La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo principal objetivo es extender la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de dicha cadena. Aunque esta práctica ya se prohibió en febrero de 2020, ahora se ampliará hasta el consumidor final, algo que venían demandando desde hace tiempo los sectores de la producción agroalimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, se aprobó inicialmente en el año 2013 y fue ampliada años más tarde mejorar las condiciones económicas y un justo reparto de los costes de la producción en el sector primario, protegiendo especialmente al productor, pero desde entonces han continuado produciéndose prácticas de venta desleal, según han denunciado diversas asociaciones agrarias.
La tramitación parlamentaria debe pasar aún por el Senado, donde podrán modificarse algunos puntos del texto aprobado en la Cámara Baja, el cual se adaptaría así a la Directiva Europea sobre las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas agrícolas y alimentarias.
Esta reforma contempla que los productos alimentarios no podrán ofrecerse en los puntos de venta con ofertas o descuentos que presenten un precio final inferior al precio real por el que fue adquirido en origen. Serán una excepción aquellos alimentos perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización, debiendo informarse de ello claramente al consumidor.
Además, se amplían las consideradas prácticas abusivas y sus correspondientes sanciones, así como la regulación de los contratos alimentarios o la modificación de la definición de "cadena alimentaria", para incluir los productos agrícolas, añadiéndose otras definiciones a la Ley como las de proveedor, comprador o productos agrícolas y alimentarios perecederos.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se valora positivamente lo aprobado, pero con cautela, pues defienden que "no debe quedar en papel mojado" y que es urgente "una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales".
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