Liliana Fuchs
Editor“Vamos a proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos”. Así de firme se mostraba el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, tras comprobar en persona el funcionamiento de un comedor escolar con la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares que garantiza comidas saludables a los menores. El siguiente paso, anunciaba, es “abordar la publicidad de alimentos insanos”, una iniciativa que, sin embargo, está muy lejos de ser una novedad. Llevamos décadas de anuncios, proyectos y promesas, todos intentos fallidos.
Con el cambio de milenio la sociedad ya era más que consciente de un problema de salud pública que no ha hecho más que aumentar, las tasas de obesidad infantil. La Organización Mundial de la Salud advertía ya de la relación de estas cifras con los efectos perjudiciales de los alimentos y bebidas con alto contenido de ácidos grasos saturados, azúcares y sal, productos insanos cuya publicidad bombardea constantemente a los niños, que están desprotegidos ante mensajes muy atractivos.
En 2005, la propia OMS instaba a los gobiernos a regular esta publicidad, una propuesta que cuajó en España con un primer intento de frenar la agresividad de esos anuncios. Se puso en marcha entonces la Estrategia NAOS, una campaña para la prevención de la obesidad y el fomento de actividad física en los menores, en la que se incluía el Código PAOS.
Código PAOS: la autorregulación no funciona
El Código PAOS, o Código de Autorregulación de la Publicidad de los Alimentos dirigida a menores, entró en vigor el 15 de septiembre de 2005 y pretendía ser un sistema de autorregulación de la propia industria. Dicho Código recogía una serie de normas o pautas a seguir para todas las empresas adheridas voluntariamente al mismo, buscando fijar unas reglas éticas en cuanto a los anuncios dirigidos a menores de 12 años, considerados los más vulnerables.
No tardaron en llover la críticas a este sistema, pues dependía de la supuesta buena voluntad de la industria y carecía por completo de sanciones o castigos que obligaran legalmente a cumplir con lo fijado en el Código. Organismos como la OCU llevan años criticando el fracaso de esta autorregulación que, en la práctica, no se ha llegado a traducir en una disminución de los anuncios dirigidos a niños.
En el año 2009 el Código se reforzó mediante un acuerdo de colaboración con los operadores de televisión, que se comprometían a exigir que los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 12 años o que se emitieran en las franjas de protección de la infancia, cumplieran con las normas del Código PAOS. Tampoco sirvió de mucho, como cualquiera que ponga hoy la televisión en los canales infantiles o en horario infantil podrá comprobar, solo con mínimos cambios como la inclusión de vagas recomendaciones sobre seguir hábitos saludables en un mensaje escrito con el tamaño más pequeño de letra posible.
La primera Ley para promover hábitos saludables también fracasa
El escaso efecto del Código PAOS llevó a las Cortes a aprobar en 2011 la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, un paso más en los intentos por prevenir la obesidad infantil. En sus artículos 45 y 46 se obligaba a promover acuerdos de corregulación y códigos de conducta con los operadores económicos para regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños y jóvenes.
Para cumplir esta nueva legislación, el Ministerio de Sanidad y la por entonces AECOSAN firmaron el renovado Código PAOS 2012, junto con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), el sector de la distribución (ANGED, ASEDAS y ACES), la hostelería (FEHR) y la restauración (FEHRCAREM). Por primera vez, se ampliaba el ámbito de actuación incluyendo los medios digitales de internet para menores de 15 años, así como la restauración.
Sin embargo, fue otro intento que cayó en saco roto. De nuevo, el Código no obligaba per se a regular la restricción de la publicidad, más allá de lo que la autorregulación ya permitía. Tildado por la OCU como fracaso, la organización critica que el sistema no tiene en cuenta la calidad nutricional de los productos que se anuncian, ni la frecuencia de emisión, que suele ser muy repetitiva para que su mensaje cale más.
A las críticas de las organizaciones de consumidores se fueron sumando otros organismos, como el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) o Justicia Alimentaria, exigiendo reclamar a las administraciones una regulación estricta y no confiar solo en la autorregulación voluntaria del sector, calificada de insuficiente e inútil.
