Jaime de las Heras
Editor SeniorEspaña presume de una enorme red de presas. Sobre el papel, esa infraestructura debería servir para almacenar agua, regular caudales y garantizar riegos en momentos de escasez.
Sin embargo, una parte de ese sistema tiene un problema tan básico como difícil de justificar: hay embalses terminados desde hace años que apenas pueden utilizarse porque nunca no se construyeron tuberías, faltaron permisos de obra, se incumplieron condiciones comunitarias o, incluso, el agua que allí se embalsa no es útil.
De hecho, somos el primer país europeo en número de embalses –superamos los 1.200–, situándonos como quinta potencia mundial en este sentido.
Uno de los casos más llamativos es la presa de Siles, en Jaén. Fue inaugurada en 2015, costó 57 millones de euros y puede almacenar 30 hectómetros cúbicos. Aun así, una década después continúa sin cumplir la función para la que se levantó. Falta lo esencial: las canalizaciones que permitirían regar la Sierra del Segura. Agua hay. Infraestructura principal también. Lo que no existe es la red que conecta ambas cosas con los agricultores.
No se trata de una rareza aislada. Algo parecido ocurre con la presa de Rules, en Granada, inaugurada en 2004. Durante los últimos años, mientras la provincia sufría restricciones y veía bajar sus reservas, este embalse mantenía niveles relativamente altos. La explicación no era milagrosa. Simplemente, buena parte de esa agua no podía aprovecharse porque las tuberías seguían pendientes dos décadas después. Un pantano lleno, pero sin salida útil, resume bastante bien el absurdo.
Casos similares aparecen en otros puntos del país. Alcolea, en Huelva; Mularroya, en Zaragoza; Castrovido, en Burgos. Cada proyecto tiene sus matices, sus retrasos y sus conflictos administrativos.
Aun así, todos comparten una misma paradoja: se construyen grandes obras hidráulicas, muy visibles y muy costosas, pero se deja para después la parte menos vistosa. Y ese “después” puede durar años. Incluso décadas. De todas formas, aunque parezca un drama nacional, las realidades en el terreno son bastante más comprensibles.
La presa de Alcolea, por ejemplo, no está en funcionamiento por una mala concepción inicial: se han detectado metales pesados en el agua y, por tanto, no tiene sentido que se ponga en marcha su uso como abastecimiento. En el ejemplo de Castrovido el problema de base es otro: el tipo de suelo sobre el que se asienta.
Un error en las mediciones iniciales ha propiciado que parte de su base actúe como sumidero, llevando a que la presa, a pesar de haberse terminado de construir en 2020, pierda agua y, por tanto, no se pueda utilizar. El caso de Mularroya también es flagrante: las obras se pararon porque se incumplían normativas comunitarias, aunque se espera que en los próximos años ya se pueda utilizar de manera normal.
La cuestión de por qué pasa esto es casi un fenómeno Fuenteovejuna, donde todos tienen parte de culpa. El Estado suele encargarse de proyectar y financiar grandes presas o tramos principales. Después entran en juego comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, diputaciones o ayuntamientos para ejecutar redes secundarias, conducciones, estaciones de bombeo y otras piezas del sistema. Ahí empiezan muchas discusiones. ¿Qué parte corresponde a cada administración? ¿Quién paga? ¿Qué tramo es principal y cuál secundario?
Cuando esas preguntas no se resuelven pronto, todo se complica. Caducan permisos, cambian exigencias ambientales, aparecen litigios, suben los costes y las adjudicaciones se atascan. Lo que al principio parecía un remate técnico acaba convertido en una maraña legal y política. Mientras tanto, la presa sigue ahí. Visible, cara y, en demasiados casos, infrautilizada.
Imágenes | bublikhaus
En DAP | Los embalses españoles se han llenado como nunca en 40 años. Excepto en este rincón de España
