La denominada Ley Rider, convertido en uno de los caballos de batalla de la política laboral española en los dos últimos años, demuestra que no sólo en nuestro país supone un tema más que candente.
Una realidad sobre derechos laborales que ahora mismo está coleando también en Colombia, donde el ejecutivo liderado por el presidente Gustavo Petro ha llegado a un acuerdo preliminar con las aplicaciones de delivery que operan en el país sudamericano.
En este caso, la información de la que se hace eco Bloomberg es que las apps se harán cargo de hasta el 60% de las cotizaciones sociales de alrededor de los 120.000 riders que operan en territorio colombiano. No obstante, las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno colombiano y por una agrupación de start ups y empresas de delivery conocida como Tanzanian han sufrido tiranteces a lo largo de este 2023.
No obstante, tras el preacuerdo firmado por Petro y Tanzanian —que representa a las empresas de delivery más grandes de colombia, entre ellas Rappi, la líder del mercado— supone limar asperezas en una operación que está valorada anualmente en alrededor de 1,4 millones de dólares —1,29 millones de euros— y que supondrá que estas apps aporten el 60% de los seguros de salud y de cotizaciones laborales de los 120.000 riders, independientemente de que sean autónomos o no.
Enmarcado en un tira y afloja laboral, que incluso supuso huelgas el pasado mes de marzo, el ejecutivo de Gustavo Petro —de tendencia socialista— lleva desde su llegada al poder a finales de 2022 intentando impulsar una reforma laboral que, entre otras cosas, restrinja los contratos temporales, prohíba trabajar más de ocho horas al día y dificulte la tarea de despedir trabajadores.
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Una situación similar —si se traslada al terreno rider— de la que se ha vivido en España, pues además guarda ciertos paralelismos. Uno de ellos es el origen del capital que está detrás de empresas como Rappi, pues es de origen colombiano, pero ha levantado rondas de financiación donde también han entrado fondos de inversión estadounidenses. Del mismo modo, un analista económico de la empresa Americas Markets Intelligence considera —como refleja Bloomberg— que "los costes derivados de esta regulación acabarán repercutidos en los vendedores y en los consumidores".
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Imágenes | Rappi
