Una escueta nota de prensa publicada en la mañana del 19 de mayo de 2025 por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advertía de una decisión tomada por el ministro Pablo Bustinduy: bloquear más de 65.000 anuncios que considera 'ilegales' dentro de Airbnb
La medida, anunciada a la filial irlandesa de la multinacional estadounidense, apela a eliminar 65.935 anuncios por considerarlos ilícitos, ya que estarían contraviniendo la normativa de publicidad de estos alojamientos turísticos.
Se trata de una medida que el Gobierno, a través del citado ministerio, tomaría tras haber remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que notificaba a Airbnb la presencia de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectadas en la plataforma, razón por la que instaban a la compañía a bloquear este tipo de publicidad.
No obstante, es solo un paso más en la guerra abierta que el ministerio tiene abierta con Airbnb, que ya recurrió esta acción ante la justicia pero que, a día de hoy, ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara a favor de la primera resolución, avalando así las actuaciones de Consumo.
Tres irregularidades
En este sentido, la denuncia por parte del ministerio apunta a tres irregularidades fundamentales. La primera es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
También apunta a que los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Por último, indican que los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, una práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.
Los apartamentos en cuestión son viviendas completas de uso turístico, no anuncios de habitaciones individuales, que se encuentran en en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
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