Jaime de las Heras
Editor SeniorHace unos meses, España decidió sancionar a varias aerolíneas, entre ellas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, con una multa total de 179 millones de euros. La razón fue su política de cobrar por llevar equipaje de mano en cabina o por reservar asientos contiguos para acompañantes dependientes.
Esta decisión generó un fuerte impacto en el sector y ahora ha tenido una consecuencia inesperada: la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por esa misma actuación.
Desde Bruselas consideran que la normativa española, y en concreto un artículo de la Ley de Navegación Aérea, contradice la legislación europea en materia de transporte aéreo.
Según la Comisión, imponer la gratuidad absoluta del equipaje de mano va en contra del principio de libertad tarifaria del que gozan las compañías aéreas dentro del espacio comunitario. Esa libertad está recogida en el Reglamento 1008/2008 de la UE, que permite a las aerolíneas fijar sus precios según su modelo de negocio.
El gobierno lamenta que Bruselas se ponga de parte de las aerolíneas y no de los consumidores
El expediente abierto por la Comisión es el primer paso formal en un procedimiento de infracción. Ahora el Gobierno español tiene un plazo de dos meses para responder y justificar su posición. Una guerra que mantiene el ejecutivo nacional con las aerolíneas, especialmente con Ryanair, la más vehemente en este conflicto que el 8 de octubre ha suprimido otros 1,2 millones de plazas aéreas en nuestro país.
Si Bruselas no queda satisfecha con la explicación, podría elevar el caso a una fase más avanzada, que incluye un dictamen motivado y, como última instancia, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La reacción del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, criticó con dureza la postura comunitaria, de la que se hace eco la agencia de noticias Reuters.
Aseguró que es “lamentable” que se cuestione una medida orientada a proteger los derechos de los pasajeros, y acusó a la Comisión de actuar como “abogada de unas pocas grandes multinacionales que se lucran a costa del consumidor”. Reafirmó el compromiso del Gobierno de defender a los ciudadanos y, si es necesario, llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia europeo.
Desde el ámbito de los consumidores, también han surgido voces de apoyo a la actuación española. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respaldó las multas y consideró que Bruselas parece estar tomando partido por las aerolíneas.
Bruselas, ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La OCU sostiene que el cobro por el equipaje de mano es una práctica abusiva que vulnera los derechos más básicos del pasajero, especialmente cuando se trata de bultos pequeños que caben en cabina.
En cambio, las aerolíneas y sus representantes celebraron la decisión de la Comisión Europea, menciona RTVE. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) expresó su satisfacción por el expediente y afirmó que el Gobierno español había actuado más allá de sus competencias.
Para la ALA, la libertad de fijación de precios es esencial en un mercado aéreo competitivo y diverso. Defienden que cada compañía tiene derecho a configurar sus tarifas según su modelo: bajo coste, tradicional, híbrido, etc.
Bruselas reconoce que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano debe incluirse de forma gratuita, pero solo cuando se ajusta a parámetros razonables de tamaño, peso y seguridad.
No obstante, cuando se sobrepasan esos límites o se ofrecen servicios adicionales, como espacio preferente o prioridad de embarque, las aerolíneas pueden establecer cargos. Lo que no admite la Comisión es que un país prohíba de forma tajante cualquier diferenciación de precios según las condiciones del billete o el servicio.
