El Gobierno ha prohibido, mediante una orden publicada en el BOE, el movimiento de vacas y toros entre Castilla y León y el resto de España y, por ende, la Unión Europea. Solo se libran de la medida las provincias de Valladolid, León y Burgos, oficialmente libres de infección por tuberculosis según la UE.
La medida llega, como una suerte de 155 vacuno, después de que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, presidida por Vox, aprobara el pasado 15 de mayo una resolución que flexibiliza los controles de la tuberculosis bovina.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la resolución autonómica establece una reducción unilateral de los controles y requisitos para prevenir la propagción de la enfermedad.
En concreto, la resolución de la Junta exime a las explotaciones de las pruebas de movimiento obligatorias para evitar que la enfermedad se propague, permite el traslado de ganado de explotaciones suspendidas a otras libres de la enfermedad y relaja los requisitos de las explotaciones afectadas por esta enfermedad animal infecciosa para la obtención de la calificación sanitaria de libre de tuberculosis bovina.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, en una foto de archivo.
Una petición europea
El ministerio ya había presentado, el pasado 23 de mayo, un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica. Esta nueva orden, con “medidas urgentes e inmediatas”, llega después de que la propia Comisión Europea, tras tener conocimiento de la resolución autonómica, haya urgido al Gobierno de España a tomar medidas más contundentes.
Castilla y León cuenta con el mayor censo de bovinos de España y en Salamanca, además, se encuentra uno de los Mercados Nacionales de bovino más importantes del país. Ya el pasado año, antes de que Vox entrara en el Gobierno de la Junta, el partido de ultraderecha defendió una Proposición No de Ley relativa a reducir las medidas para la lucha contra la tuberculosis bovina ya que, según su portavoz, “la administración y la burocracia estrangula a ganaderos y agricultores y condiciona de una manera insoportable, hasta niveles de tener que cerrar sus explotaciones”.
El pasado verano, cuando se detectó un caso de tuberculosis bovina en Lario (León), la Junta de Castilla y León decidió sacrificar solo a esa vaca y no a toda la cabaña ganadera de 141 vacas, como se hacía hasta ahora. El propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, también de Vox, dejó claro que esta medida, que fue muy polémica sobre todo en los círculos veterinarios, era “solo el principio”, pero no ha sido hasta ahora que se ha puesto negro sobre blanco su política sanitaria.
García-Gallardo ha defendido la resolución aprobada en Castilla y León el 15 de mayo asegurando que tanto “el programa nacional como el reglamento europeo” de saneamiento contra la tuberculosis bovina son “un fracaso total” que “lo único que hacen es ahogar a los ganaderos”, pero no se ha pronunciado tras la intervención del Gobierno.
Continuará.
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