Un Real Decreto que nunca llegó
El aumento de la presión pública mediática en torno a esta problemática, evidenciando el fracaso de las políticas de autorregulación, contribuyeron a que el Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón anunciara en el año 2021 la prohibición de la publicidad de alimentos considerados poco saludables que esté dirigida a menores de 16 años.
Garzón criticaba entonces abiertamente el fracaso del Código PAOS, -“no funciona de manera eficaz, ha tenido muchos fallos, y es un instrumento insuficiente para hacer frente a la situación”- y anunciaba que un sería un nuevo decreto ley el que regularía directamente la publicidad infantil, siguiendo la estela de modelos pioneros como los puestos en marcha en Noruega o Brasil, incluyendo además a influencers y redes sociales.
El borrador del Proyecto de Real Decreto se sometió a consulta pública en noviembre de ese mismo 2021, previendo su aprobación en el Consejo de Ministros, a más tardar, a finales de 2022. Abierto en marzo de ese año para posibles aportaciones, nunca llegó a tramitarse.
Ya en octubre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó varias recomendaciones a revisar de ese borrador, considerando que era necesario justificar la prohibición de determinados productos, “de acuerdo con el principio de neutralidad competitiva”. La tramitación de la norma se encontró, además, con bloqueos interministeriales, con valoraciones negativas por parte de los ministerios de Agricultura, y de Industria, Comercio y Turismo.
El Real Decreto nunca llegaría a someterse a votación. La organización Justicia Alimentaria señala directamente como culpable al lobby de la industria, “la presión de la industria alimentaria ha conseguido que el real decreto haya sido fulminado del Plan Anual Normativo de 2023”, pues, afirman, la venta de alimentos insanos supone una de sus mayores fuentes de ingresos, beneficiada además de la subida de precios generalizada de los alimentos saludables.
Un nuevo ¿y definitivo? intento
Desde entonces, la situación solo parece haber empeorado. La inflación y la dificultad por acceder a alimentos frescos saludables, así como la mayor exposición de los menores a las pantallas y los mensajes que se difunden a través de las redes sociales, ha incrementado la vulnerabilidad de infantil frente a estos productos.
Nuevos informes emitidos por organizaciones como la OMS han vuelto a poner sobre la mesa el problema de salud pública al que se enfrenta la población mundial con unas cifras de obesidad infantil disparadas en todo el mundo, superando incluso a los niños que sufren desnutrición.
Recientemente, la OMS ha publicado unas directrices “más estrictas” para proteger a los niños de todas las edades de la venta de alimentos insanos. Según un informe de la Gasol Foundation, el 80% de niñas, niños y adolescentes en España recibe publicidad de productos malsanos, urgiendo a regularla “tal como reclaman, de forma reiterada, los organismos internacionales, las sociedades científicas y la sociedad civil”.
@pablobustinduy
En este contexto, tras lograr la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que garantiza el acceso a cinco comidas saludables a la semana a todos los niños y niñas en centros educativos, el ministro Bustinduy ha retomado el reto que dejó abierto su predecesor, Alberto Garzón. Volviendo a aludir a estudios científicos que evidencian el efecto nocivo que tiene la publicidad de alimentos insanos en el público infantil, Bustinduy afirma que ha llegado el momento de abordar esta problemática mediante real decreto.
“El siguiente paso tras este Real Decreto es abordar la publicidad de alimentos insanos destinados a niños, niñas y adolescentes en nuestro país”, ha declarado en una visita al comedor del CEIP Ana Soto en Albacete. “Ya hemos regulado el derecho a comer saludablemente en los comedores escolares, ahora vamos a proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos”.
Aunque por el momento no ha dado más detalles, el propio Ministerio ha adelantado que los modelos a seguir son las actuaciones que ya están llevando a cabo países europeos. Por ejemplo, en Noruega, uno de los pioneros, se prohíbe desde abril de 2025 la publicidad de ciertos productos alimentarios dirigidos a menores de 18 años; en Reino Unido entrarán en vigor en 2026 varias regulaciones para restringir publicidad de productos insanos en ciertos horarios, incluyendo también restricciones online.
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