Según la OMS, las grandes corporaciones de alimentos ultraprocesados boicotean políticas de salud pública contra la obesidad con juicios y tribunales

Una investigación del diario británico The Guardian ha llegado a la conclusión de que, según la Organización Mundial de la Salud, las principales empresas de alimentos ultraprocesados del mundo torpedean con pleitos y litigios las políticas de salud pública de los países que intentan hacer frente a este tipo de productos.

No son, como desprende la investigación, ni uno o dos casos. Ni casos meramente aislados. Son hasta 235 demandas, entre los años 2010 y 2025, que las empresas alimentarias promovieron, ya fuera directamente o por asociaciones en las que estaban representadas, contra políticas sanitarias de diferentes países.

En el trabajo de The Guardian citan México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido y, además, advierten que la mayor parte de los litigios fueron derrotas para las compañías alimentarias. En el análisis, un 75% de los juicios acabaron siendo perdidos por estas macroempresas, en detrimento de los departamentos de salud o los diferentes organismos públicos a los que se enfrentaban.

Sin embargo, la derrota, en cierto modo, sería parcial. No por no haber conseguido un veredicto favorable, sino por haber retrasado de manera recurrente la implantación de políticas sociales y sanitarias enfocadas a reducir los niveles de obesidad de algunos países, así como en otros ámbitos igualmente centrados en la prevención de ésta y en las mejoras alimentarias.

El informe cataloga que, más allá de llevar a juicio, lo que se pretendía con estos pleitos era ejercer medidas disuasorias. Casi, en cierto modo, un aviso a navegantes de lo que podría pasar si alguien intenta abordar esta clase de mejoras de salud pública, haciendo ver que se enfrentarían a los poderosos bufetes de abogados que representan a estas grandes corporaciones.

Al punto de que los periodistas de The Guardian calcularon que el retraso en los litigios, con una medida de hasta dos años y medio por caso, supone un acumulado de ralentización judicial de casi 600 años. 

Además, el informe recoge que el 38% de los casos analizados corresponden a solo ocho empresas, algunas de las cuales de sobra conocidas en el gran consumo. Según la investigación, las políticas que más se vieron afectadas por estas batallas judiciales habrían sido las del etiquetado frontal en los alimentos, los impuestos a la denominada comida basura y las restricciones publicitarias a productos considerados poco saludables.

Imágenes | Gustavo Fring

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