Es tiempo de vendimia y, como suele ocurrir en estas fechas, la Inspección de Trabajo realiza redadas rutinarias en las bodegas en busca de irregularidades con respecto a los temporeros, muchos inmigrantes, que recogen la uva.
Las sanciones, no obstante, tardan en conocerse. Y una de las que han salido a la luz más recientemente no ha pasado desapercibida: la que ha recaído en la bodega que la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, tiene en la comarca de O Ribeiro (Ourense).
La bodega, Casal de Armán, fue fundada por el padre del conselleiro y tanto él como sus hermanos la recibieron en herencia tras su muerte. Fue en una inspección rutinaria en la pasada vendimia cuando se constató la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles, una práctica que puede acarrear multas de entre 10.000 y 100.000 por cada empleado irregular.
Con la regulación, crecen los afiliados
Según cifras recientes de la Seguridad Social, el 28,1% del empleo en agricultura lo realizan trabajadores extranjeros, cuya presencia en la población activa ha crecido en 482.490 afiliados en el último año, lo que supone un ritmo de crecimiento del 15,72 %, muy por encima del impulso del empleo total, que se sitúa en el 3,1 %.
Este crecimiento se debe al proceso extraordinario de regularización, que está metiendo en el sistema a muchos inmigrantes que, como los trabajadores que vendimiaban en Casal de Armán, carecían de papeles.
José González Vázquez se deshizo de sus participaciones en la bodega al entrar en el Gobierno Gallego del PP en 2018, primero como conselleiro de Medio Rural y, después, como titular del departamento de Trabajo.
Los responsables de Casal de Armán, en declaraciones a elDiario.es, se han desligado de cualquier práctica irregular argumentando que las contrataciones de temporeros sin papeles se realizaron a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), ajena a su grupo de empresas, y que cuando tuvieron conocimiento de esas irregularidades procedieron a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La denuncia, no obstante, se ha interpuesto contra Viña Campinas, S.L., una de las empresas de Casal de Armán, y no contra ninguna ETT. La Xunta, en un comunicado, se ha limitado a abogar por el cumplimiento de las condiciones labores, sin entrar a valorar lo sucedido.
Imágenes | Casal de Armán/Xunta de Galicia