Los riders de Glovo van a la huelga, según Comisiones Obreras, por los "abusos laborales que sufren los trabajadores"

Tendrá lugar los próximos 24, 25 y 26 de abril, siendo la primera vez que se organiza una huelga de estas características a la empresa

Jaime de las Heras

Editor Senior

Por primera vez en España, los riders o repartidores de Glovo van a protagonizar una situación inédita desde que la empresa empezó a operar en el país en 2015: una huelga convocada contra la propia plataforma. La protesta, impulsada por Comisiones Obreras, prevé paros los días 24, 25 y 26 de abril, además de una concentración previa el 15 de abril ante la sede de la compañía en Madrid. 

El sindicato sostiene que se ha llegado a este punto por el deterioro de las condiciones de trabajo tras el proceso de laboralización culminado en 2025, un cambio que debía cerrar la etapa de los falsos autónomos pero que, a su juicio, no ha resuelto el conflicto, sino que ha abierto otro nuevo.

La convocatoria no se limita a un gesto simbólico. CCOO ha fijado un calendario concreto de paros: el 24 de abril a partir de las ocho de la tarde, el 25 durante toda la jornada y el 26 entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde. A eso se suma la protesta del 15 de abril en la calle Eloy Gonzalo, donde se encuentra la sede madrileña de Glovo. 

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Según el sindicato, llevan meses intentando negociar mejoras para la plantilla, pero denuncian que la empresa ha empujado a los repartidores a una situación extrema. Entre sus reclamaciones figuran el fin de un sistema disciplinario que consideran irregular, la apertura de una negociación para un convenio propio y el cese de las trabas a la organización sindical y a los procesos de elecciones internas.

Uno de los puntos más delicados del conflicto es el expediente de regulación de empleo que afecta a 750 personas en toda España. CCOO pide expresamente que se paralice, al entender que agrava aún más la inestabilidad de una plantilla ya castigada por despidos que el sindicato considera injustificados. No es una batalla nueva.

El pasado 19 de marzo, la organización denunció a Glovo ante la Audiencia Nacional por lo que define como un ERE encubierto, al asegurar que se habrían producido despidos masivos sin seguir el procedimiento legal exigido en estos casos. 

La acusación se apoya en que la compañía habría superado el umbral de ceses en 90 días y en que parte de esos despidos se habrían justificado con retrasos medios en las entregas o ausencias que, según el sindicato, responden a problemas ajenos al trabajador.

De la polémica de los falsos autónomos a un ERE masivo

El trasfondo de la huelga está en el viejo choque entre Glovo y el marco laboral español. Durante años, la empresa defendió un modelo basado en repartidores autónomos. Ese esquema chocó con la Inspección de Trabajo, con los tribunales y, desde 2021, con la llamada ley rider, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez e impulsada desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para presumir la laboralidad de quienes reparten para plataformas digitales. 

El Ejecutivo presentó esa reforma como una manera de garantizar derechos laborales y transparencia algorítmica. Aun así, Glovo resistió durante bastante tiempo y no culminó su cambio de modelo hasta julio de 2025, cuando desactivó a los repartidores que seguían operando sin contrato y aseguró que dejaba atrás la fórmula anterior.

Ese viraje, sin embargo, no borró el conflicto. Al contrario. Los sindicatos denuncian que parte de la plantilla ha quedado atrapada entre contrataciones, despidos y externalizaciones. CCOO también acusa a la compañía de apoyarse en flotas y sociedades interpuestas para fragmentar a los trabajadores y dificultar su organización colectiva. 

En paralelo, el grupo ha seguido bajo presión por sanciones y reclamaciones económicas ligadas a su antiguo modelo laboral. Reuters informó de multas previas por 135,7 millones de euros en España, mientras que en agosto de 2025 se conoció que la Seguridad Social reclamaba a Glovo 450 millones por cuotas y sanciones, dentro de un riesgo total que la empresa elevaba a 860 millones

El Ministerio de Trabajo, además, defendía a comienzos de 2026 que en 2024 y 2025 la Inspección había regularizado a decenas de miles de riders y había impuesto sanciones millonarias al sector.

Con ese panorama, la huelga de abril resume mucho más que un choque puntual. Refleja el desgaste de una empresa que pasó años enfrentada al modelo laboral que trataban de imponer el Gobierno y la Justicia. 

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