Jaime de las Heras
Editor SeniorLa fiscalidad de las bebidas alcohólicas ha servido de combustible para una trama empresarial que habría conseguido defraudar cerca de 12 millones de euros a Hacienda. El entramado, investigado desde hace años, recurría a decenas de sociedades y a un conocido mecanismo de fraude de IVA para introducir alcohol en España, venderlo a precios muy competitivos y hacer desaparecer después a las empresas encargadas de ingresar los impuestos.
La denominada operación Drink/Alambique culminó el pasado 14 de julio con nueve registros en empresas de La Puebla de Cazalla, en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Valencia, además de un domicilio particular en la localidad sevillana.
La investigación, desarrollada por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se saldó con 13 detenidos y otros cuatro investigados. También fueron intervenidos 66.000 euros en efectivo y relojes de lujo, mientras se bloquearon 35 cuentas bancarias y se embargaron once inmuebles.
Las cifras dan una idea de las dimensiones de la operación. Hacienda calcula por ahora una cuota defraudada de 11,9 millones de euros entre 2018 y 2025, aunque el importe podría aumentar conforme avance el estudio de la documentación incautada. En total, los investigadores han puesto el foco sobre más de treinta sociedades y 173 cuentas bancarias.
Un negocio a tres bandas entre España, Portugal y Países Bajos
Buena parte del negocio comenzaba con grandes cantidades de alcohol procedentes de depósitos fiscales de Países Bajos y Portugal que llegaban a instalaciones similares situadas en España. Precisamente ahí se encuentra una de las claves que permitía funcionar al entramado.
Los depósitos fiscales permiten almacenar y mover determinados productos, como las bebidas alcohólicas, bajo un régimen suspensivo. Es decir, mientras la mercancía permanece dentro de ese circuito todavía no se han satisfecho determinados impuestos. El IVA y los impuestos especiales terminan devengándose cuando el producto abandona ese régimen y se introduce en el mercado.
Parte de la incautación. ©Vigilancia aduanera
La trama aprovechaba ese momento mediante las conocidas como empresas trucha. Estas sociedades compraban la mercancía y posteriormente la revendían, repercutiendo el IVA correspondiente a sus clientes. Sin embargo, en lugar de ingresar ese dinero en Hacienda, las empresas desaparecían.
La ventaja era doble. Por una parte, podían ofrecer las bebidas por debajo del precio de sus competidores gracias al dinero que dejaban de pagar al fisco. Por otra, las siguientes empresas de la cadena podían deducirse un IVA que formalmente aparecía en las facturas, aunque nunca hubiera llegado a las arcas públicas.
En buscar del trader perdido
El mecanismo se encuadra dentro del llamado fraude carrusel o missing trader fraud, una modalidad especialmente vinculada a operaciones intracomunitarias y contra la que las autoridades europeas llevan años intentando reforzar los controles.
Drink/Alambique tampoco constituye un episodio excepcional. En marzo de 2026, Hacienda desarticuló otra organización que habría provocado un fraude de 32,8 millones de euros en Barcelona, Tarragona y Valencia. Hubo 18 detenidos, más de 430.000 euros intervenidos y cuarenta inmuebles embargados. En julio de 2025, además, la UCO investigó a 93 empresas por utilizar un sistema semejante bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
Debido al alto gravamen del alcohol, este tipo de operaciones son más recurrentes de lo que creemos
El alcohol es un terreno especialmente rentable para estas prácticas debido a su elevada tributación. A diferencia de buena parte de los alimentos, las bebidas alcohólicas están gravadas con el IVA general del 21 %. A ello se suman los impuestos especiales, que en las bebidas derivadas alcanzan los 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro.
Un agujero público y comunitario
El fraude del IVA supone, además, un problema de dimensiones europeas. En 2023, los países de la Unión Europea dejaron de recaudar unos 128.000 millones de euros respecto al IVA que teóricamente deberían haber ingresado, alrededor del 9,5 % del total potencial. España, sin embargo, presenta una brecha de cumplimiento cercana al 7,5 %, por debajo de la media comunitaria.
Bruselas pretende estrechar el cerco sobre este tipo de operaciones mediante el paquete conocido como IVA en la era digital. Entre sus medidas está la implantación de sistemas de facturación electrónica para las operaciones intracomunitarias prácticamente en tiempo real. El objetivo es que las administraciones puedan cruzar antes los datos de compras y ventas y detectar una sociedad sospechosa antes de que consiga cobrar, vaciarse y desaparecer.
Mientras estas herramientas terminan de desplegarse, buena parte del trabajo sigue dependiendo de las investigaciones tradicionales. Seguir el rastro del dinero, analizar cuentas bancarias y comprobar si coches, relojes o inmuebles encajan con los ingresos declarados continúa siendo una de las principales formas de llegar hasta quienes están detrás de estas redes.
Imágenes | EFE / Dmitriy Tarasenko
