen un contenido máximo de 5 gramos de azúcares por porción envasada.

En cuanto a los precocinados (pizzas, San Jacobos, empanadillas, varitas de merluza...), se reduce su límite permitido a una única ración al mes. Las frituras deberán ser totalmente artesanales, elaboradas en el día, y podrán servirse una vez a la semana como máximo, recomendándose el uso de aceite de oliva o girasol alto oleico.

Además de cuestiones nutricionales, el real decreto indica que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada, fomentando el consumo de productos de proximidad que refuercen la producción local y sean más sostenibles. También se recoge que al menos dos platos al mes o el 5% del gasto mensual se destine a la producción ecológica.

La nueva normativa aplica a todos los centros públicos, concertados y privados que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos de formación profesional de grado básico o medio.

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El Gobierno español está trabajando en una nueva normativa que podría cambiar por completo la forma en que se organizan los comedores escolares. Se trata de un Real Decreto que busca convertir estos espacios en lugares mucho más saludables y sostenibles.

El encargado de liderar este proyecto es Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y uno de los objetivos principales de esta iniciativa es frenar el avance del sobrepeso infantil, que cada vez preocupa más a expertos y familias.

La idea no es solo revisar lo que comen los niños en los colegios, sino también usar los comedores como herramienta educativa. La propuesta apunta a que los centros educativos sean lugares donde los menores aprendan a alimentarse de forma equilibrada y consciente, además de adquirir hábitos que les acompañen durante toda su vida. Dentro de este plan, una de las medidas que más llama la atención es la fuerte limitación al uso de alimentos precocinados.

Actualmente, en casi uno de cada tres comedores escolares de España se sirven cuatro o más platos precocinados al mes. Eso se desprende del Estudio Aladino, que analiza cómo se come en, entre otros, los comedores escolares españoles.

Una cifra que el Gobierno considera demasiado alta, teniendo en cuenta el tipo de productos que suelen incluirse en esta categoría: croquetas industriales, empanadillas fritas, pizzas congeladas, fingers de pollo y similares. Alimentos rápidos y cómodos para servir, pero con muy poco valor nutricional y, en muchos casos, con un exceso de grasas saturadas, sal y aditivos.

Lo que propone el Gobierno es reducir esa cifra al mínimo. Si la medida sale adelante tal como está planteada, solo se permitirá servir un plato precocinado al mes, como máximo. El objetivo es claro: que estos alimentos dejen de ser habituales en las comidas escolares y se conviertan en una excepción.

Bustinduy lo ha explicado en varias ocasiones: la intención no es solo cambiar los menús, sino transformar la forma en que los niños se relacionan con la comida. Para él, el comedor escolar debe ser algo más que un lugar donde llenar el estómago. Tiene que ser un espacio donde se enseñen hábitos saludables, se valoren los productos de calidad y se fomente una alimentación basada en alimentos frescos, de temporada y de cercanía.

Además, esta nueva normativa también busca que los comedores escolares sean más sostenibles. Por eso se incluye el impulso al uso de ingredientes ecológicos y se intenta reducir al máximo el desperdicio de comida. Todo esto va de la mano con una visión más amplia, que no solo piensa en la salud de los niños, sino también en el impacto ambiental de la alimentación.

Eso sí, el camino no será sencillo. Para que estas nuevas reglas funcionen, hará falta coordinación entre muchas partes: administraciones autonómicas, empresas que gestionan los comedores y los propios colegios. El Gobierno sabe que no todos los centros están preparados para aplicar estos cambios de inmediato, sobre todo aquellos que dependen de servicios de catering externos, así que se plantea una adaptación progresiva.

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​El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España está preparando un decreto con el objetivo de reducir las elevadas tasas de obesidad y sobrepeso infantil, que afectan a más del 36% de los niños en el país, especialmente en las familias de menores ingresos.

Esta normativa busca prohibir la venta de productos azucarados, como bollería industrial y refrescos, así como bebidas energéticas, en las máquinas expendedoras y cafeterías de colegios e institutos.

El texto aún debe ser revisado por el Consejo de Estado y posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros, con el respaldo de los ministerios de Educación y Agricultura, por lo que podría sufrir modificaciones, tal y como explica el periódico El País.

El decreto viene avalado por diferentes informes, como el Estudio Aladino, en los que se comprueba que casi el 70% de las máquinas de vending de los centros escolares españoles incumple los criterios nutricionales que recomienda el ministerio y cuya cifra sube hasta el 74,4% en el caso de las cafeterías.

En este sentido, si el decreto que plantea el ministerio sale a la luz, por ejemplo, el valor energético por porción envasada o comercializada en estos dispositivos deberá ser de 200 kilocalorías como máximo, respecto a la cantidad diaria recomendada por la OMS.

De tal modo, la pretensión está en que el reparto de energía esté más equilibrado, suponiendo que los alumnos de entre cuatro y 16 años tienen una demanda energética de unas 2.000 kilocalorías diaria, por lo que el almuerzo de media mañana o la merienda no podría proporcionar más de un 10% de esa energía, es decir, las 200 kilocalorías por unidad.

Además, el decreto, de cuyo borrador se hace eco El País, indica también el número de kilocalorías máximas que deberían proceder de las grasas. De tal modo, no podrán superar el 35% de la energía total, por lo que la cantidad que, como máximo podrían incluir respecto a este macronutriente, sería de 7,8 gramos.

En ese mismo sentido, este ejemplo preliminar contempla que las grasas saturadas no podrían aportar más del 10% de las kilocalorías del alimento en cuestión, por lo que su inclusión en este tipo de productos no puede exceder los 2,2 gramos.

Misma cantidad, mencionan en El País, que espera a los azúcares añadidos, que tampoco pueden superar ese 10% de las kilocalorías, así que la cantidad permitida no podrá ir más allá de los cinco gramos. También la sal se encontrará como elemento proscrito, ya que una porción de 200 kilocalorías no podría tener más de 0,5 gramos por producto.

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